Número 5.644 – Año XXIII 14 de noviembre de 2026

Últimas noticias de vivienda

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Una vez más, AIG denuncia que los residentes de este bloque en Cádiz (de la Junta, gestionado por el Ayuntamiento) están “desesperados” después de años reclamando soluciones: “no pueden seguir viviendo entre problemas de accesibilidad, deficiencias de seguridad y la falta de respuesta de las administraciones”.

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El PP ha aprobado en el consejo de Procasa el segundo Plan de Rehabilitación Interior de Viviendas Municipales, dotado con un millón de euros, una cantidad que para el PSOE evidencia la “falta de ambición” de la derecha; al tiempo que le reprocha que se incluya como beneficiarios a inquilinos de pisos de la Junta.

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Hemsa acaba de adjudicar la construcción de Residencial La Marina por más de 18 millones. Y aunque esta promoción para la venta no será realidad hasta al menos finales de 2028, siendo optimistas, el Ayuntamiento va a empezar a sondear ya el interés de los anotados como demandantes de vivienda protegida.

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La Junta va a licitar dos parcelas en el sector Guadabajaque para la construcción de vivienda protegida a cargo de la iniciativa privada. El concurso se articula mediante la permuta de suelo por pisos y priorizará a los promotores que den flexibilidad de pago a los futuros compradores.

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Ante el anuncio de la alcaldesa del PP de crear esta mesa, Ganemos Jerez recuerda que se parte de una iniciativa vecinal de Solidaridad, y exige que no se desvirtúe y se vacíe de contenido. Además, defiende que derechas e izquierdas expongan con claridad qué modelo defienden para afrontar esta crisis.

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El Gobierno local del PP ve ahora oportuno impulsar esta herramienta municipal de participación centrada en el problemón de la vivienda, concebida como un espacio de diálogo y coordinación; implicando a la oposición, al resto de administraciones públicas y al Consejo Social de la Ciudad.

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Mientras IU denuncia estos pisos “zulos” que ya incluso se estarían ofreciendo en garajes, Bruno García defiende sus medidas para aumentar la oferta de vivienda en la ciudad. Destaca además que desde finales de 2023 han descendido en 265 las viviendas turísticas legales, que ahora rondan las 2.400.

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El Comité Popular por la Huelga General de Cádiz ratifica la fecha, llama a la ciudadanía y la clase trabajadora a sumarse, y apunta a la inacción del Gobierno central y a la complicidad con los rentistas de las derechas en la oposición. Entre las exigencias: salarios que permitan vivir, viviendas asumibles y servicios públicos garantizados.

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El Sindicato de Inquilinas, convocante de esta y otras movilizaciones por toda España tras tumbar las derechas los decretos de mínimos para amortiguar la crisis de vivienda, ya llama al resto de organizaciones a construir juntos “una huelga general por la vivienda, los salarios, la sanidad, la educación y las pensiones”.

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Con algo de retraso sobre los plazos previstos, el Ayuntamiento de San Fernando, a través de Hemsa, ha rematado ya la obra de esta promoción pública de 11 millones (gran parte son fondos europeos). Sus alquileres estarán “muy por debajo de los precios de mercado”. La entrega de llaves, para noviembre.

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El llamado Decreto Maricarmen que todavía debe convalidarse, no ha desactivado la lucha por el derecho a la vivienda, tampoco en Cádiz. El Sindicato de Inquilinas mantiene la acampada en el Palillero y ha convocado una manifestación este sábado para reclamar al Gobierno que vaya más allá.

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O más bien, muchos gaditanos ya están hartos de “no poder vivir” en sus barrios. Es una de las sentencias escuchadas en la concentración convocada en El Palillero por el Sindicato de Inquilinas para presionar al Gobierno ante la aprobación de un nuevo decreto de vivienda, donde entiende que deben incluirse los contratos indefinidos.

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La séptima fase, que contempla 67 viviendas protegidas en alquiler (para las familias propietarias del bloque ruinoso a derruir en la octava y última fase), supera el 62% de ejecución, aunque ya acumula retrasos. La obra debía estar terminada este verano. La AVRA avanza en paralelo en la operación de compra de los viejos pisos.

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Como en otras ciudades del país, el Sindicato de Inquilinas ha convocado de urgencia una protesta en Cádiz frente a la Subdelegación para mostrar su apoyo a la anciana y denunciar “la especulación y los rentistas” y la “complicidad” e “inacción” de los gobiernos. “Nadie debería perder su casa para que otros hagan negocio”, se recalca.

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El Sindicato de Inquilinas se ha hecho eco de la nueva “oleada” de desahucios en la capital por parte de AVRA, empresa pública que “debería garantizar el derecho a la vivienda”. Y responsabiliza a la delegada territorial competente, Carmen Sánchez: con ella, “los abusos contra los inquilinos se han multiplicado”.

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Dos años después de la entrega en Cádiz de esta promoción pública “de calidad”, sus inquilinos siguen padeciendo humedades, filtraciones y otros desperfectos. Ante la “inacción” de la Junta, la Apdha terminó elevando el caso al Defensor del Pueblo Andaluz, que ahora reconoce que la AVRA ignora sus requerimientos de información.
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