La Zona Franca de Cádiz informaba días atrás de un nuevo paso administrativo (la entrega al Ayuntamiento del documento para la aprobación inicial del Plan de Reforma Interior del ARI-ZF-01) de cara al futuro desarrollo urbanístico planteado desde hace unos años para la parcela abandonada de la antigua Navalips, donde se quiere levantar un “nuevo barrio” de extramuros con más de 800 viviendas, zonas comerciales y zonas verdes.
Al respecto, ha vuelto a opinar la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), que reclama que estos suelos (en su mayor parte en manos de la Zona Franca y de la sociedad pública Sepides) “no sean objeto de especulación y de negocio por muy rentable que vaya a ser para sus propietarios”.
Este colectivo argumenta en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que la construcción de 800 viviendas en esta parcela, la mitad libres y la mitad protegidas, todas en venta, “nos aleja de la posibilidad de destinar buena parte del escaso suelo disponible a la gran mayoría social de nuestra ciudad que no puede acceder al derecho a la vivienda como no sea por el régimen de alquiler”.
Además, sobre las viviendas protegidas proyectadas, unas 400, la Apdha critica a la Zona Franca de Cádiz, con el socialista Fran González como su delegado del Estado, no haber aclarado “si piensa promoverlas ella directamente o si tiene intención de vender los suelos a empresas privadas para que las hagan y gestionen ellas”. Y tampoco ha informado sobre “qué tipo de régimen de protección tendrán dichas viviendas”.
“TRATAN EL SUELO COMO UN NEGOCIO LUCRATIVO”
Esta entidad teme que esta falta de información “esconda la intención” de destinarlas a VPO de régimen limitado, “que son las viviendas protegidas más caras, con precios similares a las de venta libre, y con una protección de apenas siete años”. En definitiva, “viviendas privadas que al poco tiempo volverían a estar en el mercado y sujetas a especulación o a un uso distinto del residencial”.
De este modo, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía señala la responsabilidad del Estado y de sus máximos representantes en la ciudad “en este tipo de políticas que tratan el suelo como un negocio lucrativo, sin tener en cuenta las necesidades reales de la población”.
Por todo ello, reclama al Gobierno de España (ahora de PSOE y Sumar) y a la Zona Franca de Cádiz (dependiente del Ministerio de Hacienda) reconsiderar esta política de vivienda, que “deben favorecer y poner en marcha ajustándose al propósito de la Ley de Vivienda de fomento del alquiler”.
