IU ha denunciado el “boicot al que está sometiendo el PP al Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz”, una actitud de la derecha en este ente público a través de sus ayuntamientos que “puede poner en peligro su propio funcionamiento, los puestos de trabajo, los servicios que se prestan y las bonificaciones y las ayudas que se ofrecen desde el mismo”. Actualmente, no cuenta con presupuestos para 2015 y se encuentra en un limbo jurídico.
IU ha denunciado el “boicot al que está sometiendo el PP al Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz”, una actitud de la derecha en este ente público a través de sus ayuntamientos que “puede poner en peligro su propio funcionamiento, los puestos de trabajo, los servicios que se prestan y las bonificaciones y las ayudas que se ofrecen desde el mismo”.
El coordinador provincial de IU en Cádiz, Manuel Cárdenas, que también es, todavía, delegado territorial de Fomento de la Junta de Andalucía, realizaba estas declaraciones tras una reunión mantenida por la dirección provincial izquierdista con los portavoces municipales y cargos públicos de los municipios integrados en el Consorcio (Cádiz, Jerez, San Fernando, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Chiclana, Rota, Medina, Arcos y Sanlúcar).
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Cárdenas ha calificado de “irresponsable” la actitud de los populares, al “anteponer intereses partidistas al interés de los 800.000 ciudadanos que viven el arco de la Bahía y se benefician de los servicios del Consorcio de Transportes”. Según explicó, desde la “consejería de Fomento y Vivienda se ha hecho un trabajo importante para garantizar el funcionamiento de los consorcios” y apuntó que se han llevado a cabo unas modificaciones de los Estatutos, conforme a lo estipulado por el Gobierno central en el marco de su impuesta reforma local y “que vienen a recoger las peticiones que los ayuntamientos del PP nos hacían”.
Así, entre estas modificaciones se encuentra que los consorcios pasen a depender orgánicamente de la Junta, que los ayuntamientos mantengan la mayoría en la participación de los consorcios, “cosa que respetamos” y tercero, que el porcentaje de financiación disminuyera cada vez más por parte de los ayuntamientos y fuera asumido por el Gobierno regional, y “la propuesta que hacemos es que a partir de 2017, la Junta será quien se encargue de financiar el 100% de los costes de transporte de autobús”.
“En definitiva –resalta el coordinador provincial de IU-, recogimos todas las peticiones que los ayuntamientos del PP nos estaban haciendo” y pese a este ofrecimiento, los consistorios con Alcaldías conservadoras ofrecieron “la callada por respuesta” a una reunión previa planteada en el seno del Consorcio para presentar estas modificaciones. Asimismo, señaló que como “sorpresa mayúscula” tampoco se pudo celebrar el consejo convocado en el mes de diciembre, en el que “por cumplimiento de la ley estatal”, se debía, aparte de aprobar los presupuestos para el próximo año, aprobar la modificación exigida de los estatutos antes del 31 de diciembre. Para lograr que no se celebrara el consejo, utilizaron “una argucia jurídica” recogida en los estatutos, de manera que si el vicepresidente no asiste al consejo, éste no puede celebrarse.
Llegados a este punto, “la realidad actual es que no hay presupuesto para 2015 y el Consorcio se encuentra en un limbo jurídico que le podría llevar a una causa obligatoria de disolución del mismo”. Para Cárdenas, esta situación supone “un atentado a los servicios públicos” además, de una “gran irresponsabilidad del PP, que por otra parte no nos extraña, porque puede formar parte de una estrategia global de falta de servicios públicos y presencia de la iniciativa privada”. Del mismo modo, lamenta que “los alcaldes de la Bahía le sigan el juego al PP”, anteponiendo el interés del partido al de los ciudadanos.
500 EUROS MÁS DE GASTOS PARA UN USUARIO HABITUAL
El caso es que de acuerdo con los datos obtenidos por IU, no contar con las ventajas que le ofrecen a un usuario habitual de los servicios de transporte del Consorcio, le podría suponer 500 euros más de gasto en transportes al año.
Este partido insiste en que este boicot de la derecha puede traer dos graves consecuencias: de un lado, puede darse una disminución de los servicios, ya que actualmente, se prestan más servicios de los conveniados y cuyo sobrecoste es asumido por el Consorcio; “si este deja de funcionar, evidentemente habría una disminución de servicios”.
Por otro lado, gran parte del presupuesto del Consorcio se dedica a subvencionar el coste del billete a través de las tarjetas, que también se vería eliminada si el Consorcio dejara de funcionar. Actualmente funcionan 105.000 tarjetas en la Bahía de Cádiz y al año son usadas unas 5,3 millones de veces -4,8 millones para viajes en autobús, y el resto en el catamarán entre la capital y El Puerto y Rota-.
La ofensiva de IU vendrá en forma de una moción que se presentará en todos los ayuntamientos implicados, “para que el PP se moje y explique a los ciudadanos qué están haciendo con todo esto”.
“No queremos ser alarmistas ni exagerados, pero la situación es esta”, sentencia Cárdenas, a la vez que asegura que “queremos propiciar entendimiento, diálogo y consenso ante esta situación”. En este sentido, confía en que los ayuntamientos de la comarca “aprueben los estatutos y si tienen algo que modificar que lo digan, pero que no den la callada por respuesta”, algo que a su juicio es “una falta de valentía política”.
