La consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía se ha comprometido a contratar una auditoría externa de las problemáticas obras de rehabilitación de los 93 bloques (con hasta 606 viviendas) de la barriada de La Asunción, en Jerez, costeadas con fondos europeos de la ITI de Cádiz (se inyectan más de 5,9 millones de euros), “con idea de garantizar la buena ejecución de la subvención concedida”.
El objeto de esta auditoría, en la que dicen llevar trabajando desde hace unos meses la Junta y el Ayuntamiento, pretende realizar una valoración del correcto desarrollo de las obras, así como de la supervisión de los trabajos a cargo de la anterior dirección facultativa.
Al respecto, desde hace meses se viene alertando de que los trabajos ejecutados en algunos de los bloques beneficiarios no cumplen con una calidad mínima que garantice la seguridad de las personas que viven allí; “han tenido que sufrir como durante los días de viento y lluvia han aparecido humedades, han volado los revestimientos de los tejados e incluso hay peligro real de incendio por la mala colocación del cableado eléctrico”, han denunciado, por ejemplo, desde Adelante Andalucía.
Entretanto, en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz se señala que se trata de otro paso más “para velar por estos jerezanos”, después de que tras la movilización vecinal y las denuncias de partidos como PSOE, La Confluencia y Adelante, se aprobara ampliar el plazo para finalizar la rehabilitación de los bloques, que inicialmente debía acabar antes de 2024 (se ha prorrogado hasta junio). Con ello, se garantizaba la finalización en tiempo y forma de estos trabajos, que, según la versión de la Junta, “han sido un caso excepcional sobre el resto de barriadas beneficiarias de las subvenciones de la ITI, que sí se han ejecutado en los plazos previstos”.
En paralelo a estos trabajos, se ha acordado la puesta en marcha de esta auditoria, con la que se persigue “arrojar certidumbre a los vecinos” de este barrio vulnerable con 60 años de antigüedad, a los que “se les ha ido informando puntualmente de los pasos que se han dado para que todos los trabajos no solo se desarrollen, sino que se hagan con todas las garantías”, entienden desde la administración autonómica.
“JUNTA Y AYUNTAMIENTO INVOLUCRADOS MÁS ALLÁ DEL PAPEL QUE LEGALMENTE LES CORRESPONDE”
Es más, se apostilla que la Junta y el Ayuntamiento, ambos ahora con gobiernos de derecha, “se han involucrado en esta actuación más allá del papel que legalmente les corresponde”.
Por un lado, la administración andaluza dice ser “la entidad que concede las ayudas económicas”. Mientras que la administración local, “como entidad colaboradora, propuso un área de actuación”.
“Y a partir de ahí, optaron a esas subvenciones las comunidades de propietarios, que han sido los que han contratado tanto las obras como la dirección facultativa encargada de velar por su supervisión. Pese a ello, se ha tutelado y asistido en todo lo que han requerido los afectados, a la vista de las dificultades que ha tenido la ejecución de la obra”, se subraya; y se calcula que “se han celebrado más de 30 reuniones de trabajo para ayudar a desbloquear esta situación”.
