Un pleno extraordinario del Ayuntamiento de El Puerto ha abordado esta semana la aprobación de las ordenanzas fiscales para 2018. Pese a que el equipo de Gobierno PSOE-IU no tiene mayoría, logró sacar adelante su propuesta, salvo la ordenanza reguladora de la tasa del agua, cuya subida la rechazó la oposición en bloque.
En general, se “congelan” la mayoría de impuestos y tasas municipales, y se mantienen las bonificaciones sociales, según apuntaba antes de la sesión plenaria el concejal de Economía y Hacienda, Antonio Fernández.
En cumpliendo de las medidas de revisión del plan de ajuste, aprobadas por el pleno municipal, las tasas de mercado de abastos y cementerio se elevan el próximo ejercicio en un 20,6% y un 10%, respectivamente. Asimismo, se ha incluido una modificación de la ordenanza fiscal número 37, reguladora de la tasa por servicios especiales de vigilancia, control y protección por espectáculos. La modificación pretende “excluir del pago de la misma a aquellos eventos con carácter benéfico o sin ánimo de lucro”.
PP, Ciudadanos y el edil no adscrito Carlos Coronado votaron en contra, mientras que Levantemos se abstuvo, así que estos puntos salieron adelante con el voto de calidad del alcalde. Es más, los populares han pedido al equipo de Gobierno que se modifique el plan de ajuste, y para ello “han solicitado y propuesto que se rebajen las subvenciones a asociaciones sociales”. El PSOE subraya que “no sólo se ha rechazado esta propuesta, sino que volvemos a decirle que por ahí no pasamos. Nuestra línea política es congelar los impuestos que estén en nuestra mano, en aquellas que tenemos autonomía local, en el resto que suben son subidas desde el Gobierno central de Mariano Rajoy, que con su política austericida está asfixiando a los ayuntamientos y a los contribuyentes”.
En cuanto a las tasas del suministro de agua y alcantarillado, según apuntaban desde el Ayuntamiento en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, se proponía un incremento interanual del IPC “previsto ya en el pliego de cláusulas administrativas de Apemsa tras su venta en 2014”. Una subida del 1,5% que era aprobada por el consejo de administración de esta empresa mixta, pero que el pleno ha tumbado. En este punto, toda la oposición dijo no.
En este mismo pleno extraordinario se confirmó la adjudicación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos a la empresa FCC, que es la que ya actualmente está al frente de este suculento contrato. La propuesta, por casi 12,5 millones de euros anuales, durante cuatro años, ha salido adelante con el voto a favor de PSOE e IU y la abstención del resto de grupos políticos.
