Llegó el 1 de abril y no ha habido más aplazamientos: sobre las diez de la mañana se hacía efectivo en Cádiz el desahucio de Tamara, que meses atrás, desesperada, había ocupado de forma ilegal una vivienda municipal en el barrio de Guillén Moreno.
La comitiva judicial, arropada por antidisturbios de la Policía Nacional, procedía a recoger las llaves, mientras un grupo de vecinos y familiares arropaba a esta madre víctima de violencia machista, con problemas de salud y con dos hijas menores a su cargo. En ese momento, el Ayuntamiento todavía no había concretado una alternativa habitacional para esta familia monoparental, aunque se barajaba la posibilidad de un alquiler subvencionado, o bien el costearle el alojamiento temporal en una pensión.
En los últimos días se ha resaltado que por un lado la empresa municipal de vivienda, Procasa, está detrás de esta denuncia por ocupación ilegal de uno de sus pisos, pero por otro la concejalía de Asuntos Sociales ha emitido un informe que avala la vulnerabilidad de esta madre de 46 años de edad, de cara a suspender o retrasar su desalojo hasta final de año, en base a Real Decreto-ley 1/2025 de 28 de enero, por el que se prorroga durante todo 2025 la suspensión de los procedimientos de desahucio y de lanzamiento para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
“A OTERO Y SANJUÁN SE LES DEBERÍA CAER LA CARA DE VERGÜENZA”
“A pesar de que el Ayuntamiento le reconoce su condición de persona vulnerable, desde las delegaciones de Asuntos Sociales y Vivienda le han hostigado hasta producirse el triste desenlace. Y ello pese a que existe un protocolo que concede tiempo y obliga, en caso de existencia de vulnerabilidad, como es el de esta persona, a proporcionarle una alternativa habitacional”, señalan desde Adelante Izquierda Gaditana, que llegados a este extremo pide la dimisión de Pablo Otero y de Ana Sanjuán, concejales de Asuntos Sociales y de Vivienda, respectivamente.
Así, ante “esta pasividad y falta de humanidad con esta madre vulnerable”, este partido de la oposición mantiene que Otero y Sanjuán “no pueden seguir ostentando tales cargos”. “Se les pedía tiempo y una alternativa, también desde los colectivos sociales tal y como les ha reclamado en persona la propia afectada, y no han sido capaces siquiera de ello. Se les debería caer la cara de vergüenza”, se lamenta.
Desde AIG (y también desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) se venía reclamando que se prorrogara la suspensión de los procedimientos de desahucio, a la vez que se ha exigido al alcalde Bruno García y a su equipo de Gobierno que se preocuparan por este asunto y buscaran “una solución de inmediato”.
“Pero desgraciadamente nada de esto ha hecho el alcalde que se autodenomina el más social. El Cádiz de Bruno García se está convirtiendo en una ciudad que pone alfombra roja a especuladores y constructoras de lujo mientras expulsa a las familias”, denuncia la coalición izquierdista en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Por último, se reprocha que la ciudad vuelva a ser noticia por desahucios, como en tiempos de Teófila Martínez: “el PP dejó una ciudad con más de 280 desahucios al año y, en menos de la mitad de un mandato, ya han vuelto los desahucios desde una vivienda municipal”.
“LA LEY NO AMPARA LAS OCUPACIONES ILEGALES”
Frente a ello, la derecha replicaba días atrás que entre 2015 y 2023, con José María González ‘Kichi’ en la Alcaldía, el Ayuntamiento denunció a veinte familias inquilinas de Procasa, “y no precisamente por ocupación ilegal, sino por falta de pago; a tres de ellas las desahuciaron a través de un lanzamiento judicial, y al resto la desahuciaron por otras vías”.
Además, el partido del ahora alcalde sostiene que “Procasa no desahucia desde 2023, lo que hace desde entonces es denunciar las ocupaciones ilegales porque está obligada a hacerlo, pero ni siquiera se persona en los procesos judiciales; algo que sí se hacía cuando el alcalde era ‘Kichi’”.
En el caso concreto de Tamara Manzano, se sobresale que el mismo Bruno García y sus concejales de Vivienda y de Servicios Sociales, además del personal técnico, han atendido en casi una decena de veces a esta vecina “para abordar su situación”; y se remitió un escrito al juez pidiéndole que tuviera en consideración su situación, “consiguiendo así postergar la decisión del juzgado hasta en dos ocasiones”.
“Tenemos que cumplir la ley y no podemos saltarnos las listas de los registros de vivienda, pero seguimos trabajando de manera coordinada y conjunta en la búsqueda de una solución para dicho desalojo”, sentencian desde el PP, subrayando que la ley “no ampara las ocupaciones ilegales, y nosotros desde luego no vamos a jugar con los gaditanos que tienen necesidades sociales como los concejales de Adelante”.
