La Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, creada por el Ayuntamiento de Cádiz, ha atendido a 116 casos desde que se firmara el protocolo antidesahucio el pasado octubre con el que se ha conseguido evitar que 41 familias se hayan quedado en la calle. La concejala de Vivienda y el Juez Decano han revisado el funcionamiento del protocolo tras seis meses de su puesta en marcha, resaltando la “relación fluida” entre las partes.
La Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, creada por el Ayuntamiento de Cádiz, ha atendido a 116 casos desde que se firmara el protocolo antidesahucio el pasado 20 de octubre con el que se ha conseguido evitar que 41 familias se hayan quedado en la calle. Así lo ha explicado la concejala de Vivienda, Eva Tubío, tras la reunión mantenida con el Juez Decano, Pablo López, en el que se ha revisado el funcionamiento del protocolo tras seis meses de su puesta en marcha como así se recogía en el mismo.
Tubío ha destacado que los números que barajan tanto la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda como el propio Decanato son bastantes similares, “lo que nos hace pensar que estamos actuando o asesorando en la mayoría de los casos que son tratados en los juzgados o se han abierto expediente judicial”. En este sentido, desde el Decanato han informado que se han registrado 138 casos mientras que en la Oficina municipal han sido 116 los expedientes que se han abierto. De estos 116 casos, 83 son por arrendamientos, 25 por casos hipotecarios y 18 por encontrarse en una situación precaria.
La concejala de Ganar Cádiz en Común ha precisado que se está trabajando “a conciencia” desde las oficinas de Procasa “para evitar que ningún ciudadano se quede en la calle”. En este sentido ha recordado el reconocimiento que tiene la propia oficina como órgano mediador por parte de la Junta de Andalucía, un órgano que ha permitido encontrar una solución para más de 40 familias gaditanas, ya sea quedándose en la casa o buscando una alternativa habitacional.
Ambos representantes, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, se han comprometido a mejorar la coordinación y la información entre ambas instituciones elaborando un modelo más sencillo de derivación para facilitar la tramitación de los casos. No obstante, Tubío ha subrayado que, una vez que la derivación llega a la oficina, la coordinación con el juzgado es “muy fluida” lo que repercute en el trabajo para evitar que se produzcan desalojos.
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