Como ya amenazaron días atrás, varios empresarios de hostelería han formalizado un recurso administrativo contra las bases elaboradas por el Ayuntamiento de San Fernando que regulan el proceso de adjudicación de casetas en la Feria del Carmen y de la Sal 2024, constreñida un año más en el Parque Almirante Laulhé por las obras estancadas de La Magdalena.
En concreto, detrás de esta impugnación están los promotores de las casetas Toma q toma, La Reja, Cuéntame, El Surtidor, La Clandestina y La Alboreá. Han pedido medidas cautelares, y el juez ha solicitado al Ayuntamiento que responda el recurso en un plazo máximo de diez días.
Estos hosteleros insisten en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz en que al dar “prioridad absoluta” en la adjudicación de la treintena de casetas y mini-casetas a los colectivos y las entidades sin ánimo de lucro, el equipo de Gobierno liderado por Patricia Cavada les “discrimina” bien dejándoles fuera de la feria o bien causándoles prejuicios al tener que elegir sus casetas en último lugar “en base a unas decisiones totalmente arbitrarias y electoralistas”.
“Insistimos: sin duda las entidades y colectivos deben estar presentes en el recinto ferial, porque se lo merecen, muchos de ellos tienen una función social y además son parte de la propia identidad de la fiesta, pero el peaje por ello no debe ser dejar fuera o causar prejuicio a unos profesionales que, desde el sector privado, siempre hemos estado comprometidos con la feria y su dinamización y hemos contribuido desde la misma a crear empleo. Pero a nadie se le escapa que contentar a colectivos y entidades implica conseguir un número de votos mucho mayor”, se repite.
“FUIMOS, SOMOS Y SEREMOS NECESARIOS PARA LA FERIA”
Alberto Prián, el abogado de estos empresarios que se dicen afectados por el Gobierno local del PSOE, explica que las bases se impugnan “debido a que un acto administrativo como es un bando municipal, por rango normativo, no puede contradecir lo manifestado en una ordenanza y menos aún cuando lo hace modificando aspectos tan esenciales como es el acceso de los ciudadanos a la adjudicación de las casetas”.
“Con ello se causa discriminación y se establece la norma como arbitraria en el sentido de que se prima a unas entidades por encima de otras sin ninguna justificación por el mero hecho de ser entidades sin ánimo de lucro”, afirma. E igualmente se queja de que se hayan establecidos criterios como una antigüedad de tres años para las entidades que solicitan casetas, “cerrando así las puertas a aquellos que ejercen su derecho a constituir una entidad para contar con una caseta”.
Finalmente, los empresarios tampoco olvidan que el propio Ayuntamiento isleño “pidió nuestra colaboración para que la feria en el Parque no luciese sin casetas tras el cambio de espacio”. “Y no tenemos ninguna duda de que volverá a llamar a nuestra puerta cuando las obras de La Magdalena concluyan y vuelva allí una feria que estaba en claro declive. Fuimos, somos y seremos necesarios para la Feria del Carmen y no nos quedaremos de brazos cruzados ante este tratamiento tan injusto”, sentencian.
