La empresa municipal Hemsa en San Fernando (la antigua Esisa) aprobó hace un mes la adjudicación a Constructora San José por 18,6 millones de euros de las obras de la promoción de 132 viviendas protegidas en régimen general de venta con precios “ajustados” (el llamado Residencial La Marina, en Ronda del Estero), que el Gobierno local de Patricia Cavada viene vendiendo de forma recurrente desde hace meses.
Coincidiendo con el nuevo anuncio, desde el Ayuntamiento insistió en recalcar que los precios de estos futuros pisos (como muy pronto no estarán listos hasta finales de 2028) serán “un 40% más baratos que en el mercado libre”: viviendas desde 51 a 94 metros cuadrados, con precios que oscilan entre los 95.000 y los 175.000 euros (con IVA), en función de la tipología y la superficie.
Sin embargo, y como ya denunció hace más de un año, el PP ha vuelto a lamentar que estas viviendas de promoción municipal “no van dirigidas a los vecinos que más necesitan ayuda pública para acceder a una casa. Los requisitos publicados lo confirman”.
SE EXIGE “UNA CAPACIDAD ECONÓMICA SUFICIENTE”
Y es que para optar a uno de estos futuros pisos, quienes estén anotados en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida pueden tener ingresos de hasta 5,5 veces el IPREM, unos 46.200 euros anuales, el equivalente a 3.300 euros al mes en catorce pagas.
“Esa cifra supera la renta bruta media de los hogares de San Fernando, que el INE situó en 42.488 euros en 2024. Dicho de otro modo, la promoción municipal está abierta a familias con más ingresos que la media de la ciudad”, cuestionan desde la derecha local.
Además, a ese tope se suma un requisito que deja fuera a buena parte de los demandantes: se exige acreditar “una capacidad económica suficiente” para hacer frente al pago y obtener financiación hipotecaria.
Según el último informe de la gerencia de Hemsa, los compradores tendrán que subrogarse en el préstamo que la propia empresa municipal negocia con Caja Rural del Sur. Será el banco, con sus propios criterios, quien decida finalmente conceder la hipoteca al interesado.
La misma alcaldesa del PSOE lo reconoció al presentar el proyecto: las viviendas se dirigen a familias trabajadoras con estabilidad económica y capacidad para acceder a financiación hipotecaria. El PP no discute que este colectivo tenga dificultades, pero, concreta, “no es el de quienes acuden a la administración precisamente porque el mercado y la banca les cierran la puerta: jóvenes con contratos temporales, familias con ingresos bajos o personas en desempleo”.
Por otro lado, desde el principal partido de la oposición recuerdan que esta empresa municipal, según sus estatutos, tiene encomendado promover viviendas “a fin de atender primordialmente las necesidades de los grupos de población de condición económica más desfavorables”. La futura Residencial La Marina, “no responde a ese fin”, reiteran los populares, que exigen que en próximas promociones de Hemsa se reserven cupos para quienes no pueden acceder a una hipoteca.
La empresa municipal Hemsa en San Fernando (la antigua Esisa) aprobó hace un mes la adjudicación a Constructora San José por 18,6 millones de euros de las obras de la promoción de 132 viviendas protegidas en régimen general de venta con precios “ajustados” (el llamado Residencial La Marina, en Ronda del Estero), que el Gobierno local de Patricia Cavada viene vendiendo de forma recurrente desde hace meses.
Coincidiendo con el nuevo anuncio, desde el Ayuntamiento insistió en recalcar que los precios de estos futuros pisos (como muy pronto no estarán listos hasta finales de 2028) serán “un 40% más baratos que en el mercado libre”: viviendas desde 51 a 94 metros cuadrados, con precios que oscilan entre los 95.000 y los 175.000 euros (con IVA), en función de la tipología y la superficie.
Sin embargo, y como ya denunció hace más de un año, el PP ha vuelto a lamentar que estas viviendas de promoción municipal “no van dirigidas a los vecinos que más necesitan ayuda pública para acceder a una casa. Los requisitos publicados lo confirman”.
SE EXIGE “UNA CAPACIDAD ECONÓMICA SUFICIENTE”
Y es que para optar a uno de estos futuros pisos, quienes estén anotados en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida pueden tener ingresos de hasta 5,5 veces el IPREM, unos 46.200 euros anuales, el equivalente a 3.300 euros al mes en catorce pagas.
“Esa cifra supera la renta bruta media de los hogares de San Fernando, que el INE situó en 42.488 euros en 2024. Dicho de otro modo, la promoción municipal está abierta a familias con más ingresos que la media de la ciudad”, cuestionan desde la derecha local.
Además, a ese tope se suma un requisito que deja fuera a buena parte de los demandantes: se exige acreditar “una capacidad económica suficiente” para hacer frente al pago y obtener financiación hipotecaria.
Según el último informe de la gerencia de Hemsa, los compradores tendrán que subrogarse en el préstamo que la propia empresa municipal negocia con Caja Rural del Sur. Será el banco, con sus propios criterios, quien decida finalmente conceder la hipoteca al interesado.
La misma alcaldesa del PSOE lo reconoció al presentar el proyecto: las viviendas se dirigen a familias trabajadoras con estabilidad económica y capacidad para acceder a financiación hipotecaria. El PP no discute que este colectivo tenga dificultades, pero, concreta, “no es el de quienes acuden a la administración precisamente porque el mercado y la banca les cierran la puerta: jóvenes con contratos temporales, familias con ingresos bajos o personas en desempleo”.
Por otro lado, desde el principal partido de la oposición recuerdan que esta empresa municipal, según sus estatutos, tiene encomendado promover viviendas “a fin de atender primordialmente las necesidades de los grupos de población de condición económica más desfavorables”. La futura Residencial La Marina, “no responde a ese fin”, reiteran los populares, que exigen que en próximas promociones de Hemsa se reserven cupos para quienes no pueden acceder a una hipoteca.
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