Mientras la Junta de Andalucía (con Gobierno de PP y Cs) trata de lavarse las manos y exige a la Diputación de Cádiz (con Ejecutivo de PSOE y La Línea 100×100) que “asuma sus competencias” dentro del llamado Plan de actuación para el control de vectores culícidos en respuesta al brote de fiebre del Nilo Occidental y actúe dentro de la fase 2, tal y como quedó establecido en una reciente reunión entre las partes para afrontar el brote aparecido en la comarca de La Janda (que ya se ha cobrado tres víctimas), la institución provincial ha recurrido a su asesoría jurídica para aclarar la situación, y rebatir a la administración autonómica.
Dicho informe concluye que “es competencia de la Junta la ordenación y la ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos, incluyendo, entre otros aspectos, la salud laboral, y la vigilancia epidemiológica”. Estas competencias “incluyen las acciones sanitarias permanentes en materia de enfermedades transmisibles y la antropozoonosis (transmitidas de animal a persona)”.
En esta tesitura, entiende el diputado de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible, Mario Fernández, se incluye el plan de choque que la administración andaluz ha diseñado frente al virus de la fiebre del Nilo Occidental, que se trasmite por la picadura de mosquito, nunca de humano a humano.
Según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, el documento ya se ha trasladado a los ayuntamientos gaditanos con el ánimo de delimitar las facultades de cada entidad pública. “La Diputación y los ayuntamientos no pueden resolver una obligación que compete a la Junta. Podemos colaborar, pero no asumir un peso económico y material que no nos corresponde. No es admisible que intenten escurrir el bulto, delegando en otros las soluciones. En la provincia de Sevilla la administración autonómica ha licitado y contratado –con su propio presupuesto- las tareas de fumigación en varios municipios”, ha recordado Fernández.
Más allá de estas comunicaciones con los ayuntamientos, la presidenta de la Diputación, Irene García, ha enviado cartas al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, reclamando la asunción de responsabilidades.
“NO SE NOS PUEDEN EXIGIR ACTUACIONES DE CHOQUE, SIN RECURSOS”
La Diputación de Cádiz, desde el año 2006, lleva a cabo una campaña para controlar las poblaciones de mosquitos en una zona restringida de La Janda, concretamente en el triángulo que conforman los municipios de Vejer, Benalup-Casas Viejas y Barbate, si bien este servicio, “de asistencia a los ayuntamientos”, es de carácter ordinario y difiere de un plan de choque diseñado frente a una emergencia sanitaria.
“Desde la Junta de Andalucía se esgrime que son los municipios los competentes para la protección de la salud. Esta afirmación es incompleta. De hecho, en nuestro informe jurídico, se reconoce que los ayuntamientos sí tienen potestad para ejercer tareas de vigilancia o control (las denominadas de policía), pero no se les puede exigir actuaciones de choque como las referidas por la Junta en su plan”, insiste el también vicepresidente segundo de la institución provincial.
Añade, en relación a las exigencias de la Junta ahora de derechas, que “el plan carece de valor normativo para establecer esas obligaciones. La Junta, con los ayuntamientos, pueda transferir la competencia mediante ley; delegarla o establecer una encomienda de gestión pero, en todos esos casos, debe aportar recursos económicos y técnicos para llevar a cabo el servicio”.
Por otro lado, Mario Fernández ha recordado además las advertencias expresadas por el Colegio de Veterinarios de Cádiz: “hay que evitar exponerse a la picadura de los mosquitos, pero tampoco hay que generar alarma social ni podemos ejecutar campañas de fumigación indiscriminadas que, además de ineficaces, resultan un despilfarro de fondos públicos si no se hace un estudio de prospección previo”.
En ese sentido ha lamentado la carrera (emprendida básicamente por el PP) por reclamar el empleo de medios aéreos para fumigar, cuando el propio subdirector general de Protección de la Salud de la Junta, en un reciente encuentro convocado para dar a conocer las previsiones del plan de choque frente al virus del Nilo Occidental, “manifestó la necesidad de abandonar los tratamientos aéreos, ya que la aplicación terrestre es mucho más eficaz y más respetuosa con la salud y el medio ambiente”.
De hecho, la Diputación, en el proceso de su campaña ordinaria, adjudicó la prestación del servicio a través de medios terrestres –por su eficacia y garantía medioambiental-, si bien en el pliego de la licitación también se admitían fumigaciones aéreas. Las empresas que concurrieron a esta convocatoria optaban, conforme a sus criterios profesionales, por los tratamientos terrestres.
Esta campaña anual de la Diputación ya está en periodo de evaluación de resultados. Los datos preliminares apuntan a la casi inexistencia de larvas en las zonas donde se aplicaron los tratamientos correctores. Las fumigaciones cesaron el 15 de septiembre, conforme al plazo autorizado por la Junta en atención a la fecha límite establecida para no perjudicar los periodos de reproducción de las aves insectívoras y no alterar la cadena trófica.
La Junta, a su vez, ha defendido estos días que las labores preventivas del transmisor de esta enfermedad, que es el mosquito, “es competencia de los ayuntamientos y de la Diputación de Cádiz para municipios menores de 20.000 habitantes, según el artículo 25.2j para la Protección en salubridad pública, como siempre se ha realizado, por ejemplo, en La Janda, con tratamientos aéreos y terrestres, salvo en los últimos tres años”. Al respecto, asegura que se permite ampliar el plazo para el tratamiento, estipulado en un principio hasta el 15 de septiembre, “el tiempo que sea suficiente debido a la situación excepcional existente”.
