El Ayuntamiento de Puerto Real continúa trabajando con los centros escolares más afectados por el pasado temporal Bernard, cuyos daños se produjeron el 19 de octubre y días posteriores, sin que hasta ahora la Junta de Andalucía, la administración competente, “haya dado un paso para contribuir al arreglo, y que la comunidad educativa pueda recuperar el normal desarrollo del curso, como es su obligación”.
Al respecto, la alcaldesa Aurora Salvador, junto a otros miembros del equipo de Gobierno con responsabilidades en la cuestión (Educación, Infraestructuras y Mantenimiento), se reunía días atrás con las asociaciones de padres y madres (AMPAS) del CEIP Río San Pedro y de la Escuela Infantil Elvira Lindo, centros que han sufrido los daños más graves.
En el Río San Pedro se han roto dos de las claraboyas que se encuentran en el distribuidor del colegio, de modo que esta zona de acceso a las distintas aulas se encuentra totalmente a la intemperie, expuesta todavía a las lluvias que se han producido a posteriori y a las que vengan en próximos días.
Y en la guardería Elvira Lindo, las láminas de caucho instaladas en el tejado se han desprendido por la fuerza del viento, dejando las cubiertas al aire sin protección, el agua se filtra por el pasillo e incluso está afectando a cuadros eléctricos, una situación que puede agravarse si continúan las lluvias.
“LA JUNTA ELUDE SUS OBLIGACIONES EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ALEGANDO LA COMPETENCIA QUE TIENE EL AYUNTAMIENTO EN LA CONSERVACIÓN DE LOS COLEGIOS”
En el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, el Consistorio asegura que desde aquel temporal, han sido “numerosos” los intentos de la primera edil izquierdista de ponerse en contacto con la delegación territorial de Desarrollo Educativo y FP, concretamente con su responsable Isabel Paredes. Sin embargo, “no ha mostrado interés en solucionar el problema, argumentando su equipo técnico que son labores de conservación y que, por tanto, corresponde al Ayuntamiento acometer las reparaciones”.
Salvador ha lamentado que la administración autonómica “intente eludir sus obligaciones en infraestructura educativa alegando la competencia que tiene el Ayuntamiento en la conservación de los colegios, pero no es éste el caso”.
Y es que la alcaldesa ha hecho suyo el criterio técnico del servicio municipal de Infraestructuras, que grosso modo ha apuntado que los trabajos que corresponden a la administración local están orientados al cuidado necesario para que el edificio pueda seguir funcionando adecuadamente para el fin proyectado, es decir, los trabajos de mantenimiento y conservación: “esto no se aplica a los trabajos que incluyen sustitución de materiales que han llegado al final de su vida útil, y que deben ser sustituidos por otros materiales similares, con el fin de mantener las condiciones de seguridad, salubridad y ornato del edificio”.
Así, Aurora Salvador confía en que el Gobierno andaluz del PP “no se demore más en reconocer su obligación de acometer los trabajos necesarios, y que piense en el bienestar de la comunidad educativa de ambos centros”.
