Adecuar el PGOU a “las necesidades y la realidad” de El Puerto es uno de los retos más importantes que dice tener el Gobierno local PSOE-IU en materia urbanística, aprovechando las nuevas directrices que marca la Evaluación Ambiental Estratégica en Andalucía. Junto a Ecologistas en Acción, se ha planteado la repoblación del casco antiguo, la peatonalización del entorno del río Guadalete y medidas que faciliten la instalación de empresas en el polígono industrial Las Salinas.
Adecuar el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a “las necesidades y la realidad” de El Puerto de Santa María es uno de los retos más importantes que dice tener el Gobierno local PSOE-IU en materia urbanística, “y que, sin duda, marcará la agenda municipal en los próximos meses con la futura revisión del PGOU sobre la mesa”.
Al respecto, el alcalde, David de la Encina, insiste en que se trata de “un PGOU que no se ajusta a la realidad de la ciudad”. Teniendo en cuenta datos objetivos, señala que “en primer lugar la coyuntura económica no es la misma hoy que cuando se redactó el Plan General, y debido a la crisis la capacidad inversora tanto de las administración pública como privada no ha podido cumplir las expectativas de desarrollarlo, quedándose la mayoría de los casos estancado por falta de inversiones”.
Otra realidad que no se ajusta a las previsiones es el crecimiento demográfico que estimaba un padrón de 98.437 habitantes para finales de 2016 y en la actualidad se sitúa por debajo de los 90.000 habitantes.
Ante la necesidad de revisar el Plan General y con la voluntad de sumar “propuestas positivas” para el desarrollo futuro de la ciudad, el bipartito informa de que mantuvo la semana pasada una reunión “muy productiva” con Ecologistas en Acción y con el equipo técnico redactor de algunas de las ARG (áreas con viviendas ilegales que esperan su regularización) previstas en el PGOU para poner en común líneas de acción.
Por parte del equipo de Gobierno acudían el alcalde, el concejal de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, y de Urbanismo y Patrimonio, Ángel Quintana, junto al jefe de servicio de Planeamiento, Ildefonso Benítez, y el asesor jurídico del área, Pedro García Retortillo. En representación de Ecologistas participaron en este encuentro Juan Clavero, Javier Ricoy y Joaquín Paloma; y Manuel Basallote y Jesús Sendra, arquitecto y abogado del Equipo BRB.
Quintana explica en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que en el transcurso de este “importante y productivo encuentro de trabajo” se abordaron posibles propuestas conjuntas de cara a la revisión del PGOU “que atiendan a las necesidades, las carencias y las demandas actuales con estrategias de actuación consensuadas que apuesten por el desarrollo de la ciudad”. En este sentido, traslada que una de las cuestiones planteadas para, por ejemplo, compensar el crecimiento demográfico negativo sería incentivar el establecimiento de parejas jóvenes en la ciudad y sobre todo en el centro.
Una línea de acción en la que ya se está trabajando y que pasa por la ampliación de los espacios públicos frente al Parque Calderón es la peatonalización del entorno del río Guadalete. “Es muy importante para El Puerto desarrollar un área de ocio en la margen izquierda del río, y aquí tendremos que trabajar de la mano de la Autoridad Portuaria buscando la colaboración del ente público”, ha añadido este edil del PSOE.
Todos los agentes implicados en la revisión del Plan General, tal y como ha apuntado el concejal de Urbanismo, coinciden además en la necesidad de aunar esfuerzos para facilitar la instalación de empresas en las parcelas industriales en el polígono de Las Salinas.
En definitiva, a decir del bipartito, se presenta “una oportunidad única” para modificar el PGOU en su conjunto partiendo de las directrices que marca la nueva Evaluación Ambiental Estratégica en Andalucía y dándole un “sentido real”.
Tras unos doce años de tramitación, el actual Plan General se aprobaba en 2012, entonces con PP-PA en el Gobierno local. Ya entonces Ecologistas en Acción rechazaba un documento que, afirmaba, “supone la culminación de un larguísimo y tortuoso camino, en el que se han sucedido polémicas y movilizaciones ciudadanas, denuncias judiciales, imputaciones, detenciones y procesamientos de responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento… y todo por el clima de corrupción generado por la burbuja inmobiliaria que ha provocado durante las dos últimas décadas un crecimiento urbanístico insostenible que ha invadido suelos agrícolas y forestales, espacios naturales protegidos, terrenos públicos, y hasta Sistemas Generales de Espacios Libres”. Prevé, en la teoría, recalificar más de 15 millones de m2, lo que supondría un aumento superior al 80% sobre el suelo urbano actual, e incluye la construcción de más de 20.000 viviendas, que supondría un aumento de 48.000 habitantes.
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