Cuando se cumplen tres años de la presente legislatura con PSOE y Sumar intentando cogobernar en minoría en el Estado español, y ocho años del primer Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores (que tomó posesión del cargo en enero de 2024), ha visto oportuno hacer balance positivo: “los datos avalan las mejoras laborales, sociales y económicas en la provincia”.
“Las líneas de trabajo que han desarrollado los diferentes organismos coordinados por la Subdelegación son muy diferentes entre sí, lo cual comporta quizá una percepción aislada por parte de la ciudadanía, pero siempre han estado volcadas al objetivo claro de trabajar por el bienestar de los gaditanos, que se han visto beneficiados por diferentes prestaciones, bonos o becas”, añade esta política socialista.
Empezando por el capítulo del empleo (mejorando en el conjunto del país desde hace ya unos años, aunque a la vez ha ido escalando los precios), se incide en que hoy Cádiz registra la cifra de paro más baja desde 2007, con 95.575 personas desempleadas (según las cifras de julio recién conocidas). Además, según los últimos datos de la EPA del segundo trimestre, se ha pasado del 27,3% de la tasa de paro al final de 2018 al 17,34% en el segundo trimestre de 2026, diez puntos menos.
Por otro lado, la provincia cuenta con un récord de 460.931 afiliados a la Seguridad Social en julio, unos 76.000 más que en julio de 2018 cuando todavía gobernaba el PP con Mariano Rajoy en la Moncloa.
Una de las medidas que ha favorecido esta positiva evolución del empleo ha sido la reforma de la reforma laboral del PP, que ha reducido significativamente la temporalidad y consolidado la contratación estable. En la provincia de Cádiz se registraron 125.972 contratos indefinidos en todo 2025, una cifra muy superior (un 344% más) a la existente antes de dicha reforma: en 2019 se formalizaron apenas 28.364 indefinidos.
También los trabajadores gaditanos, y del resto del Estado, se han visto beneficiados por el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en 2026 se sitúa en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas (17.094 euros brutos anuales). En el último año de Rajoy todavía andaba por los 735 euros.
En definitiva, para Blanca Flores, estos datos de empleo “reafirman el compromiso del Gobierno con el empleo de calidad, la estabilidad laboral y la mejora de los derechos y condiciones de los trabajadores”.
“COMPROMISO SOCIAL”
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la subdelegada también repasa algunas medidas con sello de Pedro Sánchez junto a sus socios (primero Unidas Podemos y ahora Sumar, más allá de partidos nacionalistas catalanes y vascos en la oposición) como la revalorización de las pensiones, que ha permitido blindar, en la teoría, el poder adquisitivo de 239.423 pensionistas gaditanos. La pensión media de jubilación es hoy de 1.615 euros, unos 497 euros más que en 2018.
“Significa una vida más digna para nuestros mayores y un reconocimiento a toda una vida de trabajo”, recalca Flores, que calcula que la actualización de las pensiones con los precios realizada por este Gobierno progresista “hace que una pensión media sea ahora un 34,8% más alta que de haberse seguido aplicando la fórmula de revalorización de la reforma que hizo el anterior Gobierno”. Sí, el derechista Rajoy quiso imponer una subida ridícula del 0,25% sin usar el IPC como referencia.
A estos datos hay que añadir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) impulsado en su momento por Podemos dentro del Ejecutivo de Sánchez, que ha llegado a 67.190 hogares gaditanos desde su puesta en marcha en junio de 2020, en plena pandemia de Covid-19.
El número de beneficiarios protegidos alcanza desde entonces las 198.500 personas, de las cuales 78.545 son niños y adolescentes, casi el 40% del total, con 1.100 millones de euros abonados por esta prestación en la provincia. En junio 140.681 gaditanos se han beneficiado de este IMV.
Por otro lado, desde la Subdelegación se hace alusión a las bonificaciones al transporte público (que se lanzaron a raíz de la guerra en Ucrania ante la subida del precio de la gasolina) que de alguna manera han permitido reducir el gasto en movilidad y fomentar el uso de autobuses y trenes; aunque en los últimos años han ido suprimiéndose los exitosos abonos gratuitos (todavía se mantienen para menores de 15 años) y estableciéndose otros bonos ya con coste, además de ciertas subvenciones de descuentos adicionales para viajeros recurrentes en diferentes medios.
En este paquete de medidas económicas y sociales del Gobierno central también está el bono social eléctrico, que en junio de 2026 beneficia a 50.817 hogares de la provincia. Esta ayuda, destinada a proteger a los consumidores vulnerables, contribuye a reducir el impacto del coste de la energía y a combatir la pobreza energética. Además, sus beneficiarios tienen acceso al bono social térmico.
LLUVIA DE FONDOS EUROPEOS
Igualmente, Blanca Flores sobresale que diferentes proyectos de economía verde, de apoyo a infraestructuras centradas en la sostenibilidad y la eficiencia energética y muchos otros que se desarrollan en la provincia gaditana (a través de la propia administración central, la andaluza o la municipal) se ejecutan con los Next Generation, canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa financiado con fondos europeos en ámbitos como vivienda, energías renovables, conectividad y despliegue del 5G, sanidad, movilidad sostenible, ciberseguridad, modernización de servicios públicos, infraestructuras, transición justa o transformación del modelo turístico. Una iniciativa a la que el PP se opuso en su momento.
“Son fondos -afirma la subdelegada- que llegan para lograr la recuperación económica y para impulsarnos hacia el futuro, poniendo el acento en la sostenibilidad, la industrialización, la mejora de nuestras infraestructuras o la eficiencia en sectores clave como el turismo o la vivienda”.
Así, la foto que dibuja la Subdelegación es la de una provincia que progresa gracias a las políticas del Gobierno de PSOE y Sumar, y frente al catastrofismo destructivo de la derecha y ultraderecha. En ese retrato, sin embargo, apenas tienen cabida problemas reales y cotidianos como el acceso a la vivienda o una inflación que erosiona el poder adquisitivo de muchas familias.
