Ganemos Jerez recela de que la Mesa Local por la Vivienda anunciada por la alcaldesa, María José García-Pelayo, acabe siendo un órgano formal sin capacidad para resolver los problemas de acceso a la vivienda que, como en gran parte del Estado, también soporta la ciudad.

Advierte de que el Gobierno local derechista puede desvirtuar la propuesta original de la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad, que plantea una mesa con grupos de trabajo, calendario y mecanismos de seguimiento.

“Una mesa vacía de contenido, formalista, que reproduzca los debates políticos y entre administraciones es peor que no tener mesa”, interpretan desde la formación municipalista, que resume su temor en que la iniciativa del PP solo busque “la foto y el titular”. Por ello, reclama que se parta del documento vecinal: “Solidaridad no ha pedido una foto: ha pedido un método”.

García-Pelayo ha defendido esta mesa como un espacio de diálogo entre administraciones, grupos políticos (en el Gobierno local y la oposición) y sociedad jerezana (representada en el Consejo Social de la Ciudad), argumentando que la vivienda “trasciende las diferencias partidistas”. 

“DOS DIRECCIONES OPUESTAS”

Al respecto, en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Ganemos comparte la necesidad de acuerdos, pero evidencia “las propuestas de PP y Vox y las que defendemos otras formaciones son diametralmente opuestas”.

Frente a las derechas que “confían en el mercado para resolver el problema”, las izquierdas defienden que “la vivienda es un derecho, no una mercancía, y entienden que el mercado no se corrige solo”, y por ello piden intervenir en los precios del alquiler, ampliar el parque público “fuera del mercado”, gravar las viviendas vacías, limitar la especulación y los pisos turísticos, y proteger a las personas inquilinas “con un escudo anti desahucios y la prórroga de los contratos”.

“No son dos velocidades del mismo camino: son dos direcciones opuestas. Por eso reclamamos que la mesa no se conforme con ambigüedad y buenas palabras, sino que obligue a cada parte a decir qué modelo defiende y qué está dispuesta a aprobar. La derecha quiere que el mercado reparta la vivienda; nosotros queremos que la garantice la ley y que se camine hacia un parque público homologable al que tienen muchos países en Europa”.

Igualmente, cree positivo que participe el Consejo Social de la Ciudad, “pero no puede convertirse en una coartada para dejar fuera a quienes de verdad sufren el problema”. Así, reclama que participen en esa futurible mesa de forma directa el movimiento vecinal, las asociaciones de inquilinos, los colectivos por el derecho a la vivienda, los sindicatos y las entidades que atienden a personas afectadas por desahucios y emergencias habitacionales.

“LOS DATOS YA EXISTEN”

Ganemos incide en que quiere que esta herramienta participativa del Ayuntamiento “escuche y atienda” a los principales damnificados por la escalada de los precios de la vivienda y del alquiler: familias trabajadoras, familias vulnerables y los jóvenes. “Y que lo haga con datos, no con discursos”.

Unos datos que ya existen, manejados por la empresa municipal Emuvijesa: en abril de 2026 había en Jerez cerca de 5.000 inscritos como demandantes de vivienda protegida, mientras el coste de las VPO superaba los 150.000 euros: “solo 53 solicitudes correspondían al tramo de ingresos que, en principio, permitiría acceder a una vivienda de ese precio”. También señala que el alquiler residencial subió un 13,6% entre agosto de 2025 y agosto de 2026, hay alrededor de 1.500 viviendas de uso turístico declaradas y el Plan Municipal de Vivienda y Suelo “sigue sin aprobarse”.

“IMPULSAR MEDIDAS CONCRETAS”

Ganemos Jerez termina confirmando que participará en Mesa Local por la Vivienda si se llega a crear, pero ya avanza que exigirá que sirva para impulsar medidas concretas, y que no acabe siendo “un órgano burocrático a siete meses de las elecciones municipales”.

Entre esas medidas están: solicitar a la Junta la declaración de Jerez como zona tensionada, destinar suelo público a vivienda asequible (empezando por El Carrascal y La Milagrosa), aplicar el recargo del IBI a las viviendas vacías “y destinar lo recaudado a vivienda pública”, aprobar un protocolo municipal antidesahucios, y un plan de rehabilitación de las viviendas municipales vacías “con transparencia”.

“El consenso sólo puede partir de que la vivienda es un derecho y no un negocio y de ahí saldrán las propuestas políticas, regulatorias y técnicas que sean, pero partiendo de una realidad incuestionable, con la vivienda se ha llegado a unos niveles de especulación que requieren poner pie en pared y darle la vuelta al modelo: vivienda pública, control del mercado y garantía habitacional para todas por ley”, sentencia la portavoz de Ganemos, Tere Chamizo.