La supresión del aparcamiento regulado en San Fernando, que funciona desde hace más de dos décadas, decidida de forma unilateral por el Gobierno de Patricia Cavada, divide a colectivos vecinales, comerciantes y partidos: mientras la federación Isla de León sí apoya su eliminación, la mayoría de sectores alertan de que, sin alternativas, el centro isleño perderá rotación de vehículos y clientela.
Esta zona azul dejará de funcionar a partir del 25 de octubre, cuando termina el contrato prorrogado con Dornier, la empresa concesionaria del servicio. La desaparición del sistema afecta a 686 plazas de aparcamiento regulado, repartidas por el centro y su entorno, especialmente en la avenida León Herrero y calles próximas, y supondrá también la pérdida de empleo para los once trabajadores vinculados a su funcionamiento.
El equipo de Gobierno del PSOE defiende que este sistema ha dejado de tener sentido con su política de movilidad, la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y la disponibilidad de aparcamientos gratuitos fuera del centro. Sin embargo, la decisión, que empezó a anunciarse hace un año, ha generado críticas por la falta de una alternativa concreta para garantizar la rotación de vehículos y por la situación laboral de la plantilla.
PP y AxSí, dentro del Ayuntamiento, y Podemos y 100x100 Unidos desde fuera, cuestionan, con distintos argumentos, que se elimine por completo la ORA sin consensuarlo con los sectores afectados ni aclarar qué ocurrirá con los trabajadores.
También la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur) rechaza la retirada, mientras que la Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe) reclama soluciones para evitar que estacionar sea aún más difícil para quienes acuden a los establecimientos. En el ámbito vecinal, la federación Esteros y Salinas se opone a su supresión, mientras la otra federación (y mayoritaria) Isla de León sí se posiciona a favor acabar con esos aparcamientos de pago.
FALTA DE DIÁLOGO Y DE ALTERNATIVAS
El PP sostiene que la alcaldesa se comprometió en septiembre de 2025 a abordar el futuro de la zona azul con comerciantes y hosteleros, pero considera que finalmente ha tomado la decisión sin lograr un acuerdo. “Si Cavada dijo que se decidiría conjuntamente, debería explicar con quién ha consensuado finalmente la eliminación del servicio”, se pregunta la concejala Carmen Roa.
El principal partido de la oposición pone especial énfasis en los trabajadores que perderán su empleo y recuerdan que la propia plantilla elaboró propuestas para mejorar el servicio y abaratar sus costes: “no se limitaron a defender sus puestos de trabajo. Pusieron encima de la mesa alternativas basadas en su experiencia diaria y en el conocimiento directo del servicio”.
El debate tiene otro eje central, según añade AxSí en la información trasladada a DIARIO Bahía de Cádiz: el impacto de la medida sobre la actividad económica del centro. El coportavoz andalucista y ya su candidato a la Alcaldía, Lolo Picardo, advierte de que “sin rotación en el estacionamiento de vehículos, el centro puede quedarse sin clientes y con las mismas plazas ocupadas durante horas y días”.
Los herederos del extinto PA sostienen que la zona azul facilita que los clientes aparquen para comprar, acudir a un bar o realizar gestiones y dejen después su plaza libre para otros usuarios. Aunque se reconoce que el sistema actual necesita mejoras en calles, horarios, tarifas y condiciones para residentes, se rechaza su eliminación sin una alternativa que mantenga esa rotación.
Picardo alude incluso a estimaciones del sector que apuntan a posibles caídas de las ventas de entre el 30% y el 40% en determinados establecimientos, aunque admite que la cifra exacta puede discutirse.
También Podemos pide que el Consistorio isleño haga públicos los estudios que justifican la supresión y explique cómo evaluará sus consecuencias. Cuestiona que se retire toda la regulación sin concretar qué medidas mantendrán la disponibilidad de las plazas más demandadas. “Una decisión que afecta a vecinos, comercios, hostelería y trabajadores no puede basarse en comprobar sus consecuencias una vez aplicada”, afirma su portavoz en funciones, Guillermo Gutiérrez.
La formación morada local insiste en que Cavada anunció que estudiaría una eliminación total o parcial con los sectores afectados y reclama conocer qué reuniones se celebraron, qué propuestas se recibieron y qué respuesta se dio a cada una. Entre sus alternativas plantea límites de tiempo gratuitos, una regulación restringida a determinadas calles y medidas específicas para residentes.
A su vez, la franquicia local de 100x100 Unidos apuesta por mantener un modelo regulado, pero adaptado a las necesidades actuales (con bonificaciones, tarjetas para residentes y zonas reservadas), que compatibilice la rotación en las zonas comerciales con las necesidades de los vecinos de la zona.
