Cádiz se encuentra actualmente entre las diez provincias españolas con mayor siniestralidad, según las estadísticas correspondientes al primer semestre del año del Ministerio de Trabajo. Según los datos que maneja CCOO, durante los siete primeros meses de 2015, la siniestralidad aumentó en la provincia en más de 11% con respecto al mismo periodo del año anterior. Se vincula este incremento a la precariedad laboral.
La provincia de Cádiz se encuentra actualmente entre las diez provincias españolas con mayor siniestralidad, según las estadísticas correspondientes al primer semestre del año que publica en su web el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Según los datos que maneja CCOO, procedentes de estadísticas oficiales, durante los siete primeros meses del año 2015, la siniestralidad aumentó en Cádiz en un 11,37% con respecto al mismo periodo del año anterior. Este repunte se dio en mayor medida en accidentes dentro del centro de trabajo (un 11,54%) y en menos en los desplazamientos (los ‘in itinere’), un 9,53%. Marzo fue el mes con mayor incremento con respecto al mismo mes del año anterior, un 28,5%.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, este sindicato califica a la siniestralidad en el ámbito laboral como “uno de los graves problemas que padece la sociedad actual” y que afecta no solo a los trabajadores como víctimas directas, sino también a las empresas y a los empresarios, “principales responsables de velar por la salud y la vida de aquellos”.
No obstante, las soluciones “no son fáciles de encontrar”, en la medida en que, como ha quedado demostrado en varios estudios, es el propio mercado laboral, caracterizado por la precariedad y la consiguiente indefensión, el que genera los accidentes. “Se trata de un mercado laboral victimario”, explica el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Cádiz, José Gavilán.
“El empresario intenta extraer sus beneficios económicos, mientras que el trabajador emprende cada día una lucha por la conservación de su puesto de trabajo, inestable, temporal y en definitiva, precario, que despoja a su titular de la condición esencial de persona para convertirlo en recurso económico; el resultado es la deshumanización del sistema de empleo”, sostiene.
CCOO recuerda que incidir en la seguridad laboral supone también reforzar los mecanismos de control, de modo que la prevención que, como tarea y responsabilidad propia, compete a la administración pública, deje de ser una prevención sobre el papel. Al respecto, denuncia que actualmente hay un inspector de trabajo por cada 22.000 trabajadores, una proporción que apenas llega a la mitad de la media europea.
También se lamenta que existe cierta inhibición y una preferencia a la vía sancionadora administrativa frente a lo penal debido a “una falta de sensibilidad a esta forma moderna de criminalidad económica y social”.
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