El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha recibido este martes en su despacho de Sevilla al alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, para abordar la situación del bono social eléctrico que se trata de poner en marcha en la capital gaditana, después de que este pidiera entrevista hace unos días para solicitarle amparo por el bloqueo que el presidente de la Fundación Eléctrica de Cádiz y concejal del PP, José Blas Fernández, mantiene a esta iniciativa “que persigue mejorar las condiciones de vida de 2.000 familias gaditanas”. Esta iniciativa pasar de un sistema asistencialista a uno garantista, y evitar que los beneficiarios tengan que ir “mendigando” mes a mes el abono de las facturas.
Al término del encuentro, Maeztu ha elogiado el bono social eléctrico gaditano. “El alcalde me ha explicado el bono y la verdad es que, en principio, me ha parecido que su configuración supera a la del bono estatal, acepta muchas recomendaciones que ya desde el Defensor del Pueblo Andaluz y desde el Defensor del Pueblo Estatal hemos comenzado a formular, y nos parece que va más allá. Si llega a materializarse ya, que es lo que deseamos todos por el bien de las familias de Cádiz, puede ser un bono social eléctrico pionero para el resto”, ha enfatizado; resaltando sobre el mismo sus “razones convincentes, que tiene en cuenta muchísimas cosas y que va más allá”.
Según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, el Defensor del Pueblo Andaluz ha compartido que el primer edil de Por Cádiz sí se puede le ha presentado “una documentación extensa que vamos a estudiar”, y una vez realizado ese trámite “nos pronunciaremos”. E igualmente tiene intención de estudiar “los obstáculos y las diferencias que pueden existir para ponerlo en marcha”. “Pero en principio –ha recalcado- ha sido una presentación de un bono social Eléctrico fantástico, y creo que merece la pena que siga adelante”. Además, ha hecho hincapié también en que muchas familias gaditanas se beneficiarían del mismo, y “en este invierno, que es muy frío, es urgente”.
Por su parte, José María González ha vuelto a recordar que este bono cuenta con el apoyo unánime del pleno municipal (también del PP), así como del consejo de administración de la empresa mixta Eléctrica de Cádiz (con el voto a favor del PP, aunque en principio lo hizo en contra junto a Endesa), “y a estas alturas del año, con todo preparado, con todo el trabajo de Asuntos Sociales, con todo el trabajo de la empresa, todo está parado a expensas de que José Blas Fernández, presidente de la Fundación de Eléctrica de Cádiz y concejal popular, firme los dos convenios pendientes”.
Es por ello que el alcalde se ha desplazado a Sevilla, acompañado por la concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, para trasladarle al Defensor del Pueblo Andaluz “nuestra preocupación por este asunto, hacerle un relato exhaustivo y profundo de los hechos y pedirle amparo, para que actúe y tome cartas en este problema, que implica la solución de una situación de pobreza energética de más de 2.000 familias de nuestra ciudad”.
Y ha incidido en que el bono social eléctrico de Cádiz se ha diseñado a través de un proceso participativo que, durante un año, ha movilizado a toda la sociedad civil organizada, asociaciones de vecinos, asociaciones sectoriales, partidos políticos y la propia empresa Eléctrica de Cádiz. “Y como digo –ha concluido- está pendiente únicamente de la firma del señor José Blas Fernández”.
FERNÁNDEZ (PP) DENUNCIA “LAS COACCIONES Y ACOSO AL QUE ME ESTÁN SOMETIENDO”
Y pese a que el Ayuntamiento ya lo ha desmentido días atrás, tachando al PP de “mentir descaradamente”, tras esta reunión el concejal señalado, José Blas Fernández, ha vuelto a insistir en su interpretación de que el actual Gobierno municipal “ha retirado” las ayudas para el pago de la luz, y critica que el alcalde no le haya comentado este ‘detalle’ a Maeztu.
Además, Fernández ha manifestado su disposición para explicarle al Defensor del Pueblo Andaluz todos los detalles del bono eléctrico que, afirma, “ha omitido el alcalde en su cita”: “lo primero que voy a explicarle es el acoso y las coacciones a las que me está sometiendo él y sus círculos para que incurra en un presunto delito. Llevan semanas acusándome públicamente en todos los ámbitos de ser quien va a dejar a 2.000 familias sin ayudas para pagar la luz, cuando esas ayudas estaban en vigor hace pocos meses y si se han retirado el único responsable es él”.
Este veterano concejal pasa a enumerar una serie de detalles que “seguramente” no han sido tratados en esta reunión. Así, desde la derecha local se afirma que el bono eléctrico “no fue aprobado tal y como era obligatorio por su carácter por una mayoría cualificada del consejo (7 de 9 consejeros) sino por cinco de los nueve consejeros”. A pesar de que los consejeros a propuesta del PP sí votaron a favor del bono, “los consejeros de Endesa no lo hicieron y pusieron sobre la mesa la irregularidad que suponía aprobar esta medida sin la mayoría requerida”.
La segunda omisión “intencionada”, agrega, es que el en el último consejo de administración de Eléctrica se aprobó elevar consulta a la Dirección General de Tributos sobre la fórmula legal en la que se está planteando a la Fundación la aplicación del bono, por lo que el propio José Blas Fernández asevera que “no depende de ninguna decisión” suya.
“Aún así el alcalde, su familia y sus círculos no cejan en coaccionarme públicamente para que incurra en lo que sería una irregularidad seguro y un posible delito, pero sobre todo llevan semanas haciendo política de la más miserable y ruin, utilizando a las personas sin recursos para sus propios intereses”, considera este político popular.
Insiste Fernández en que en el consejo de Eléctrica de Cádiz quedó patente que había “serias dudas” de que la empresa pueda deducirse 1,7 millones de euros de los 2,4 que va a “donar” a la Fundación para la puesta en marcha del bono, “y es este punto –entre otros- el que se quiere someter a consulta”. Aprecia que “esta maniobra que plantea el alcalde es un puro negocio para la empresa que deja de sustentar en su economía las ayudas a los gaditanos para ahorrarse lo que puede desgravar por esas supuesta donación. Si quiere que yo firme un documento en el que se le da visto bueno a una operación que no está nada clara legalmente es porque no se ha enterado de nada”.
