La concesionaria que explota el agua en Jerez, Aqualia (con el nombre de Aquajerez), desde que el anterior Gobierno local del PP privatizara este servicio municipal, “podría estar enriqueciéndose de forma injusta y contraria al pliego de condiciones, con la complicidad del actual equipo de Gobierno del PSOE, cobrándole a los jerezanos muy por encima del coste real del servicio y de lo establecido en el pliego”, sospechan desde IU en el Ayuntamiento (una de las partes de lo que fue Adelante Jerez antes de las últimas elecciones).
Esta formación izquierdista reitera que la concesionaria “campa por Jerez como Pedro por su casa”. Tanto es así que “ni tan siquiera” el informe elaborado por la empresa ARE Asesores, contratada para fiscalizar el cumplimiento del pliego a instancias de la comisión de fiscalización de servicios públicos externalizados del propio Ayuntamiento, “ha servido para que el Ejecutivo liderado por Mamen Sánchez pusiera pie en pared con Aqualia y defendiera los intereses de los jerezanos”.
En dicho informe, según trasladan desde IU en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, “queda de manifiesto que la concesionaria ha obtenido de los jerezanos cantidades muy superiores a las que debía satisfacer en concepto del canon de trasvase del Guadiario-Majaceite”, hasta el punto de que, sólo entre 2013 y 2019, “Aqualia habría cobrado a los clientes en la ciudad, al menos, casi 1,2 millones de euros más de los que debió haberles facturado”.
El concejal izquierdista Raúl Ruiz-Berdejo afirma que “basta con contrastar” las cantidades que ha tenido que satisfacer Aqualia (del grupo FCC) por este concepto, aprobadas cada año y publicadas por la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua, con los precios por metro cúbico del canon de vertido recogido en el pliego para el año base y el aprobado en las ordenanzas municipales y los datos de facturación extraídos de la oferta económica de la concesionaria. Así, las cantidades “facturadas de más” por la empresa, según el informe de ARE Asesores, serían de 308.634 euros en 2014; 187.177 euros en 2015; 236.938 euros en 2016; 236.938 euros en 2017; 224.821 en 2018; y 326.271 euros en 2019.
Izquierda Unida dice llevar años trabajando para que el Gobierno jerezano “meta en vereda a la multinacional y defienda los intereses de los vecinos”. “A ello responde la negativa de nuestro grupo a cada una de las subidas de la tasa planteadas, año tras año, por el Ejecutivo. Y los esfuerzos por fiscalizar debidamente a Aqualia, con la contratación de una empresa para que estudiara los incumplimientos de la concesionaria”, se expone.
Sin embargo, las últimas “maniobras” del PSOE con Aqualia (con el caso de la ELA de Torrecera) y “la constatación de que el Gobierno de Mamen Sánchez no tiene la menor intención de denunciar ésta y otras irregularidades” son la constatación palpable, para este partido de la oposición, de que la vía política “no lleva a ningún sitio con un Gobierno que está entregado a la empresa privada”; lo que no significa que IU “no vaya a usar todos los instrumentos a su alcance para defender los intereses de los jerezanos”.
Sentencia Ruiz-Berdejo que “el pasteleo del PSOE con Aqualia en Torrecera es sólo la punta del iceberg. El gerente de la multinacional hace y deshace en el Ayuntamiento de Jerez ante la inacción de un Gobierno local que ha desistido de defender a los jerezanos de los tejemanejes de la empresa privada”.