Además, recuerda que en diciembre de 2024 el concejal de Movilidad Sostenible defendía la utilidad de esta misma zona azul pero un año después la alcaldesa ya abogaba por su eliminación. Este joven partido localista considera necesario explicar ese cambio de posición.
COMERCIO Y BARES TEMEN PERDER CLIENTELA
En la misma línea, Asihtur ha mostrado su rechazo a la retirada tras consultar a sus asociados, entre cuyos participantes la práctica totalidad se posicionó a favor de mantener la zona azul. La asociación hostelera teme que visitantes de otros municipios y turistas opten por acudir a otras ciudades donde resulte más sencillo aparcar. También recuerda que el sistema impedía que un mismo vehículo ocupara una plaza durante largos periodos.
Acosafe, por su parte, considera que el estacionamiento regulado ha contribuido a dinamizar la actividad del Centro Comercial Abierto y defiende que su eliminación debe ir acompañada de medidas que faciliten el acceso de los clientes y eviten mayores dificultades para aparcar.
Y hasta el Sindicato de Policía Local e Independientes (SPLI) ha cargado contra esta decisión del PSOE en el Ejecutivo local, que califica de “despropósito”, y cuestiona que se justifique por la Zona de Bajas Emisiones. Entiende que la retirada perjudicará al comercio y la hostelería, y reclama paralizar los despidos, buscar una solución para la plantilla y reunir al Ayuntamiento con los trabajadores y los sectores afectados para estudiar un modelo intermedio. Y amenaza con movilizaciones si no hay rectificación.
LOS VECINOS, DIVIDIDOS
Con todo, frente a las críticas de buena parte de las organizaciones citadas, la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León se ha posicionado a favor de eliminar la zona azul. Tras consultar a las entidades que la integran, asegura que el respaldo a la desaparición de los aparcamientos de pago en determinadas zonas de la ciudad es “unánime”. La otra federación vecinal, minoritaria, Esteros y Salinas, sí ha rechazado la supresión.
La retirada de este sistema de pagar por aparcar en diferentes calles del centro y alrededores (en horarios comerciales), por tanto, no cuenta con una posición común.
Mientras el Gobierno municipal defiende que su política de movilidad y la oferta de aparcamiento gratuito hacen innecesaria la zona azul (y en todo caso, una vez eliminada se verá si hacía falta…), las organizaciones contrarias reclaman estudios, diálogo y medidas concretas para preservar la rotación, facilitar el acceso al comercio y, sobre todo, dar una respuesta a los once trabajadores afectados.
La supresión del aparcamiento regulado en San Fernando, que funciona desde hace más de dos décadas, decidida de forma unilateral por el Gobierno de Patricia Cavada, divide a colectivos vecinales, comerciantes y partidos: mientras la federación Isla de León sí apoya su eliminación, la mayoría de sectores alertan de que, sin alternativas, el centro isleño perderá rotación de vehículos y clientela.
Esta zona azul dejará de funcionar a partir del 25 de octubre, cuando termina el contrato prorrogado con Dornier, la empresa concesionaria del servicio. La desaparición del sistema afecta a 686 plazas de aparcamiento regulado, repartidas por el centro y su entorno, especialmente en la avenida León Herrero y calles próximas, y supondrá también la pérdida de empleo para los once trabajadores vinculados a su funcionamiento.
El equipo de Gobierno del PSOE defiende que este sistema ha dejado de tener sentido con su política de movilidad, la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y la disponibilidad de aparcamientos gratuitos fuera del centro. Sin embargo, la decisión, que empezó a anunciarse hace un año, ha generado críticas por la falta de una alternativa concreta para garantizar la rotación de vehículos y por la situación laboral de la plantilla.
PP y AxSí, dentro del Ayuntamiento, y Podemos y 100x100 Unidos desde fuera, cuestionan, con distintos argumentos, que se elimine por completo la ORA sin consensuarlo con los sectores afectados ni aclarar qué ocurrirá con los trabajadores.
También la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur) rechaza la retirada, mientras que la Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe) reclama soluciones para evitar que estacionar sea aún más difícil para quienes acuden a los establecimientos. En el ámbito vecinal, la federación Esteros y Salinas se opone a su supresión, mientras la otra federación (y mayoritaria) Isla de León sí se posiciona a favor acabar con esos aparcamientos de pago.
FALTA DE DIÁLOGO Y DE ALTERNATIVAS
El PP sostiene que la alcaldesa se comprometió en septiembre de 2025 a abordar el futuro de la zona azul con comerciantes y hosteleros, pero considera que finalmente ha tomado la decisión sin lograr un acuerdo. “Si Cavada dijo que se decidiría conjuntamente, debería explicar con quién ha consensuado finalmente la eliminación del servicio”, se pregunta la concejala Carmen Roa.
