La Diputación de Cádiz ha celebrado su pleno ordinario de octubre, con asuntos sobre la mesa relativos a gestión tributaria y presupuestaria, asistencia a municipios, medioambiente, prestaciones sociales, vivienda, educación, violencia de género y derechos laborales, entre otros.

En el capítulo de mociones políticas, han salido adelante todas las presentadas, aunque no con unanimidad. Es el caso de la registrada por el PSOE buscando reafirmar el compromiso de la institución provincial con “el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible, especialmente para jóvenes, familias trabajadoras y colectivos en situación de vulnerabilidad”. 

El portavoz socialista, Javier Pizarro, ha recordado que el acceso a un hogar es un problema estructural y ha exigido a la Junta de Andalucía (que además tiene las competencias) que aplique las medidas del Gobierno de España, “que moviliza 7.000 millones de euros en el Plan Estatal 2026-2030 y otros 10.000 millones a través del Real Decreto-ley 29/2026 para facilitar el acceso a la vivienda”.

Sin sorpresas, el PP, en defensa de su Junta, se ha quedado solo rechazando la propuesta. Pizarro ha lamentado así la “ceguera política” de la derecha gaditana, que “emula a sus compañeros en el Congreso”.

LAS MOCIONES DEL PP

Por otro lado, a propuesta de los populares se ha aprobado instar al Gobierno central a reactivar de forma “inmediata” el Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en el Sur (OCON-Sur) de la Guardia Civil. Según la interpretación del portavoz del PP, Juan José Ortiz, “a pesar de la utilidad y eficacia demostradas” esta unidad de élite creada en 2018 fue desmantelada en 2022 por el ministerio de Interior, provocando “graves consecuencias”, no sólo “en la lucha contra el narcotráfico sino en la seguridad de los servidores públicos que trabajan sobre el terreno y de la sociedad en general. 

La derecha considera en la información trasladada a DIARIO Bahía de Cádiz que el desmantelamiento de esta unidad y la falta de medios técnicos, tecnológicos y recursos humanos, “ha sido un balón de oxígeno para unos delincuentes cada vez más agresivos y equipados con armas de guerra”.

La propuesta, aprobada por mayoría con los votos de PP, La Línea 100x100 e IU y la abstención del PSOE, incluye declarar Zona de Especial Singularidad al litoral andaluz y el cauce del Guadalquivir, reforzar la plantilla de la Benemérita en la provincia y dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de los medios necesarios para hacer frente al narco. 
 
En otro sentido, los populares, han puesto sobre la mesa la situación de las familias con menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves, cuando pierden la denominada prestación CUME (una ayuda que permite compensar la pérdida de ingresos por reducir la jornada laboral para cuidar al menor) por alcanzar una determinada edad. 

Aprobada por unanimidad, con esta moción la Diputación manifiesta su apoyo a estas familias (unas 600 en la provincia gaditana) e insta al Gobierno de España a promover “con carácter urgente” las modificaciones legislativas necesarias para permitir la “prórroga excepcional” de esta prestación más allá de los 26 años de edad.

LAS MOCIONES DEL PSOE

El PSOE, a su vez, ha presentado al pleno dos mociones más, y como no, las dos instando al Gobierno andaluz de Moreno Bonilla y Vox.

En una de ellas se reclama a la administración autonómica mantener la “plena independencia técnica y profesional” de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) sin “interferencias políticas o ideológicas”, disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para desarrollar sus funciones, y garantizar la “continuidad, estabilidad, especialización y calidad” del Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA), entre otras medidas. Se ha aprobado por unanimidad.

La iniciativa se hace eco del recelo de colectivos feministas y asociaciones de mujeres hacia la gestión de la extrema derecha en el nuevo Ejecutivo andaluz. Además, la diputada socialista Carmen Collado, encargada de su defensa, ha introducido en el debate la situación del todavía alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, quien acumula ya dos denuncias por acoso y agresión sexual, lamentando “el pacto de silencio del PP que le ha permitido actuar impunemente durante años”. Las alusiones, como era de esperar, han calentado a la bancada de la derecha.

Además, los socialistas han expuesto la falta de personal en las escuelas infantiles públicas en el Campo de Gibraltar. Por unanimidad se ha exigido a la Junta “garantizar la cobertura inmediata de las plazas vacantes, bajas, jubilaciones y traslados”, y establecer un “plan específico de seguimiento y refuerzo” para anticiparse a las necesidades que surjan en cada centro. 

LAS MOCIONES DE IU

Y en el caso de Izquierda Unida, ha elevado al debate mensual una moción reclamando al Gobierno de España y a la Junta establecer una “senda plurianual” de financiación que permita mejorar la prestación del servicio de la Dependencia. 

Su portavoz, Ramón Galán, ha defendido que “la atención a la dependencia necesita un modelo económico suficiente, estable, previsible, actualizable y sostenible en el tiempo”. “Creemos que el foco no está en los ayuntamientos que prestan este servicio (que no es de su competencia), ni siquiera en las empresas que prestan este servicio; aquí lo que estamos pidiendo es financiación ajustada al coste real del servicio”, pero sobre todo, “gobierne quien gobierne”.

En cuando a la segunda moción izquierdista, ha planteado ante el pleno la necesidad de “corregir” la situación de “precariedad laboral” del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) en los centros educativos. Pese al voto en contra del PP, se ha aprobado instar a la Junta a atender las demandas de los colectivos, dotar a los colegios e institutos de “suficiente personal de apoyo” al alumnado con necesidades educativas especiales y llevar a cabo “contratos estables” a estos profesionales, entre otras medidas. 

Asimismo, se reclama al Gobierno andaluz que lleve a cabo una revisión urgente del modelo de externalización, “que solo ha servido para precarizar y discriminar a trabajadores que realizan funciones equiparables”. Y, finalmente, insta al Gobierno de España a establecer “ratios estatales fijas y una dotación mínima de PTIS basada estrictamente en las necesidades reales del alumnado con necesidades”.

Más allá de las mociones, durante esta sesión plenaria se ha apoyado a Arcos de la Frontera tras las recientes inundaciones; se ha abordado la solicitud a la Junta para seguir haciendo uso para actividades medioambientales de la finca ‘Junta de los Ríos’, también en Arcos; y se ha hablado de los recortes de vuelos entre Jerez y Madrid; de la falta de respuesta a los bomberos del Consorcio; y de la retirada de competencias al diputado Germán Beardo sobre El Madrugador, en El Puerto, después de cedérselas meses atrás no sin polémica (ya que la explotación de las instalaciones la pretende el Cádiz CF, entidad con muy buenas relaciones con el alcalde portuense).