El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el recurso de casación del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) conocida a principios de octubre de 2019 que declaraba nulo de pleno derecho el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que data de 2012 (aprobado también con el PP en la Alcaldía). Este paso es el esperable, como medida para ganar tiempo mientras se elabora un nuevo PGOU actualizado y que cumpla con lo que dicta la legalidad, ya que sería toda una sorpresa que el Supremo no terminara confirmando (en entre dos a cuatro años) la anulación del documento.
Entre los motivos para tumbar el documento urbanístico (al recurrirse, sigue vigente hasta que hable el Supremo en unos años) está la inexistencia de la Evaluación Ambiental Estratégica. Y no es el primer PGOU que cae por dicha circunstancia (han seguido el mismo camino los de Chiclana, Marbella, Jaén…), algo advertido reiteradamente por ecologistas.
La decisión del Consistorio portuense de recurrir se tomaba en noviembre, aceptada por todos los partidos (en el gobierno y en la oposición) y en consenso con la Junta de Andalucía.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el alcalde, Germán Beardo, interpreta ahora que el Tribunal Supremo “ha entendido” que el recurso presentado por El Puerto “tiene la suficiente trascendencia casacional para ser admitido a trámite, ya que tumba un Plan General en su totalidad e integridad por haber sido aprobado de forma parcial mediante cuatro órdenes de la Junta, que siempre hemos mantenido que se ajustan a la legalidad”.
Así, el primer edil popular habla de una “excelente noticia”, ya que “volvemos a superar un nuevo trámite y demuestra una vez más que el Ayuntamiento ha hecho lo correcto pues es obvio que el interés casacional existía y el trabajo realizado en este sentido está dando sus frutos”.
Con la admisión formal en la Sala de lo Contencioso sección quinta del Supremo, “se mantiene el clima de esperanza”, agrega Beardo; mientras se continúa trabajando paralelamente en la redacción del nuevo PGOU, “que es un documento donde se define un modelo de ciudad más compacto y, por tanto, más sostenible económicamente, más equilibrado con las actuales expectativas de crecimiento y por lo tanto más real y más respetuoso con el medio ambiente, que se ha convertido en el protagonista indiscutible del planeamiento y de la concepción de las ciudades”.
Reitera el alcalde que desde el primer momento su equipo de Gobierno de derechas entendió que “había argumentos suficientes para recurrir” los tres motivos que recogía la sentencia del TSJA: falta de integridad en el PGOU, falta de evaluación ambiental estratégica y falta de informe de sostenibilidad económica.
“La admisión del recurso de casación y el avance del planeamiento van paralelos en el tiempo, acorde al crecimiento real de la ciudad, a las nuevas normativas y salvaguardando los desarrollos existentes; nos aporta sostén para la gobernabilidad urbanística y ofrece máxima seguridad y confianza tanto para los inversores como para los vecinos y los distintos procesos urbanísticos que se están desarrollando en la actualidad, sostiene Germán Beardo.
Por tanto, el actual Plan General de Ordenación Urbana “sigue vigente y los derechos consolidados de propietarios de suelos que han cumplido con las obligaciones urbanísticas previstas en una Ley como es un Plan General son ciertos y no se pueden ver vulnerados de manera arbitraria”, sentencia.
EL PSOE RECLAMA “AGILIZAR” EL NUEVO PGOU
Mientras, para el PSOE, principal partido de la oposición, esta noticia “no debe ser motivo para ralentizar la elaboración del nuevo Plan General, en el que ya debe estar trabajando el área de Urbanismo como aseguraron hace meses la responsable del área y el propio alcalde”.
Los socialistas aplauden la admisión a trámite del recurso presentado por el Ayuntamiento, aunque apostillan que “si bien este paso no significa que el recurso sea aceptado, sí es un paso positivo ante la incertidumbre y la preocupación que la sentencia dejó en la ciudad, que fue un auténtico varapalo”. “Es una buena noticia para los propietarios de viviendas en las ARGs que están tramitando su legalización, ya que les aporta cierta tranquilidad dentro del complejo proceso en el que se encuentran”, añaden.
Este partido reitera al respecto su disposición al Gobierno municipal de PP y Cs para “colaborar y trabajar unidos” ante esta circunstancia: “contribuir a que la ciudad no se vea inmersa en una paralización que sería nefasta. Nunca hemos considerado el urbanismo como elemento de confrontación política, y así seguirá siendo”.
