La Junta de Andalucía de Moreno Bonilla de la mano de Vox continúa enajenando suelo público para que sean las promotoras las que levanten vivienda protegida… a precios que siguen estando en demasiados casos fuera del alcance de la mayoría: por ejemplo, entre los 216.000 y los 320.000 euros se están vendiendo pisos de una promoción VPO que se construye en Cádiz, en Puntales, en un solar adquirido a la administración autonómica.
Ahora, en Jerez, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) acaba de sacar a licitación dos parcelas de titularidad pública en el sector Guadabajaque, destinadas a la construcción de 84 viviendas “asequibles”.
El concurso se articula mediante la permuta de suelo por viviendas y contempla criterios de adjudicación relacionados con las condiciones económicas para los futuros compradores, se recalca en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz; especialmente en lo que respecta al desembolso inicial y las condiciones de pago.
Las dos parcelas cuentan con una superficie edificable de 7.287 metros cuadrados, de los que 5.520 m2 útiles se destinarán a las viviendas protegidas. El procedimiento establece un valor de salida del suelo de algo más de 1,4 millones y un máximo legal de 2,8 millones de euros, en función del régimen de protección ofertado por las empresas licitadoras.
El sistema de permuta consiste en la aportación de las parcelas de titularidad pública para el desarrollo de la promoción. Como contraprestación por los terrenos, la promotora que se haga con los solares deberá entregar a la Junta, una vez finalizadas las obras, viviendas y anejos por un valor equivalente al del terreno aportado, conforme a las condiciones establecidas en el concurso.
Además, esta convocatoria incorpora criterios de carácter social en la valoración de las ofertas, relacionados con las condiciones económicas de adquisición de las viviendas protegidas.
Entre las mejoras que podrán ofertar las empresas figuran la reducción del importe exigido como arras o señal, una mayor flexibilidad para abonar las cantidades correspondientes a la entrada y descuentos sobre el precio de venta de las viviendas y sus anejos vinculados.
AYUNTAMIENTO Y DIPUTACIÓN BARAJAN COLABORAR
En paralelo, el Ayuntamiento de Jerez y la Diputación (ambos hoy día con gobiernos de derechas) aseguran seguir dando pasos para concretar nuevas iniciativas que permitan incrementar la oferta de vivienda protegida en la ciudad.
En concreto, en un último encuentro se ha analizado la disponibilidad de suelo finalista ya urbanizado que tiene la administración local en el término municipal y que podría destinarse a la construcción de nuevas promociones residenciales protegidas en régimen de venta.
Y a la vez, se ha estudiado una posible fórmula de colaboración mediante la cual el Ayuntamiento cedería, a través del correspondiente acuerdo plenario, el uso de parcelas finalistas (con las condiciones urbanísticas necesarias para iniciar su edificación). Y la Diputación, a través de su Empresa Pública de Vivienda, asumiría la redacción de los proyectos, la tramitación de las correspondientes licitaciones y la comercialización de los pisos resultantes.
De este modo, ambas administraciones continuarán avanzando en el estudio de las parcelas susceptibles de incorporarse a esta iniciativa y en los procedimientos administrativos y técnicos necesarios para hacer posible su desarrollo.
La Junta de Andalucía de Moreno Bonilla de la mano de Vox continúa enajenando suelo público para que sean las promotoras las que levanten vivienda protegida… a precios que siguen estando en demasiados casos fuera del alcance de la mayoría: por ejemplo, entre los 216.000 y los 320.000 euros se están vendiendo pisos de una promoción VPO que se construye en Cádiz, en Puntales, en un solar adquirido a la administración autonómica.
Ahora, en Jerez, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) acaba de sacar a licitación dos parcelas de titularidad pública en el sector Guadabajaque, destinadas a la construcción de 84 viviendas “asequibles”.
El concurso se articula mediante la permuta de suelo por viviendas y contempla criterios de adjudicación relacionados con las condiciones económicas para los futuros compradores, se recalca en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz; especialmente en lo que respecta al desembolso inicial y las condiciones de pago.
Las dos parcelas cuentan con una superficie edificable de 7.287 metros cuadrados, de los que 5.520 m2 útiles se destinarán a las viviendas protegidas. El procedimiento establece un valor de salida del suelo de algo más de 1,4 millones y un máximo legal de 2,8 millones de euros, en función del régimen de protección ofertado por las empresas licitadoras.
El sistema de permuta consiste en la aportación de las parcelas de titularidad pública para el desarrollo de la promoción. Como contraprestación por los terrenos, la promotora que se haga con los solares deberá entregar a la Junta, una vez finalizadas las obras, viviendas y anejos por un valor equivalente al del terreno aportado, conforme a las condiciones establecidas en el concurso.
Además, esta convocatoria incorpora criterios de carácter social en la valoración de las ofertas, relacionados con las condiciones económicas de adquisición de las viviendas protegidas.
Entre las mejoras que podrán ofertar las empresas figuran la reducción del importe exigido como arras o señal, una mayor flexibilidad para abonar las cantidades correspondientes a la entrada y descuentos sobre el precio de venta de las viviendas y sus anejos vinculados.
AYUNTAMIENTO Y DIPUTACIÓN BARAJAN COLABORAR
En paralelo, el Ayuntamiento de Jerez y la Diputación (ambos hoy día con gobiernos de derechas) aseguran seguir dando pasos para concretar nuevas iniciativas que permitan incrementar la oferta de vivienda protegida en la ciudad.
En concreto, en un último encuentro se ha analizado la disponibilidad de suelo finalista ya urbanizado que tiene la administración local en el término municipal y que podría destinarse a la construcción de nuevas promociones residenciales protegidas en régimen de venta.
Y a la vez, se ha estudiado una posible fórmula de colaboración mediante la cual el Ayuntamiento cedería, a través del correspondiente acuerdo plenario, el uso de parcelas finalistas (con las condiciones urbanísticas necesarias para iniciar su edificación). Y la Diputación, a través de su Empresa Pública de Vivienda, asumiría la redacción de los proyectos, la tramitación de las correspondientes licitaciones y la comercialización de los pisos resultantes.
De este modo, ambas administraciones continuarán avanzando en el estudio de las parcelas susceptibles de incorporarse a esta iniciativa y en los procedimientos administrativos y técnicos necesarios para hacer posible su desarrollo.
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