Los ayuntamientos de Cádiz y Jerez han vuelto a actuar ante la importante llegada de inmigrantes a las costas gaditanas de los últimos días y el colapso de los recursos habilitados. Se ha cedido a Cruz Roja, para su primera atención a estas personas “con la mayor dignidad posible”, el polideportivo municipal de La Mirandilla, en la capital (esta vez se ha evitado recurrir a las instalaciones del centro náutico Elcano, tras la multa impuesta por la Autoridad Portuaria por este uso no regulado en la concesión), y en Jerez, como ya está siendo habitual desde hace semanas, el polideportivo Kiko Narváez.
El concejal de Juventud del Ayuntamiento capitalino, Adrián Martínez de Pinillos, informaba en la tarde del domingo de este operativo, cuando supervisaba las condiciones de este centro deportivo en pleno centro histórico, a la espera de la llegada de los primeros inmigrantes.
Según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, de los espacios ofrecidos por la ciudad, descartado Elcano, Cruz Roja consideró que La Mirandilla es el que presentaba las condiciones “más adecuadas” para este tipo de actuaciones. El Consistorio responde así a la petición hecha por la ONG ante el nuevo desbordamiento que sufren otras dotaciones de la provincia, tras la llegada masiva de pateras.
El personal de Cruz Roja en la provincia (apoyado por Equipos de Respuesta inmediata (ERIE) desplazados desde Extremadura) ha instalado en La Mirandilla un centenar de camas y dispone de material sanitario, vestuario y alimentos suficientes para atender a estas personas que permanecerán de manera temporal en este espacio mientras se les busca plaza en la red de acogida o se les facilita que continúen su proceso migratorio a otros destinos de su elección; como ya ha ocurrido con los atendidos semanas atrás en Elcano, o en las instalaciones municipales cedidas por el Consistorio jerezano: en el pabellón Kiko Narváez de esta localidad se ha vuelto a montar un dispositivo similar.
Para facilitar su labor, en el caso de la ciudad de Cádiz, se ha dado permiso para que los vehículos de Cruz Roja puedan estacionar frente al pabellón, “hecho que a su vez permitirá evitar la exposición pública de estas personas que atraviesan una situación muy dura, y que impedirán que estén visibles a través de sus ventanales”. Al respecto, se pide a los vecinos que “respeten la intimidad” de estas personas.
Por su parte, el alcalde de El Puerto, David de la Encina, ha ofrecido a Cruz Roja las instalaciones del centro cívico de la Zona Norte en el caso de que sea necesario acoger, en la localidad, a alguno de los grupos de personas inmigrantes que están llegando a la costa de la provincia en estos días. El primer edil socialista ha incidido en que “El Puerto de Santa María es una ciudad acogedora, solidaria, con un Gobierno sensible a estos temas, como no puede ser de otra forma”.
Durante el fin de semana han sido rescatadas en las costas andaluzas 1.200 personas. Salvamento Marítimo ha atendido solo en aguas del Estrecho de Gibraltar a más de 250 procedentes de veinte pateras el domingo, y a otras 230 personas el sábado.
LA APDHA MUESTRA SU PREOCUPACIÓN AL NUEVO SUBDELEGADO
Días antes de este nuevo operativo de emergencia, una delegación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz (Apdha) mantenía una reunión con el flamante subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, para mostrarle preocupación “por la vulneración de derechos en la acogida de las personas llegadas en patera en las últimas semanas en la provincia”.
Diego Boza, delegado en Cádiz de la Apdha, trasladó al subdelegado socialista el agradecimiento por el recibimiento, “que muestra un cambo de talante que apreciamos respecto al anterior período”, y le comunicó las denuncias presentadas al Defensor del Pueblo Español y al Defensor del Menor de Andalucía en relación a la detención ilegal durante más de 72 horas de los inmigrantes y “el traslado de menores de edad esposados con bridas en Algeciras o la detención de estos mismos en pabellones deportivos sin las garantías mínimas a las que obliga la legislación estatal y los convenios tratados internacionales”.
Por su parte, compañeros de la asociación de Barbate relataron en este encuentro la situación vivida días atrás en la localidad: “estas personas merecen un trato digno y no se las puede dejar durmiendo en el suelo sin colchones o con mantas usadas o en la cubierta de un barco sin la atención humanitaria y sanitaria necesaria”.
También pusieron de relieve la necesidad de cubrir la falta de medios con los que cuentan los profesionales de Salvamento Marítimo, los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y las entidades encargadas de la atención humanitaria y sanitaria: “esta situación era previsible y por ello, aun conociendo que es una cuestión estructural -por las directrices europeas y la leyes estatales- la emergencia humanitaria, no puede depender de la buena voluntad de la población y de las administraciones locales como hasta ahora. Es necesaria una coordinación entre las distintas administraciones donde se garantice una acogida con un tratamiento individualizado y conforme a la ley”.
El subdelegado del Gobierno comentó que la situación no es nueva -es una realidad de nuestras costas desde hace más de 20 años- y que, aunque ya se conocían esas previsiones, el Gobierno anterior, del PP, “no había tomado ninguna medida”. De esta forma en tres semanas, asegura, “se están realizando todos los esfuerzos necesarios con todos los agentes implicados -Ministerio de Fomento, Ministerio de Interior y entidades que trabajan en la acogida- para garantizar una acogida digna”. Estas medidas se materializarán con la puesta en marcha de un Centro de Recepción de Inmigrantes en Crinavis, San Roque, que tendrá una capacidad para 500 personas y que contará con una comisaría de Policía Nacional desplazada.
