La Inspección de Trabajo vuelve a poner en evidencia las deficiencias de seguridad y mantenimiento del Parque Móvil Municipal de Cádiz, en el polígono exterior de la Zona Franca.
Tras una denuncia de Autonomía Obrera y una visita a las instalaciones el pasado junio, ha emitido, a principios de octubre, una propuesta de requerimiento al Ayuntamiento para que retire la cubierta con amianto, corrija riesgos eléctricos y repare unas dependencias con importantes desperfectos.
En un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, este sindicato lamenta que estas medidas llegan después de años de reclamaciones y sin que se hayan resuelto los problemas de fondo, pese al compromiso público del alcalde, Bruno García, de invertir 350.000 euros en la reforma de las instalaciones. En este punto, le exige explicaciones sobre el destino de esa inversión y reclama un calendario concreto para ejecutar las obras.
AMIANTO, RIESGOS ELÉCTRICOS Y DETERIORO DE LAS DEPENDENCIAS
La Inspección identifica tres ámbitos principales de actuación. El primero es la presencia de materiales con amianto en la cubierta de fibrocemento de la nave. Aunque las mediciones ambientales realizadas no detectaron fibras de amianto en el aire durante la evaluación, considera necesaria la retirada completa de la cubierta y establece para ello un plazo máximo de doce meses. Mientras tanto, deberán adoptarse medidas preventivas para reducir al mínimo la posible exposición de la plantilla.
En segundo lugar, el informe constata deficiencias en la instalación eléctrica que incumplen la normativa y pueden provocar incendios, explosiones o contactos eléctricos. La Inspección de Trabajo exige actuaciones inmediatas, revisiones periódicas, mantenimiento preventivo y la subsanación de los defectos en los plazos establecidos por el organismo de control autorizado.
Y el tercer bloque afecta al estado general de esta nave municipal, donde se han detectado oxidación, filtraciones de agua y desperfectos en techos, paredes, pavimentos, vestuarios y servicios. También hay zonas clausuradas sin la señalización o las restricciones de acceso necesarias. Para corregir esta situación, la propuesta fija un plazo de tres meses para adecuar y reparar las instalaciones y de un mes para colocar la señalización de seguridad.
SIETE MESES DESPUÉS DEL ANUNCIO DEL ALCALDE
Para AO, resulta “especialmente grave” que la actuación inspectora se produzca después de que el alcalde del PP anunciara una inversión de 350.000 euros para reformar el Parque Móvil. Según el sindicato, han transcurrido siete meses desde aquel compromiso sin que se hayan resuelto las principales deficiencias.
De este modo, reclama a Bruno García que explique qué actuaciones se han realizado desde entonces y en qué situación administrativa y presupuestaria se encuentra la inversión, además de concretar cuándo comenzarán las prometidas obras.
“Se anuncian inversiones, pero al final la realidad es una falta de diligencia para convertir esos compromisos en actuaciones efectivas. La seguridad y la salud de la plantilla no pueden quedar supeditadas indefinidamente a proyectos, trámites administrativos o compromisos que no terminan de materializarse”, se recalca.
El sindicato responsabiliza también al concejal competente, José Carlos Teruel, y al director del área. Considera que ambos deben explicar qué medidas han impulsado para corregir unos problemas conocidos desde hace años y sostiene que no basta con disponer de informes técnicos o anunciar inversiones: “no pueden limitarse a conocer los problemas, deben impulsar las soluciones y garantizar que se ejecuten”.
CASI UNA DÉCADA DE DENUNCIAS
Finalmente, la sección sindical mayoritaria en el Consistorio gaditano recuerda que ya denunció públicamente las condiciones del Parque Móvil en 2017 y que, en enero de 2018, distintos medios de comunicación informaron de las deficiencias detectadas tras otra actuación de la Inspección de Trabajo.
La presencia de fibrocemento, los desperfectos y los problemas de mantenimiento, subraya el sindicato, “no son circunstancias nuevas”. Durante estos años se han realizado reparaciones parciales y anunciado actuaciones que, obviamente, no han resuelto los problemas estructurales.
Ante la nueva propuesta de requerimiento desde la Inspección de Trabajo, AO exige al Gobierno local del PP que aplique “sin demora” las medidas preventivas necesarias, presente un calendario de ejecución de las obras y facilite a la representación sindical la información disponible sobre el estado de las instalaciones, los informes técnicos y las actuaciones previstas. También reclama información periódica sobre los avances y el cumplimiento de las medidas planteadas por la Inspección.
“La salud laboral no se garantiza con anuncios, sino con hechos”, defiende Autonomía Obrera, que anuncia que seguirá utilizando los mecanismos sindicales y legales a su alcance para exigir que se corrijan las deficiencias de estas instalaciones en las que “diariamente prestan servicio trabajadores municipales”.
