Unidos Podemos ha registrado en el Congreso una proposición de ley para derogar la conocida como Ley Montoro. La coalición quiere que se vuelva al escenario de consenso previo a la ley impuesta por la derecha, así como implementar medidas urgentes para que los ayuntamientos puedan prestar los servicios esenciales necesarios para el funcionamiento de las ciudades y para garantizar los derechos de sus vecinos. La iniciativa cuenta con el apoyo de los llamados ‘ayuntamientos del cambio’, y entre ellos el de Cádiz.
Unidos Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para derogar la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como Ley Montoro. La coalición liderada por Pablo Iglesias quiere que se vuelva al escenario de consenso previo a la ley impuesta por la derecha, así como implementar medidas urgentes para que los ayuntamientos puedan prestar los servicios esenciales necesarios para el funcionamiento de las ciudades y para garantizar los derechos de sus vecinos.
La iniciativa ha contado con el apoyo de los llamados ‘ayuntamientos del cambio’, incluido el de Cádiz, en cuya representación acudía este martes a Madrid el concejal de Economía, Hacienda y Deuda, David Navarro. Junto a él, representantes de los consistorios de Madrid, Barcelona, Zaragoza o A Coruña, entre otros.
En su intervención, Navarro ha denunciado que la Ley Montoro es “un atentado contra lo público, un atentado contra la soberanía popular de una ley grilletes”. “El PP en lugar de darle competencias, fiabilidad y garantías a un ayuntamiento lo que hace es maniatarlo”, considera este concejal gaditano de Podemos. Frente al bloqueo de las competencias municipales, esta proposición “es una propuesta para intentar recuperar el margen de maniobra de los ayuntamientos para blindar esos derechos que poco a poco les están robando a la ciudadanía”.
Por su lado, el alcalde de la capital gaditana, José María González ‘Kichi’, que no ha podido asistir a este acto por sus obligaciones en el Consistorio, sí ha hecho llegar su satisfacción por esta propuesta en un vídeo difundido a través de las redes sociales. “Hoy es un gran día para el municipalismo, por fin nuestros representantes en el Congreso llevan la voz de nuestros vecinos”, ha apuntado el primer edil de Por Cádiz sí se puede, agregando que “se trata de responder a un problema que es básico”, a saber, “nosotros desde los ayuntamientos tenemos que responder a los problemas cotidianos de nuestra ciudadanía sin tener la financiación para ello”. Para Gonzáles Santos, “los municipios no somos el problema” ya que su endeudamiento es sólo el 3,5% del total estatal. Por eso, felicita a los compañeros de Unidos Podemos por esta iniciativa.
“RECUPERAR LA AUTONOMÍA LOCAL”
Si saliera adelante esta propuesta de ley, los ayuntamientos “podrán recuperar la autonomía local”, lo que se traduce en primar la gestión directa de servicios municipales a la privatización; recuperar competencias y establecer nuevas, como por ejemplo el fomento del empleo, la lucha contra las violencias machistas o la participación municipal. Así como consensuar un nuevo municipalismo para el país en torno a tres ejes fundamentales: una nueva Ley de Bases de Régimen Local, para clarificar y aumentar las competencias de los entes locales y repensar el papel de las diputaciones; un nuevo sistema de financiación local que garantice derechos y prestación de servicios esenciales a los ciudadanos; y una apuesta por la transparencia y la participación directa y vinculante de la ciudadanía.
Además, la ley de la formación morada y sus confluencias define cuáles son los servicios esenciales que debe prestar el ayuntamiento y fija las bases para acabar con los límites a la contratación de personal de cara a prestar estos servicios, y permite, cambiando el Real Decreto que lo articula, que los ayuntamientos formalicen nuevas operaciones de crédito cuando cumplan con los requisitos de estabilidad presupuestaria.
LOS EFECTOS “DESOLADORES” DE LA LEY MONTORO
Podemos Cádiz expone en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que la realidad que deja esta Ley Montoro tras de sí “es desoladora”. Esta ley impuesta en solitario por el Gobierno de Rajoy permitió y permite la retirada de competencias esenciales a los municipios en materia de servicios sociales, salud y recaudación tributaria en favor de las comunidades autónomas y diputaciones, favoreciendo la privatización y externalización de servicios mediante el endurecimiento de las condiciones para que no fueran prestados por los propios ayuntamientos, lo que supuso a su vez una reducción de las contrataciones de personal público, una reducción en la calidad de los servicios prestados y que disolvió las empresas públicas que prestan servicios públicos esenciales que no arrojaron beneficios en los ejercicios de 2013 y 2014. Así, con la excusa de la “estabilidad presupuestaria”, la derecha recortó la autonomía de los ayuntamientos, especialmente en materia de protección social y de prestación de servicios públicos esenciales.
Todo esto frente a la situación real de los ayuntamientos, ya que, salvo excepciones, estas administraciones locales “no están en una situación económica grave”, llegando a contabilizar un superávit del 0,44% en el ejercicio de 2015. Es decir, que mientras la administración central y las comunidades autónomas son responsables de la mayor parte del déficit, “el Gobierno impide a los ayuntamientos emprender determinadas medidas, especialmente orientadas a la prestación de servicios públicos esenciales y de protección de los más golpeados por la crisis, poniendo en riesgo la atención a mayores y dependientes, el mantenimiento de las escuelas, las oficinas de atención a la mujer o el fomento del empleo, entre otros, de las instituciones que más cerca trabajan de los ciudadanos”.
Esta propuesta de ley de Unidos Podemos no pretende ser la solución definitiva a estos problemas, sino que su primer objetivo es “liberar a los ayuntamientos del yugo” que impone la Ley Montoro y abrir la oportunidad para elaborar un nuevo proyecto de municipalidad en España, con la participación de la ciudadanía y de los entes locales.
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