Número 5.617 – Año XXIII 5 de octubre de 2026

Últimas noticias de vivienda

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El Sindicato de Inquilinas, convocante de esta y otras movilizaciones por toda España tras tumbar las derechas los decretos de mínimos para amortiguar la crisis de vivienda, ya llama al resto de organizaciones a construir juntos “una huelga general por la vivienda, los salarios, la sanidad, la educación y las pensiones”.

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Con algo de retraso sobre los plazos previstos, el Ayuntamiento de San Fernando, a través de Hemsa, ha rematado ya la obra de esta promoción pública de 11 millones (gran parte son fondos europeos). Sus alquileres estarán “muy por debajo de los precios de mercado”. La entrega de llaves, para noviembre.

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El llamado Decreto Maricarmen que todavía debe convalidarse, no ha desactivado la lucha por el derecho a la vivienda, tampoco en Cádiz. El Sindicato de Inquilinas mantiene la acampada en el Palillero y ha convocado una manifestación este sábado para reclamar al Gobierno que vaya más allá.

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O más bien, muchos gaditanos ya están hartos de “no poder vivir” en sus barrios. Es una de las sentencias escuchadas en la concentración convocada en El Palillero por el Sindicato de Inquilinas para presionar al Gobierno ante la aprobación de un nuevo decreto de vivienda, donde entiende que deben incluirse los contratos indefinidos.

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La séptima fase, que contempla 67 viviendas protegidas en alquiler (para las familias propietarias del bloque ruinoso a derruir en la octava y última fase), supera el 62% de ejecución, aunque ya acumula retrasos. La obra debía estar terminada este verano. La AVRA avanza en paralelo en la operación de compra de los viejos pisos.

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Como en otras ciudades del país, el Sindicato de Inquilinas ha convocado de urgencia una protesta en Cádiz frente a la Subdelegación para mostrar su apoyo a la anciana y denunciar “la especulación y los rentistas” y la “complicidad” e “inacción” de los gobiernos. “Nadie debería perder su casa para que otros hagan negocio”, se recalca.

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El Sindicato de Inquilinas se ha hecho eco de la nueva “oleada” de desahucios en la capital por parte de AVRA, empresa pública que “debería garantizar el derecho a la vivienda”. Y responsabiliza a la delegada territorial competente, Carmen Sánchez: con ella, “los abusos contra los inquilinos se han multiplicado”.

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Dos años después de la entrega en Cádiz de esta promoción pública “de calidad”, sus inquilinos siguen padeciendo humedades, filtraciones y otros desperfectos. Ante la “inacción” de la Junta, la Apdha terminó elevando el caso al Defensor del Pueblo Andaluz, que ahora reconoce que la AVRA ignora sus requerimientos de información.

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Ni el Ayuntamiento ni el alcalde del PP han contestado a los requerimientos del grupo promotor, que se lanza desde este 15 de septiembre a la calle a recoger apoyos para exigir la convocatoria de esta consulta legal que dé voz a los vecinos para decidir “el modelo” de su ciudad, ya condicionada por el negocio turístico y la especulación.

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El Ayuntamiento ha hecho nuevo balance de su programa Ciconia, que siete años después ya gestiona 123 pisos privados que funcionan como viviendas sociales. Los propietarios los ceden a Emsisa, que los realquila, y se aseguran la renta pague o no el inquilino. El alcalde anima a más dueños de casas vacías a sumarse.

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El grupo promotor de esta consulta popular, prevista en el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento y que plantea retirar de la actividad las viviendas turísticas que incumplen el PGOU vigente, ha iniciado una ronda de reuniones con el tejido social para recabar apoyos y preparar la recogida de firmas.

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En esta fase se están levantando tres bloques con 26 viviendas para realojar a familias residentes en otra veintena de pisos privados en zona inundable, que serán demolidos para la construcción de futuras promociones. Gobierno, Junta y Ayuntamiento han supervisado el estado de los trabajos.

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Esta plataforma cree que sus VUT están siendo el “chivo expiatorio” del problema de acceso a la vivienda en la ciudad, y acusa a las “minorías” que impulsan dicha consulta contra la turistificación que “no puede hacer lo que promete” de utilizarla con fines partidistas. Defienden que su negocio genera “entre 845 y 1.471 empleos”.

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Según el informe de GICA del segundo trimestre de 2026, aunque hay más pisos a la venta, el encarecimiento (una subida del 3,6%) y el aumento de las hipotecas están haciendo que quienes buscan casa comparen y hagan más números. El mercado de San Fernando sigue siendo residencial y local, con apenas especuladores foráneos.

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La iniciativa, impulsada por formaciones de izquierda, promueve una consulta local (y legal) que tendría como fin último reducir el número de viviendas de uso turístico, presionando para que se retire la licencia a aquellas que incumplen con el PGOU. Si el Ayuntamiento no colabora, se iniciará la recogida de firmas el 15 de septiembre.