Ecologistas en Acción y Toniza avisaron meses atrás al Ayuntamiento de Chiclana que el nuevo PGOU podría ser anulado por el Tribunal Supremo por no haberse sometido a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica. A raíz de ello, el Consistorio elevó una consulta a la Junta y recientemente ha recibido respuesta, que no satisface para nada a estos colectivos: “siguen insistiendo en el grave error cometido, abocando al Plan General a una segura anulación”. Exigen que se inicie este procedimiento preceptivo al que obliga la normativa europea y estatal; y advierten de que si se sigue adelante recurrirán el documento, “con las enormes repercusiones que ello conllevaría”.
Ecologistas en Acción y la asociación medioambiental Toniza advirtieron al Ayuntamiento de Chiclana en noviembre pasado que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) podría ser anulado por el Tribunal Supremo –como ha ocurrido en Marbella- por no haberse sometido a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica. A raíz de ello, el Consistorio elevó una consulta a la Junta de Andalucía y recientemente ha recibido el informe de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental sobre la conveniencia o no de continuar la tramitación del Plan General. El equipo redactor ya ha elaborado las modificaciones necesarias y la intención del Gobierno local es llevar a pleno la aprobación provisional a lo largo de febrero.
Para los ecologistas, las respuestas de la Junta y el Ayuntamiento “indican que siguen insistiendo en el grave error cometido, abocando al PGOU a una segura anulación”. Y se repite que si se continúa con la tramitación y se aprueba “podrían estar incurriendo en un delito de prevaricación”.
Los argumentos de Toniza y Ecologistas, según se subrayan en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, se basan por un lado en el incumplimiento en el proceso de evaluación ambiental del PGOU de Chiclana de la Directiva 2001/42/CE de la Unión Europea relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y de la LEY 9/2006, (estatal), que traspuso la mencionada Directiva. Y además en que el Supremo ha reiterado en varias sentencias –no sólo la de Marbella- la obligación de someter los planes urbanísticos aprobados con posterioridad al 21 de julio de 2006 a la Evaluación Ambiental Estratégica que regulan dicha directiva y ley, y no sólo a la normativa autonómica que ha pretendido aplicar la Junta con un mero Estudio de Impacto Ambiental. “Estas sentencias han sido deliberadamente ignoradas por la Junta de Andalucía”, se agrega.
“Hay una gran diferencia”, se incide, entre lo que la Junta dice que hay que aplicar a los planes urbanísticos y lo que dice la Directiva y la Ley estatal “la Junta sólo exige un Estudio de Impacto Ambiental que elaboran los ayuntamientos sin participación ciudadana previa alguna. Y tan solo lo somete a un proceso de información pública para que se aporten medidas correctoras a decisiones urbanísticas firmes tomadas con antelación”. Mientras, la normativa estatal y comunitaria exige un proceso previo de consultas para definir los objetivos, propuestas y proyectos a incluir en el plan, que deben estar perfectamente justificados. Además, exige el estudio de opciones alternativas a todas las propuestas incluidas, en este caso, en el PGOU, “hecho que nunca se ha hecho hasta ahora”.
“UNA RESPUESTA DELIRANTE”
La respuesta de la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a la consulta del Consistorio chiclanero “no puede calificarse más que de delirante”. Tras tres meses de deliberaciones, mandan un escrito con tres párrafos en el que le dicen al Ayuntamiento que puede optar por modificar una Evaluación Ambiental Estratégica “inexistente” o aprobar otra vez el PGOU analizando soluciones alternativas. “Y la concejala de Urbanismo interpreta que las soluciones alternativas no son viables y que hay que aprobar otra vez el mismo PGOU”.
Junta y Ayuntamiento, consideran desde Ecologistas y Toniza, “siguen sin querer enterarse de que antes de elaborar un PGOU hay que definir los objetivos y propuestas, demostrando su justificación y su viabilidad ambiental. Ayuntamiento y Junta intentan eludir este procedimiento porque saben que no pueden justificar la recalificación de 33.996.970 metros cuadrados y la construcción de 17.190 nuevas viviendas, con unas previsiones de aumento de la población de más de 40.000 habitantes, cuando Chiclana está perdiendo población”.
“Para colmo”, la consejería no ha contestado al recurso presentado por Ecologistas en Acción el pasado mes de octubre -sobrepasando los tres meses de plazo para resolverlo- en el que solicitaban se procediera al archivo de las actuaciones del PGOU chiclanero y se iniciara un procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica en aplicación de la normativa estatal y comunitaria. El Ayuntamiento tampoco ha contestado al escrito de noviembre, “y ahora anuncia su disposición de seguir con la tramitación del PGOU, ignorando las normas legales y las sentencias del Tribunal Supremo”.
Por tanto, estos grupos ecologistas exigen que se inicie el procedimiento preceptivo de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan General al que obliga la Directiva 2001/42/CE y la Ley 9/2006. Este procedimiento “ha de ser previo a la redacción del PGOU, y tiene que plantear la posibilidad de que dicho Plan, o parte de sus determinaciones, no se lleve a efecto. Es una actuación inicial, previa a la redacción de cualquier Plan, no una resolución final que se pueda modificar al antojo del Ayuntamiento como pretende la consejería”.
Finalmente se advierte de que si se sigue con este PGOU sin someterlo previamente a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica, “lo recurriremos –ya lo hicimos una vez y lo anularon los tribunales- con lo que se volvería al inicio de un nuevo PGOU, pero con la pérdida de los años que dure el procedimiento judicial, y todos los acuerdos y desarrollos que se deriven del PGOU serían nulos, con las enormes repercusiones que ello conllevaría”.
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