El Sindicato de la Policía Local Independiente (SPLI) de San Fernando también ha expresado su “profunda preocupación” ante posibles accesos no justificados a datos personales de ciudadanos desde el Gobierno local del PSOE, unos hechos que, de confirmarse, podrían suponer una vulneración grave de la normativa de protección de datos.
Según expone en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, estos indicios han sido puestos en su conocimiento a través de denuncias de otro sindicato policial (el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía, SIP-AN, de las que se hacía eco el PP.
Al respecto, el SPLI señala que entre las personas que deben dar explicaciones “claras y públicas” figura la concejala de Seguridad Ciudadana, María José Foncubierta, en relación con el uso de sistemas policiales que contienen datos de carácter personal y especialmente protegidos.
Este sindicato subraya que no atribuye responsabilidades penales ni administrativas, ya que corresponde a los órganos competentes determinarlo, aunque considera que los indicios obligan a exigir “transparencia, explicaciones inmediatas y la apertura de investigaciones”.
Además, recuerda que la normativa vigente, como el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos, establece que el acceso a información personal solo es legal “cuando existe habilitación legal expresa y motivación funcional suficiente, extremos que deben ser acreditados sin margen de duda”.
“LOS POLÍTICOS NO ESTÁN POR ENCIMA DE LA LEY”
El SPLI recuerda además que los cargos públicos “no están por encima de la ley” y que la protección de los datos personales de los vecinos “no admite zonas grises ni silencios prolongados”.
La transparencia “no es una consigna política: es una obligación legal”, se apostilla, antes de anunciar “cuantas acciones sindicales, administrativas o legales sean necesarias si no se producen aclaraciones inmediatas, completas y convincentes sobre unos hechos que afectan directamente a derechos fundamentales”.
En este sentido, este sindicato policial reclama explicaciones “inmediatas y documentadas” a Foncubierta sobre el alcance y la cobertura legal de los accesos, así como que el Ayuntamiento aclare si se han producido accesos fuera de los supuestos autorizados y si existen controles internos que lo acrediten. Y también pide que los hechos se pongan en conocimiento de los organismos competentes y que el PSOE local adopte “medidas políticas necesarias” para preservar la confianza ciudadana mientras se esclarece la situación.
EL PP RECLAMA A CAVADA UNA EXPLICACIÓN “CLARA Y DETALLADA”
Horas antes, el PP ya había mostrado su “profunda preocupación” ante la denuncia presentada por el SIP-AN ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, afirmando que la concejala de Seguridad Ciudadana habría tenido acceso a una aplicación policial que permite consultar datos personales de todos los vecinos, incluyendo incidencias policiales, diligencias y atestados judicializados, así como información especialmente sensible.
A colación, para el principal partido de la oposición “no todo vale en política ni en la gestión pública. Los datos personales de los isleños no son un recurso al servicio de ningún cargo político. Si se confirmase que una persona con responsabilidades de gobierno ha tenido acceso a información policial sensible sobre ciudadanos particulares, estaríamos ante una gravísima vulneración de derechos fundamentales que exigiría responsabilidades políticas inmediatas”.
“Los isleños tienen derecho a saber quién maneja su información personal y con qué fines”, insisten desde la derecha local, que exige al Gobierno de Cavada tres cosas concretas: primero, que la alcaldesa comparezca y ofrezca una explicación “pública, clara y detallada”; segundo, que se suspenda cautelarmente dicho acceso hasta que el Consejo de Transparencia concluya su investigación; y tercero, que el Ejecutivo municipal colabore con las actuaciones del organismo autonómico y haga públicas las conclusiones que se deriven del proceso.
El PP entiende que, si los hechos denunciados por el SIP-AN se confirman, “no se trataría de un error administrativo, sino de un problema de fondo en la concepción que este Gobierno tiene del ejercicio del poder”. La transparencia y el respeto a la privacidad de los ciudadanos “no son valores opcionales: son obligaciones legales y éticas que no admiten excepción”, se sostiene.
