La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad de Cádiz entró en vigor a finales del pasado mayo, una vez que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicaba la correspondiente ordenanza aprobada de forma definitiva en las navidades de 2025.
Y entonces se recalcó desde el Ayuntamiento que se activaba un período de pruebas de seis meses y de información a la ciudadanía, todavía sin multas. Han pasado ya más de dos meses, y el PSOE se pregunta ahora por esas campañas informativas, que este mismo partido exigió meses atrás en pleno.
A juicio del concejal José Ramón Ortega, “estamos ante una nueva prueba de la desidia y la incapacidad de gestión a la que nos tiene acostumbrados este equipo de Gobierno del PP. Pese a haber sido requeridos y advertidos en reiteradas ocasiones, han dejado pasar el tiempo, y esta falta de planificación la acabará pagando la ciudadanía en forma de multas, por esa falta de información”.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el principal partido de la oposición incide que el Consistorio gaditano “ha tenido tiempo de sobra” para llevar a cabo las campañas informativas, a lo que se añade que las cámaras de vigilancia para el control del tráfico en las zonas acotadas llevan años instaladas. Es más, Ortega termina sospechando que Bruno García “parece empeñado en no informar a la ciudadanía, y nos preguntamos si es que tiene más interés en hacer caja con las multas que en evitar las sanciones”.
APENAS AFECTA AL RESIDENTE EN LA CIUDAD
Las ZBE (obligatorias para los municipios de más de 50.000 habitantes, según la Ley de Cambio Climático y Transición Energética) implican restricciones de acceso y circulación de vehículos, en el caso de Cádiz focalizadas en el casco histórico y en el paseo marítimo.
Aunque el actual Gobierno popular ya se encargó de descafeinar la ordenanza proyectada inicialmente por el anterior ejecutivo izquierdista, optando por el modelo menos “restrictivo y drástico”: de permitir únicamente el “tráfico de necesidad” a no aplicar ningún tipo de limitaciones a los residentes, contaminen poco o mucho sus coches.
Y más en concreto, se aplica por un lado al interior del centro histórico (descartando la circunvalación) y, por otro lado, al paseo marítimo en el tramo comprendido de algo más de un kilómetro en dirección Cortadura y ya semipeatonalizado entre el hotel Playa Victoria y la calle Caracola.
Pueden seguir circulando por las zonas restringidas residentes (o sea, vehículos que abonan el impuesto de circulación en Cádiz, y los que no pero tengan una causa justificada que motive su acceso puntual) en todas las categorías de etiquetas o los que carecen de ella, con coches antiguos o nuevos. Además, tampoco se ven afectados ni los vehículos de carga y descarga, ni los taxis ni las personas con movilidad reducida, entre otros.
Sin embargo, en la teoría en su primer año de aplicación, ya debería haber restricciones para los coches de no empadronados en la capital: si quieren acceder a calles del centro o al paseo marítimo deben tener los distintivos ECO, Cero o C, de la Dirección General de Tráfico (DGT).
A partir de mediados de 2027 el criterio será el mismo, salvo que se aumenta la restricción para los de fuera de Cádiz también en el caso de los vehículos con etiqueta C: ya no se podrá acceder a la ZBE con dicha etiqueta, solo con Cero o ECO.
La multa (cuando empiece a sancionarse) será de 200 euros por incumplimiento, que puede aumentar en un 30% en el caso de reincidencia durante un año. Y con todo, ante muy inusuales episodios de alta contaminación atmosférica, podrán aplicarse temporalmente medidas más restrictivas.
