Los datos del primer trimestre de 2021 hechos público por el Consejo General del Poder Judicial (CPGJ) evidencian “el fracaso de los gobiernos en proteger a las familias más empobrecidas en medio de la pandemia”. En este sentido, y atendiendo a ese informe, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) denuncia que ni la aplicación del decreto antidesahucios, ni el estado de alarma han evitado que se sigan produciendo numerosos lanzamientos habitacionales en la comunidad autónoma.
Pero es que además en el caso de la provincia de Cádiz las cifras “son demoledoras”. Cádiz es la segunda provincia en lanzamientos en valor absoluto (sólo por detrás de Málaga) y se llevan a cabo tres lanzamientos diarios. Por otra parte, se registra un incremento respecto al año anterior del 108,4%, “un dato estremecedor superior a cualquier otra provincia andaluza”: de 173 en el primer trimestre de 2020 a 277 en el primero de 2021.
Entre enero y marzo se han producido en toda Andalucía 1.685 lanzamientos habitacionales, lo que supone que se ejecutan un total de 18,7 desahucios diarios de media. De ellos, 1.109 son por impago de alquiler, 12,3 diarios, lo que representa el 66% del total, superando a los 576 debidos a las ejecuciones por impago de hipotecas.
La Apdha subraya en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que esta situación, “critica” no es más que la consecuencia de “la pobreza histórica instalada en Andalucía, acentuada en este último año por los efectos de una pandemia que se ceba con las familias más vulnerables”. Con una tasa de paro del 22,6%, (que en la provincia gaditana supera el 27%, a la cabeza de todas las provincias españolas) frente al 15,9% del total nacional, “parece consolidarse el fracaso de las políticas instauradas y el abandono institucional hacia nuestra comunidad, por encima de declaraciones grandilocuentes”.
Además, esta entidad sostiene que “no es de extrañar que 12 de los 15 barrios más pobres de España se encuentren en la comunidad autónoma andaluza, cuando constatamos que la Renta Mínima de Inserción andaluza es insuficiente y excluyente, que el Ingreso Mínimo Vital no llega a la mayoría de las familias en riesgo de exclusión, y que los servicios sociales están minimizados por los drásticos recortes presupuestarios aplicados”.
“Estas rentas coexisten con otra maraña de ayudas de organismos públicos y privados que condiciona y complica el acceso a un ingreso digno”, por lo que la Apdha defiende que “la Renta Básica Universal aparece como la solución más simple e inmediata para acudir al rescate de las personas empobrecidas haciendo realidad la promesa de que nadie va a quedar atrás”.
“TIBIAS MEDIDAS Y MUCHA PROPAGANDA”
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía recuerda que viene reclamando desde hace ya casi una década, desde 2012, la aplicación del “estado de emergencia habitacional”, que “exige de las autoridades una actuación enérgica e inmediata”. Mas las únicas respuestas que encuentra son “tibias medidas y mucha propaganda”.
“Hoy, en nuestras ciudades, se da la irracional e inhumana situación en la que coexisten miles de viviendas vacías detentadas especulativamente por bancos, fondos de inversión y otros grandes tenedores, y miles de familias sin derecho a ellas”, se reprocha.
En este sentido, reclama como “medida imprescindible” incrementar el parque público de viviendas en alquiler social, “ya que el existente es poco significativo e incapaz de incidir en los precios”. Y que el remanente de pisos públicos existentes en estos momentos, para el alquiler o venta en condiciones y precios de mercado, “se traspase de inmediato a alquiler social, adjudicándose a las familias necesitadas”.
Además, advierte, “es necesario que cese la política represiva contra las familias que, ante lo desesperada de su situación, se han visto compelidas a ocupar pisos vacíos en su gran mayoría propiedad de grandes especuladores financieros”.
Para la organización, la situación de emergencia habitacional “exige que todos los poderes públicos se pongan ya al lado de las personas que han perdido sus residencias y carecen de hábitat digno”.
La Apdha sentencia que sigue reivindicando la vivienda “como un derecho humano y no como un negocio” y exigiendo el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución española que establece que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.