La Inspección de Trabajo vuelve a poner en evidencia las deficiencias de seguridad y mantenimiento del Parque Móvil Municipal de Cádiz, en el polígono exterior de la Zona Franca.
Tras una denuncia de Autonomía Obrera y una visita a las instalaciones el pasado junio, ha emitido, a principios de octubre, una propuesta de requerimiento al Ayuntamiento para que retire la cubierta con amianto, corrija riesgos eléctricos y repare unas dependencias con importantes desperfectos.
En un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, este sindicato lamenta que estas medidas llegan después de años de reclamaciones y sin que se hayan resuelto los problemas de fondo, pese al compromiso público del alcalde, Bruno García, de invertir 350.000 euros en la reforma de las instalaciones. En este punto, le exige explicaciones sobre el destino de esa inversión y reclama un calendario concreto para ejecutar las obras.
AMIANTO, RIESGOS ELÉCTRICOS Y DETERIORO DE LAS DEPENDENCIAS
La Inspección identifica tres ámbitos principales de actuación. El primero es la presencia de materiales con amianto en la cubierta de fibrocemento de la nave. Aunque las mediciones ambientales realizadas no detectaron fibras de amianto en el aire durante la evaluación, considera necesaria la retirada completa de la cubierta y establece para ello un plazo máximo de doce meses. Mientras tanto, deberán adoptarse medidas preventivas para reducir al mínimo la posible exposición de la plantilla.
En segundo lugar, el informe constata deficiencias en la instalación eléctrica que incumplen la normativa y pueden provocar incendios, explosiones o contactos eléctricos. La Inspección de Trabajo exige actuaciones inmediatas, revisiones periódicas, mantenimiento preventivo y la subsanación de los defectos en los plazos establecidos por el organismo de control autorizado.
Y el tercer bloque afecta al estado general de esta nave municipal, donde se han detectado oxidación, filtraciones de agua y desperfectos en techos, paredes, pavimentos, vestuarios y servicios. También hay zonas clausuradas sin la señalización o las restricciones de acceso necesarias. Para corregir esta situación, la propuesta fija un plazo de tres meses para adecuar y reparar las instalaciones y de un mes para colocar la señalización de seguridad.
SIETE MESES DESPUÉS DEL ANUNCIO DEL ALCALDE
Para AO, resulta “especialmente grave” que la actuación inspectora se produzca después de que el alcalde del PP anunciara una inversión de 350.000 euros para reformar el Parque Móvil. Según el sindicato, han transcurrido siete meses desde aquel compromiso sin que se hayan resuelto las principales deficiencias.
De este modo, reclama a Bruno García que explique qué actuaciones se han realizado desde entonces y en qué situación administrativa y presupuestaria se encuentra la inversión, además de concretar cuándo comenzarán las prometidas obras.
“Se anuncian inversiones, pero al final la realidad es una falta de diligencia para convertir esos compromisos en actuaciones efectivas. La seguridad y la salud de la plantilla no pueden quedar supeditadas indefinidamente a proyectos, trámites administrativos o compromisos que no terminan de materializarse”, se recalca.
El sindicato responsabiliza también al concejal competente, José Carlos Teruel, y al director del área. Considera que ambos deben explicar qué medidas han impulsado para corregir unos problemas conocidos desde hace años y sostiene que no basta con disponer de informes técnicos o anunciar inversiones: “no pueden limitarse a conocer los problemas, deben impulsar las soluciones y garantizar que se ejecuten”.
CASI UNA DÉCADA DE DENUNCIAS
Finalmente, la sección sindical mayoritaria en el Consistorio gaditano recuerda que ya denunció públicamente las condiciones del Parque Móvil en 2017 y que, en enero de 2018, distintos medios de comunicación informaron de las deficiencias detectadas tras otra actuación de la Inspección de Trabajo.
La presencia de fibrocemento, los desperfectos y los problemas de mantenimiento, subraya el sindicato, “no son circunstancias nuevas”. Durante estos años se han realizado reparaciones parciales y anunciado actuaciones que, obviamente, no han resuelto los problemas estructurales.
Ante la nueva propuesta de requerimiento desde la Inspección de Trabajo, AO exige al Gobierno local del PP que aplique “sin demora” las medidas preventivas necesarias, presente un calendario de ejecución de las obras y facilite a la representación sindical la información disponible sobre el estado de las instalaciones, los informes técnicos y las actuaciones previstas. También reclama información periódica sobre los avances y el cumplimiento de las medidas planteadas por la Inspección.
“La salud laboral no se garantiza con anuncios, sino con hechos”, defiende Autonomía Obrera, que anuncia que seguirá utilizando los mecanismos sindicales y legales a su alcance para exigir que se corrijan las deficiencias de estas instalaciones en las que “diariamente prestan servicio trabajadores municipales”.
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