La Audiencia Provincial de Cádiz ha estimado el recurso de apelación y ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra el concejal del PP en El Puerto y mano derecha del alcalde Germán Beardo, Jesús Garay, en el caso de la trama de corrupción de Puerto III. La resolución es firme y no admite recurso.

A mediados de 2024 se conocía la imputación de cinco personas en el marco de la operación ‘Ergástulo’ llevada a cabo por la Guardia Civil desde 2022; todas acusadas de integrar una red dedicada a facilitar beneficios penitenciarios a internos del centro penitenciario Puerto III, a cambio de dinero. 

Garay, actualmente concejal de Medio Ambiente, Infraestructuras y Policía Local, llegó a estar investigado en esta causa, como lo sigue estando en la conocida como trama del trenecito a Puerto Sherry (que estuvo operando unos días en el verano de 2023 sin licencia alguna con su permisividad, presuntamente).

Al respecto, los cuatro grupos de la oposición en el Ayuntamiento, hasta la ultraderecha, se han unido en varias ocasiones para exigir a Beardo explicaciones sobre “su subordinado” y concejal de “máxima confianza”.

Ahora, tras esta resolución de la Audiencia Provincial sobre la trama de Puerto III, el Gobierno local del PP no ha tardado en exigir “responsabilidades y disculpas públicas” a Unión Portuense, Vox, Izquierda Unida y PSOE, e incluso al Diario de Cádiz, por “los ataques y señalamientos sufrido durante años”. Reivindica así la “honradez” de sus integrantes y llega a hablar de siete años de “persecución política y personal” contra Garay, pero también contra Beardo, David Calleja y Javier Bello. 

“No se puede señalar, alimentar sospechas y hacer daño a una persona y a su familia para después guardar silencio cuando la Justicia se pronuncia. Quienes han sido tan contundentes para acusar deben serlo también para rectificar y pedir perdón públicamente”, se exige en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.

“QUE PIDAN PERDÓN Y NOS DEJEN TRABAJAR”

“Siempre he confiado en la Justicia y he defendido mi inocencia. Hoy tengo una resolución judicial que respalda mi posición y que deja en evidencia la irresponsabilidad de quienes se apresuraron a señalarme sin esperar a que los tribunales se pronunciaran”, añade el propio concejal popular, que se queja de que haya quien ha utilizado una investigación judicial para “destrozar” su reputación y honor, y “hacer sufrir” a su familia.

Garay insiste en el modo victimista aludiendo a “una dinámica de hostigamiento” contra él y contra sus compañeros de la bancada de la derecha, desde que están en el gobierno portuense: “llevamos siete años aguantando ataques, denuncias y acusaciones. A Beardo, a Calleja, a Bello o a mí nos han señalado una y otra vez, intentando hacernos daño personal y político. Mientras nosotros trabajamos por los portuenses, otros se dedican a atacarnos. Somos gente honrada y no vamos a permitir que se confunda la crítica política con el acoso personal”.

Este político popular reitera que la oposición tiene derecho a fiscalizar la gestión municipal y exigir explicaciones, pero rechaza que ese derecho se utilice como excusa para “traspasar todos los límites”. “Que critiquen nuestra gestión cuanto quieran. Estamos aquí para responder por nuestro trabajo. Pero una cosa es hacer oposición y otra muy distinta es intentar destrozar la reputación de una persona”, apostilla.

“Que pidan perdón y nos dejen trabajar. No hemos venido a la política para pasarnos la vida defendiéndonos de ataques, sino para mejorar El Puerto y responder a nuestros vecinos”, sentencia Garay.

POR UN MENSAJE DE VOZ…

En su resolución, la Audiencia considera que la única actuación conocida atribuida en el caso de Puerto III a este concejal del PP es un mensaje de voz enviado a Trifón Martín, administrador de la prisión e investigado en esta causa, para interesarse por la situación penitenciaria de un interno. Tras examinar su contenido, se concluye que ese mensaje “no constituye delito alguno”.

Así, se señala expresamente que el mensaje no contiene “presión o insinuación para que Trifón realizara más actividad que informarle”. Además, se subraya que en el auto recurrido no se concretaba qué posible delito podría haber cometido Jesús Garay a partir de la actuación que se le atribuía.

En sus fundamentos jurídicos, el tribunal repite que ese mensaje de voz “no constituye delito alguno”, por lo que estima el recurso y acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto del edil de Policía Local.