El Ayuntamiento de Cádiz celebraba el pasado viernes su pleno ordinario de enero en formato telemático, un día antes de que se confirmara el positivo por Covid-19 del alcalde, José María González ‘Kichi’, quien ya llevaba unos días de aislamiento tras contagiarse también Teresa Rodríguez, parlamentaria y líder de Adelante Andalucía, y su pareja.
Una sesión con sólo dos de los cinco concejales del PSOE, tras la renuncia de Mara Rodríguez, Rosa de la Flor y Javier Ramírez “hartos” de la Ejecutiva de su mismo partido, y a la espera de que en el próximo pleno se incorporen sus relevos.
Y en la que entre otras cuestiones, se ha hablado de sanidad pública y de exigir el reforzamiento de la colapsada atención primaria; de los bulos alrededor del ministro Garzón y de rechazar macrogranjas frente a las explotaciones de ganadería extensiva, social y familiar; y de reflexionar sobre la subida de la factura de la luz para que no peligre la viabilidad de Eléctrica de Cádiz ni se vea abocada a su privatización total.
“LA ATENCIÓN PRIMARIA NO ESTÁ EN PELIGRO, SENCILLAMENTE YA NO EXISTE”
Así, por un lado, este primer pleno del año ha aprobado la propuesta del equipo de Gobierno instando al Ministerio de Sanidad y a los gobiernos autonómicos a la adopción de medidas para “reforzar” la atención primaria. Esta moción ha prosperado con los votos favorables de, además del Gobierno local, del PSOE y del concejal no adscrito, mientras que las dos derechas, PP y Ciudadanos, se han lavado las manos absteniéndose.
En este punto ha intervenido Antonio Vergara, uno de los portavoces de la Marea Blanca Gaditana y de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, y que ha vuelto a denunciar que la atención primaria en Andalucía “no está en peligro, sencillamente ya no existe”. “Durante 30 años hemos disfrutado del sistema sanitario público, pero ahora lo están destruyendo. Si no funciona la atención primaria, el sistema sanitario público se desmantela, eso lo saben muy bien quienes quieren privatizarlo”, ha alertado. Vergara ha resaltado la importancia de la incorporación de los municipios a la defensa de la sanidad pública ya que “son administraciones que conocen de primera mano los sufrimientos de sus poblaciones”.
Los socialistas han recriminado a populares y naranjas, ahora al frente del Gobierno andaluz (con competencias en sanidad) la falta de acción e inversiones. Mientras, tirando de argumentario, el PP ha rechazado que las derechas “maltraten y hayan dejado de invertir dinero en la sanidad”, y ha asegurado que se están utilizando estos argumentos para “desgastar al Gobierno” de Moreno Bonilla. Por su parte, la concejala de Sanidad, Eva Tubío, ha criticado la situación actual de la sanidad pública, “que se está desmoronando”, y ha recordado que ya el PSOE inició los recortes más drásticos en 2009, en esos primeros años de la pasada crisis-estafa.
En lo que sí han coincidido todas las formaciones es en que queda “muchísimo por hacer” para mejorar y reforzar la atención primaria.
PAÉZ ASEGURA QUE DIMITIRÁ SI SE OPTA POR PRIVATIZAR ELÉCTRICA DE CÁDIZ
Por otra parte, el concejal de Economía y Hacienda y presidente de Eléctrica de Cádiz, José Ramón Páez, ha defendido la propuesta relativa a la “conveniencia y necesidad” de debatir sobre que esta empresa municipal (con participación minoritaria de Endesa y Unicaja) decida en su consejo de administración “indexar” los precios de la electricidad “para que no peligre su viabilidad”. La moción ha salido adelante con los votos favorables del Gobierno local, la abstención del PSOE y Cs y el rechazo del PP y del concejal no adscrito.
Páez ha incidido en su intervención en que esta subida de precios en la factura al cliente es “trascendental para el futuro de Eléctrica de Cádiz y para el Ayuntamiento, no para este equipo de Gobierno, no confundan”. Y ha explicado el porqué se ha traído la propuesta al pleno: “aunque atañe al consejo de la empresa, traemos esta propuesta aquí en aras de la transparencia, porque tras la dimisión de las dos concejalas del PSOE, que estaban en dicho consejo, no están representadas más fuerzas políticas, y creemos que es necesario informar a todos”.
A continuación ha explicado las tres opciones posibles ante esta situación de importante subida de precios en el mercado mayorista: “ponerse de lado de las grandes empresas eléctricas y privatizar Eléctrica de Cádiz; posicionarse a favor de la indexación y salvar así la empresa; y mirar hacia otro lado y abstenerse”. A lo que ha añadido que él dejará su cargo si se opta por privatizar esta sociedad que ahora mismo cuenta con mayoría del Ayuntamiento.
Por su lado, según se recoge en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la oposición ha criticado al Ejecutivo local por presentar esta propuesta “no vinculante”, “absurda” y “no coherente” al pleno. Con todo, el ahora portavoz socialista, Óscar Torres, ha calificado como “sano” este debate, a pesar de no ser el pleno el órgano competente para tomar una decisión sobre este asunto. Y Villero se ha mostrado contrario a este medida “porque supone tocarle el bolsillo a los gaditanos, y lo que tiene que hacer el equipo de Gobierno es, dentro del consejo de administración, tomar otras muchas medidas para hacer viable la empresa”.