El principal partido de la oposición pone especial énfasis en los trabajadores que perderán su empleo y recuerdan que la propia plantilla elaboró propuestas para mejorar el servicio y abaratar sus costes: “no se limitaron a defender sus puestos de trabajo. Pusieron encima de la mesa alternativas basadas en su experiencia diaria y en el conocimiento directo del servicio”.
El debate tiene otro eje central, según añade AxSí en la información trasladada a DIARIO Bahía de Cádiz: el impacto de la medida sobre la actividad económica del centro. El coportavoz andalucista y ya su candidato a la Alcaldía, Lolo Picardo, advierte de que “sin rotación en el estacionamiento de vehículos, el centro puede quedarse sin clientes y con las mismas plazas ocupadas durante horas y días”.
Los herederos del extinto PA sostienen que la zona azul facilita que los clientes aparquen para comprar, acudir a un bar o realizar gestiones y dejen después su plaza libre para otros usuarios. Aunque se reconoce que el sistema actual necesita mejoras en calles, horarios, tarifas y condiciones para residentes, se rechaza su eliminación sin una alternativa que mantenga esa rotación.
Picardo alude incluso a estimaciones del sector que apuntan a posibles caídas de las ventas de entre el 30% y el 40% en determinados establecimientos, aunque admite que la cifra exacta puede discutirse.
También Podemos pide que el Consistorio isleño haga públicos los estudios que justifican la supresión y explique cómo evaluará sus consecuencias. Cuestiona que se retire toda la regulación sin concretar qué medidas mantendrán la disponibilidad de las plazas más demandadas. “Una decisión que afecta a vecinos, comercios, hostelería y trabajadores no puede basarse en comprobar sus consecuencias una vez aplicada”, afirma su portavoz en funciones, Guillermo Gutiérrez.
La formación morada local insiste en que Cavada anunció que estudiaría una eliminación total o parcial con los sectores afectados y reclama conocer qué reuniones se celebraron, qué propuestas se recibieron y qué respuesta se dio a cada una. Entre sus alternativas plantea límites de tiempo gratuitos, una regulación restringida a determinadas calles y medidas específicas para residentes.
A su vez, la franquicia local de 100x100 Unidos apuesta por mantener un modelo regulado, pero adaptado a las necesidades actuales (con bonificaciones, tarjetas para residentes y zonas reservadas), que compatibilice la rotación en las zonas comerciales con las necesidades de los vecinos de la zona.
Además, recuerda que en diciembre de 2024 el concejal de Movilidad Sostenible defendía la utilidad de esta misma zona azul pero un año después la alcaldesa ya abogaba por su eliminación. Este joven partido localista considera necesario explicar ese cambio de posición.
COMERCIO Y BARES TEMEN PERDER CLIENTELA
En la misma línea, Asihtur ha mostrado su rechazo a la retirada tras consultar a sus asociados, entre cuyos participantes la práctica totalidad se posicionó a favor de mantener la zona azul. La asociación hostelera teme que visitantes de otros municipios y turistas opten por acudir a otras ciudades donde resulte más sencillo aparcar. También recuerda que el sistema impedía que un mismo vehículo ocupara una plaza durante largos periodos.
Acosafe, por su parte, considera que el estacionamiento regulado ha contribuido a dinamizar la actividad del Centro Comercial Abierto y defiende que su eliminación debe ir acompañada de medidas que faciliten el acceso de los clientes y eviten mayores dificultades para aparcar.
Y hasta el Sindicato de Policía Local e Independientes (SPLI) ha cargado contra esta decisión del PSOE en el Ejecutivo local, que califica de “despropósito”, y cuestiona que se justifique por la Zona de Bajas Emisiones. Entiende que la retirada perjudicará al comercio y la hostelería, y reclama paralizar los despidos, buscar una solución para la plantilla y reunir al Ayuntamiento con los trabajadores y los sectores afectados para estudiar un modelo intermedio. Y amenaza con movilizaciones si no hay rectificación.
LOS VECINOS, DIVIDIDOS
Con todo, frente a las críticas de buena parte de las organizaciones citadas, la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León se ha posicionado a favor de eliminar la zona azul. Tras consultar a las entidades que la integran, asegura que el respaldo a la desaparición de los aparcamientos de pago en determinadas zonas de la ciudad es “unánime”. La otra federación vecinal, minoritaria, Esteros y Salinas, sí ha rechazado la supresión.
La retirada de este sistema de pagar por aparcar en diferentes calles del centro y alrededores (en horarios comerciales), por tanto, no cuenta con una posición común.
Mientras el Gobierno municipal defiende que su política de movilidad y la oferta de aparcamiento gratuito hacen innecesaria la zona azul (y en todo caso, una vez eliminada se verá si hacía falta…), las organizaciones contrarias reclaman estudios, diálogo y medidas concretas para preservar la rotación, facilitar el acceso al comercio y, sobre todo, dar una respuesta a los once trabajadores afectados.
COMENTARIOS 0