La siempre cuestionada Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz se sumaba el pasado junio a amortiguar los efectos socio-económicos de la pandemia del coronavirus.
Tras la llamada de atención en pleno estado de alarma del alcalde de Chiclana y expresidente del ente supramunicipal, José María Román, instando a la institución a repartir entre sus ‘socios’ su superávit, se terminó anunciando que se distribuirá entre los siete ayuntamientos mancomunados algo más de 1,8 millones de euros del remanente de la Mancomunidad para un plan de subvenciones extraordinarias, “para que puedan afrontar en mejores condiciones la crisis social derivada del Covid-19”. Lo que supone hasta 260.000 euros por localidad.
No obstante, en ese momento ya se aclaraba que dado que la situación de pagos de cada ayuntamiento ante sus cuotas mancomunadas (un mínimo de 48.000 euros al año) “no es igual en todos los casos”, cada uno “percibirá cantidades distintas o bien aminorará dicha deuda histórica”. Y se subrayaba los casos de los consistorios morosos de Jerez y de Puerto Real.
Así, pese a que ya se sabía que el Ayuntamiento puertorrealeño no podía acceder a estos fondos (le debe a la Mancomunidad alrededor de 960.000 euros, deuda que comenzaba en 2003), el miércoles el Gobierno local de PSOE y AxSí y el principal partido de la oposición, Adelante Puerto Real, se cruzaban notas de prensa sobre el asunto. E inusualmente, este jueves ha salido a la palestra el propio presidente del ente mancomunado, David de la Encina, para aclarar la cuestión.
Así, por un lado, el concejal de Economía y Hacienda, Rufino Morillo, ha culpado a los equipos de gobierno anteriores (se supone que incluía en su denuncia al Ejecutivo que lideraron los andalucistas, ahora socios de gobierno del propio PSOE) de que la Villa no pueda acceder a esta subvención: “si en anteriores mandatos se hubieran cumplido las obligaciones a las que estaban comprometidos, nuestro municipio recibiría ahora la nada despreciable cantidad de 260.000 euros, que vendrían a paliar los numerosos gastos producidos por la crisis del coronavirus”.
“Respetamos todas las opiniones, incluso las de quienes no creen en el sistema. Pero si se accede a una responsabilidad del gobierno que tiene unas normas, hay que cumplirlas, no obviarlas como si no existieran, porque quien sufre finalmente las consecuencias es la ciudadanía. La dignidad política de un Ayuntamiento ha de pasar ineludiblemente por el cumplimento de los compromisos que adquiere”, subrayaba este edil socialista.
Y ante ello, replicaban desde Adelante (la coalición de Podemos e IU) incidiendo en que “con lo que ha habido en las arcas municipales, lo que pudo hacer el anterior equipo de Gobierno (de Podemos y Equo) fue pagar todos los proyectos que llevamos conjuntamente (con la Mancomunidad), como por ejemplo el centro de acogida de animales, el balizamiento de playas y el coche de las multas, pero no se podía hacer frente a la deuda que otros habían dejado, y cuando hablamos de otros recordaremos que también están entre esos otros los actuales socios del PSOE”.
Además, se lamentaba que la alcaldesa, Elena Amaya, no se hubiera puesto en contacto con la Mancomunidad para negociar una solución: “¿se han agotado todas las vías para llegar a un acuerdo que permita a la ciudadanía de Puerto Real disfrutar de esta ayuda?; desde la Mancomunidad nos manifiestan que harían lo imposible por arreglar este problema si Amaya levantara el teléfono cuando la llaman”. Adelante terminaba pidiendo la dimisión de la alcaldesa y de su edil de Hacienda “si tienen algo de decencia, y que dejen que otros hagan lo que ustedes no son capaces”.
LA ACLARACIÓN DE LA MANCOMUNIDAD
Tras este cruce de comunicados, el presidente de la Mancomunidad, el socialista David de la Encina, ha aseverado en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que “es incierto que esta Mancomunidad haya intentado contactar con la alcaldesa sin conseguirlo: durante todo el proceso de elaboración de esta convocatoria ha habido una interlocución continua con los gobiernos de todos los ayuntamientos”.
En el caso de Puerto Real, precisa, “han intervenido activamente tanto a nivel técnico tratando el personal municipal con la gerencia de esta Mancomunidad, como también a nivel político en numerosas conversaciones mantenidas entre el presidente de la Mancomunidad con el concejal Rufino Morillo y con la propia Amaya”.
De la Encina agrega que la dificultad de subvencionar al Ayuntamiento de Puerto Real “no radica en una llamada que pueda hacer alcaldesa” sino que “tiene una raíz mucho más profunda y unas causas que proceden de etapas anteriores”, esa deuda con el ente de casi un millón, desde principios de siglo. “Durante los últimos 17 años ningún gobierno de Puerto Real ha pagado ni las cuotas corrientes ni las históricas”, se deja claro.
En este sentido, existiendo deuda del Ayuntamiento “queda vetada la posibilidad de percibir subvenciones, por imponerlo así la Ley General de Subvenciones, que es de obligado cumplimiento más allá de las llamadas o de la voluntad que tenga la Alcaldía”.
La única opción que se le ha propuesto a este Consistorio, como al resto de la Bahía, “ha sido que, como también indica la mencionada Ley General de Subvenciones, previa certificación de la deuda por parte de la Intervención, el Ayuntamiento haga un reconocimiento de la cuantía de la misma, la asuma en su totalidad y solicite un aplazamiento o fraccionamiento comprometiéndose a abonarla en un plazo concreto”.
A ese respecto, se detalla desde el ente supramunicipal, tras “numerosas gestiones técnicas”, desde el bipartito puertorrealeño han manifestado que existen discrepancias en cuanto a la cuantía de la deuda y, a la vez, que no existe capacidad financiera como para asumirla toda y comprometerse a abonarla en un determinado plazo, “máxime cuando ese Ayuntamiento está haciendo frente a otras numerosísimas obligaciones, a pagos de primera necesidad y a inversiones en su municipio, que entienden prioritarias antes que destinar el escaso dinero municipal a pagar la deuda histórica con la Mancomunidad que, como se ha indicado data desde el año 2003”.
De este modo, De la Encina sentencia que la Mancomunidad de la Bahía “no se niega a subvencionar al Ayuntamiento de Puerto Real ni a ningún otro”; simplemente debe cumplir con lo establecido en la ley”.
Finalmente, el presidente del ente termina lamentado el verse involucrada en debates de ámbito local, “ya que, desde su nacimiento, la Mancomunidad ha mantenido siempre su neutralidad”.
