Bomberos Unidos (con mayoría social en el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz y conformada por las centrales sindicales SBC, SAB y CSIF) exige a la Diputación y al presidente del CBPC, José Ortiz, que promuevan el cese “inmediato” del actual director-gerente de la entidad.
La Diputación, con gobierno de PP y La Línea 100x100, “conoce los hechos”, inciden estos sindicatos, que entiende que “ahora debe decidir si protege la legalidad y a los trabajadores o continúa sosteniendo esta forma de gestión”.
Por un lado, se relata que hace más de un año, en mayo de 2025, se solicitó respuesta a una cuestión elemental, si las guardias de localización son voluntarias u obligatorias y cuál es su regulación: “el CBPC continúa sin responder con claridad. Su posición sigue siendo que la obligatoriedad dependerá del momento y de quién solicite no realizarlas”.
“No aceptamos que una administración pública determine las condiciones laborales según quién pregunte o según convenga en cada momento. Mucho menos cuando el gerente percibe retribuciones relevantes vinculadas a esas localizaciones. Esta circunstancia exige máxima transparencia y la acreditación completa de las cantidades abonadas y de los criterios aplicados”, recalca Bomberos Unidos.
SERVICIOS SIN CONTRATO E INFRACOTIZACIONES
A ello se añade otro hecho que se considera grave: “presuntamente, determinadas mercantiles han venido prestando servicios sin contrato público”. “Hemos comprobado -apunta esta agrupación sindical- que al menos una empresa prestó al Consorcio de Bomberos servicios esenciales y recurrentes antes de que, en 2020, aparezca su primer contrato publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. No se trata de una necesidad puntual o imprevisible: debe aclararse qué cobertura contractual existió, cuánto dinero se abonó y mediante qué procedimiento”.
A decir de SBC, SAB y CSIF, la Diputación gaditana “no puede alegar desconocimiento”, ya que anualmente contrata una auditoría de las cuentas anuales de sus entes instrumentales. Sin embargo, estos sindicatos siguen sin tener acceso a esos documentos.
Finalmente, se denuncia que la Inspección de Trabajo ha constatado irregularidades en las cotizaciones a la Seguridad Social entre 2021 y 2025. Estas infracotizaciones han afectado a las bases reguladoras “y, por tanto, a las futuras pensiones de los bomberos”. Bomberos Unidos estima que las cantidades no cotizadas son de aproximadamente 450.000 euros.
“La responsabilidad de gestión no puede seguir diluyéndose. Exigimos que los representantes de la Diputación soliciten una Junta General extraordinaria del CBPC, y sometan a votación el cese del gerente”, se apostilla.
Bomberos Unidos (con mayoría social en el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz y conformada por las centrales sindicales SBC, SAB y CSIF) exige a la Diputación y al presidente del CBPC, José Ortiz, que promuevan el cese “inmediato” del actual director-gerente de la entidad.
La Diputación, con gobierno de PP y La Línea 100x100, “conoce los hechos”, inciden estos sindicatos, que entiende que “ahora debe decidir si protege la legalidad y a los trabajadores o continúa sosteniendo esta forma de gestión”.
Por un lado, se relata que hace más de un año, en mayo de 2025, se solicitó respuesta a una cuestión elemental, si las guardias de localización son voluntarias u obligatorias y cuál es su regulación: “el CBPC continúa sin responder con claridad. Su posición sigue siendo que la obligatoriedad dependerá del momento y de quién solicite no realizarlas”.
“No aceptamos que una administración pública determine las condiciones laborales según quién pregunte o según convenga en cada momento. Mucho menos cuando el gerente percibe retribuciones relevantes vinculadas a esas localizaciones. Esta circunstancia exige máxima transparencia y la acreditación completa de las cantidades abonadas y de los criterios aplicados”, recalca Bomberos Unidos.
SERVICIOS SIN CONTRATO E INFRACOTIZACIONES
A ello se añade otro hecho que se considera grave: “presuntamente, determinadas mercantiles han venido prestando servicios sin contrato público”. “Hemos comprobado -apunta esta agrupación sindical- que al menos una empresa prestó al Consorcio de Bomberos servicios esenciales y recurrentes antes de que, en 2020, aparezca su primer contrato publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. No se trata de una necesidad puntual o imprevisible: debe aclararse qué cobertura contractual existió, cuánto dinero se abonó y mediante qué procedimiento”.
A decir de SBC, SAB y CSIF, la Diputación gaditana “no puede alegar desconocimiento”, ya que anualmente contrata una auditoría de las cuentas anuales de sus entes instrumentales. Sin embargo, estos sindicatos siguen sin tener acceso a esos documentos.
Finalmente, se denuncia que la Inspección de Trabajo ha constatado irregularidades en las cotizaciones a la Seguridad Social entre 2021 y 2025. Estas infracotizaciones han afectado a las bases reguladoras “y, por tanto, a las futuras pensiones de los bomberos”. Bomberos Unidos estima que las cantidades no cotizadas son de aproximadamente 450.000 euros.
“La responsabilidad de gestión no puede seguir diluyéndose. Exigimos que los representantes de la Diputación soliciten una Junta General extraordinaria del CBPC, y sometan a votación el cese del gerente”, se apostilla.
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