La Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía mantienen un convenio de colaboración desde 1985 para el mantenimiento de 16 Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTA) en la provincia y la atención de personas con drogodependencia. Sin embargo, la dirección del Servicio Andaluz de Salud (SAS) acaba de comunicar que deniega renovar el acuerdo y afrontar la aportación de 1,9 millones de euros anuales para esta red asistencial.
Ante esta situación, si la Junta, ahora con gobierno de PP y Cs, con el aliento de la ultraderecha, no garantiza dicha financiación “pone en riesgo la atención asistencial a 6.700 personas con problemas de drogodependencia, usuarias de los diferentes centros”, ha alertado el diputado provincial de Bienestar Social, David de la Encina.
La atención anual a las personas con drogodependencia en Cádiz se presupuesta en unos 6 millones de euros de los que la Diputación aporta algo más de 3,9 millones, un “esfuerzo económico enorme”. La Junta, por su lado, debe contribuir con algo menos de 1,9 millones, según el convenio que queda ahora en el aire. Con el total se sostienen los 16 centros de la provincia y se pagan las nóminas de un centenar de profesionales.
El exalcalde socialista de El Puerto ha calificado de “alarmante” esta situación y ha lamentado que el nuevo gobierno andaluz a estas alturas del año no solo no ha confirmado su aportación a la Diputación ni a las otras siete diputaciones, sino que ha manifestado su negativa a través de un “lacónico” correo electrónico del director gerente del SAS. También ha lamentado que no se haya celebrado una reunión informativa con responsables de las diputaciones para informar de los motivos de este rechazo. No obstante, ha mostrado su esperanza de que esta situación quede resuelta lo antes posible.
“NO VAMOS A DESATENDER ESTE SISTEMA PÚBLICO DE ATENCIÓN A LA DROGADICCIÓN”
De la Encina, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, ha repasado las medidas que se están tomando desde la Diputación gaditana para solventar esta situación: por un lado va a presentar un recurso de reposición ante el SAS, que tendrá continuidad en modo de contencioso si resulta desfavorable. Además, el propio diputado provincial ha solicitado sendas reuniones con la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz; y el consejero de Salud, Jesús Aguirre. Por otro lado, la Diputación de Cádiz está en contacto con el resto de diputaciones andaluzas para poder actuar y movilizarse de manera coordinada a favor del sostenimiento de este servicio público.
“Nuestra respuesta –ha incidido el responsable de la Diputación de Bienestar Social- es mantener el mismo compromiso administrativo. No vamos a desatender este sistema público de atención a la drogadicción y a los atendidos, ni se va a dejar en la calle a los cien profesionales”.
Por último, David de la Encina ha querido subrayar la utilidad de este servicio público, “la mayor y más prestigiosa red provincial de Andalucía de abordaje de la drogadicción”; y ha ofrecido datos sobre su funcionamiento.
Cuenta hoy día con 6.700 usuarios, lleva celebradas 40.000 citas clínicas en lo que va de año y cuenta con un centenar de profesionales, entre médicos, psicólogos, trabajadores sociales y personal administrativo. Sus centros se distribuyen por Alcalá de los Gazules, Algeciras, Algodonales, Arcos, Barbate, Conil, Chiclana, La Línea, Puerto Real, Sanlúcar, Ubrique, Rota, Villamartín, Cádiz, El Puerto y San Fernando. También se atiende a presos de las cárceles de Botafuegos y Puerto II.
En los años 80 del siglo pasado, los CTA atendieron principalmente la lacra de la heroína, en los 90 ganó triste protagonismo la cocaína, y en 2000, las drogas sintéticas. Actualmente, además del alcohol, se tratan nuevas formas de adicción como la ludopatía, el juego y apuestas on line, o el enganche a redes sociales, especialmente en menores de edad.
