Dentro de la denominada Operación Teresa II, la Policía Nacional ha acabado con un entramado delictivo establecido en viviendas protegidas de Jerez cuyo objetivo era el cultivo y procesado de marihuana para introducirlo directamente en el mercado negro local, nacional o europeo. Los ahora detenidos habían ocupado y transformado totalmente cinco casas ubicadas en un mismo bloque de ocho alturas propiedad de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía, destinado al alquiler social.
La intervención derivó de una investigación comenzada hace varios meses en la cual se requisaron varios kilos de esta droga a bordo de un vehículo conducido por dos varones en la zona sur de Jerez, que trataron de darse a la fuga. En las pesquisas posteriores se demostró que estos individuos pertenecían a grupos delincuenciales establecidos en Sanlúcar y que se habrían desplazado expresamente a la barriada jerezana de la Constitución para la compra de la sustancia intervenida.
Siguiendo este hilo, según relata la Policía en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, se constató que en un bloque de viviendas de la plaza Santa Teresa de Jesús se estaban utilizando varias viviendas como lugar de cultivo y procesado de plantas de marihuana por un mismo grupo delictivo; entre los “indicios claros” estaban el fuerte olor irritante desprendido de estas plantas, calor excesivo en las paredes de las viviendas, filtraciones de agua en techos y paredes, ruido constante de aparatos de aire acondicionado, así como el gran consumo de fluido eléctrico en la comunidad.
Todo ello, junto con la presencia constante de personas ajenas a la finca, contribuyó a un detrimento evidente de la calidad de vida del resto de vecinos del bloque, “personas y familias de condición económica humilde que se veían además coaccionados para que no manifestaran sus quejas”.
Con todas las pruebas, la autoridad judicial concedía los pertinentes autos para practicar los registros simultáneos en estas cinco viviendas, concretamente en las plantas segunda, cuarta y octava, todas en régimen de alquiler por parte de la administración autonómica.
La operación policial arrojó un resultado de ocho detenidos y la intervención de más de 800 plantas de marihuana, y de multitud de utensilios y aparatos para el cultivo de esta sustancia: 54 balastros magnéticos, 45 conjuntos de lámparas halógenas, 18 ventiladores, cuadros eléctricos, filtros de carbono, así como bidones de fertilizantes, junto con comprimidos de anabolizantes, 751 euros y unos 146 gramos de hachís.
Todas las instalaciones desmanteladas se nutrían de energía eléctrica mediante enganches ilegales artesanales a los cuadros de contadores de la luz comunes del edificio, suponiendo además “un peligro real y grave de incendio por sobre carga”, riesgo que en edificios de tantas alturas y viviendas “pueden adquirir extrema gravedad”, resalan desde la Policía Nacional.
Entre los implicados hay cinco varones y tres mujeres entre 19 y 51 años de edad, a todos ellos les constan antecedentes anteriores, y se les acusa de los delitos contra la salud pública y de defraudación de fluido eléctrico.
La investigación ha sido efectuada por el Grupo de Estupefacientes adscrito a la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional de la Comisaría jerezana, siendo apoyados en su intervención por la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y por el Grupo Beta de Policía Administrativa de la Policía Local.
