El Puerto de Santa María es, junto con Sanlúcar de Barrameda, la única localidad de la provincia gaditana que ni siquiera ha iniciado los trámites para cumplir con la normativa del cambio climático, que obliga a ciudades grandes y medianas desde 2023 a la creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
Esta Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética establece que todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes dispongan de dichas ZBE en las que se apliquen restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsando una movilidad urbana más sostenible y un cambio modal hacia los desplazamientos activos (en bicicleta o a pie). Este compromiso debería estar activado desde el 1 de enero de este mismo año.
Al respecto, y según ha difundido el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, El Puerto se sitúa entre las 18 localidades del país que no han iniciado ningún trámite en este sentido, lo que denota para el PSOE local “una vergonzosa inacción del alcalde del PP Germán Beardo y una actitud negacionista en un asunto tan urgente como es la crisis climática”.
Según la normativa, esta localidad gaditana tenía que tener lista antes de terminar este año la Zona de Bajas Emisiones para la restricción del tráfico a vehículos contaminantes, o al menos, haber comenzado su papeleo. Por lo que desde el PSOE, en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, consideran “inadmisible que aún no hayan iniciado los trámites”, y achacan esta inacción a “las políticas de extrema derecha que está aplicando Beardo en la ciudad, tomándose a cachondeo el cambio climático”.
En este contexto, el portavoz municipal socialista, Ángel M.ª González, ha avanzado que pedirá al Gobierno central que “tome medidas”, al tiempo que invita al alcalde portuense “a tomarse la ciudad en serio, porque no todo puede estar basado en fiestas y botellón”.
“SI BEARDO NO ACTÚA COMO LE OBLIGA LA LEY PODRÍA ESTAR INCURRIENDO EN UN DELITO DE PREVARICACIÓN POR OMISIÓN, Y CONTRA LA SALUD PÚBLICA”
Ecologistas en Acción ya urgía el pasado enero al Ayuntamiento de El Puerto a poner en marcha estas actuaciones, además de recordarle a Beardo que, “independientemente de su inacción, desinterés, mal gobierno y pérdida de subvenciones”, la Ley le obliga a actuar; “caso contrario, podría estar incurriendo en un delito de prevaricación por omisión y contra la salud pública”.
En este sentido, este colectivo tiene claro que el Consistorio tiene “perfecta constancia” de la obligación de elaborar estos proyectos desde mayo de 2021 tras la entrada en vigor de la Ley de cambio climático y transición energética, “donde ya se le advertía que debería adoptar antes de 2023 planes de movilidad urbana que permitieran reducir las emisiones derivadas del transporte, incluyendo el establecimiento de ZBE”, además de “las reiteradas ocasiones en las que desde Ecologistas se lo habíamos hecho saber al propio alcalde”, sin obtener respuesta alguna.
Para colmo, se lamentaba ya a principios de año, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lanzó meses atrás, recurriendo a fondos europeos Next Generation, subvenciones para ayudar a los municipios a trabajar en la implantación de estas ZBE: “todos los municipios de la Bahía se acogieron a estas ayudas, excepto El Puerto que ni tan siquiera se presentó a la convocatoria”.
“La no actuación en el diseño de Zonas de Bajas Emisiones originará consecuencias negativas para El Puerto, como el pago de multas o estar, una vez más, entre las ciudades insensibles al cambio climático y sus consecuencias”, apostillaban en su momento desde Ecologistas.