En el caso de la franquicia naranja, su portavoz Lucrecia Valverde ha incidido en que en este debate “no tenemos toda la información ni sabemos cuáles son las cuentas de la comercializadora”, e igualmente ha hecho hincapié en que una subida de la factura de la luz a los clientes motivará “una lógica huida a otras compañías comercializadoras”. Mientras las principales críticas han llegado desde el PP: su concejal José Carlos Teruel ha acusado al Gobierno local de hacer “demagogia” por llevar a la sesión plenaria una propuesta “para lavar vuestras conciencias y vuestras vergüenzas”.
Como réplica, el concejal de Hacienda lamentaba “el desconocimiento absoluto que desde la oposición demuestran sobre la compañía eléctrica, la administración pública, el sentido de servicio público y la propia gestión empresarial”. Y tras la votación, intervenía el alcalde, José María González ‘Kichi’, para espetar al resto de partidos que “cuando esto se solucione, que se va a solucionar, que quede constancia de que lo hemos hecho sin ustedes, como tantas otras cosas. Que todo Cádiz lo recuerde”.
A su vez, la portavoz del Gobierno, Lorena Garrón, sobre esta “decisión difícil para Eléctrica de Cádiz pero indispensable para asegurar su viabilidad y que no termine siendo privatizada”; “frente a este contexto y frente a este panorama marcado por las desorbitadas y brutales subidas del mercado eléctrico, PSOE y Cs se han puesto de perfil y el PP, como siempre, ha preferido el camino de la privatización”. Afortunadamente, ha añadido, “con nuestro voto impedimos esa posibilidad y garantizamos la viabilidad de futuro de un recurso indispensable como Eléctrica de Cádiz para buscar la soberanía eléctrica”.
CÁDIZ DICE NO A LAS MACROGRANJAS
Esta primera sesión plenaria ordinaria de 2022 ha debatido por otro lado, de forma conjunta, las propuestas de Adelante Cádiz de rechazo a la instalación de macrogranjas y en apoyo a las explotaciones de ganadería “extensiva, social y familiar”, y la del PP exigiendo la “rectificación inmediata” de las supuestas declaraciones realizadas por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y el cese del mismo “por sus ataques al sector ganadero cárnico”, aunque toda la polémica se haya generado a partir de un bulo interesado. Curiosas propuestas a debatir en una ciudad donde pocos han visto nunca una vaca o un cerdo.
La primera (con el complemento de la intervención de un representante de Agaden Ecologistas en Acción) ha prosperado con los votos favorables del equipo de Gobierno y PSOE, la abstención de Cs y Villero y el voto en contra del PP. Y la segunda ha sido desestimada, con el único apoyo de Ciudadanos.
OTRAS MOCIONES
Además, el PP ha sacado adelante por unanimidad una moción instando al Ayuntamiento a elaborar un “informe de control intermedio” de los proyectos contemplados con los fondos europeos de la EDUSI Cádiz, al objeto de conocer el grado de ejecución, desviaciones y modificaciones producidas. Y otra instando al Gobierno de España a la firma de un decreto de concesión de ayuda directa a la ciudad para la financiación de proyectos de desarrollo en el ámbito del turismo y el comercio.
En cuanto a las iniciativas del PSOE, se ha aprobado una requiriendo al equipo de Gobierno a la adopción de medidas que faciliten la movilidad de quienes acrediten su condición de cuidadores no profesionales; otra que insta a convocar la licitación de la concesión de mantenimiento y limpieza de las marquesinas de los autobuses públicos; y la tercera relativa al problema con la empresa de la vigilancia de diferentes dependencias municipales, ante el impago de sus nóminas, apelando al Ayuntamiento a que exija a Mersant el cumplimiento de sus deberes como adjudicataria.
Con sus dos mociones aprobadas también, Cs ha pedido que se inicie el expediente de modificación de la ordenanza municipal para la protección del medio ambiente acústico y de la ordenanza sobre ruidos de vehículos a motor y ciclomotores para su adaptación al actual marco jurídico estatal y autonómico; y que ante la pérdida de población año tras año en la capital gaditana se elabore un plan para la consolidación y crecimiento sostenible demográfico y al desarrollo de políticas locales estratégicas para la retención y retorno de profesionales.
Y por unanimidad ha sacado adelante el edil no adscrito, Domingo Villero, su propuesta en la que plantea la creación de una estrategia para conformar una red de recarga de vehículos eléctricos en la ciudad. “Si el Ayuntamiento tiene realmente la voluntad de promover la movilidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente, disponer de una red de carga para vehículos eléctricos resulta de vital importancia”, entiende este concejal ex de Cs. Y en referencia a sufragar el coste, contempla dos opciones, bien con la colaboración público-privada a través de empresas concesionarias, o a través de la empresa pública Emasa. Igualmente, Villero conmina a que se acelere la renovación del parque móvil público hacia la incorporación total de vehículos eléctricos y de cero emisiones de carbono.
