La Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz ha llamado a concentrarse este miércoles día 17 (a las 13.30 horas) en la plaza de España de la capital, a las puertas del Palacio Provincial, para denunciar el cierre de otro colegio público en la ciudad, la Institución Provincial Gaditana, y apoyar además a las limpiadoras del centro.
La protesta coincidirá con el pleno mensual de la Diputación en el que, en el orden del día, se discutirá la cancelación del convenio que se mantiene con la Fundación Aramburu Moreno, y con ello, el cierre de este colegio de cara al próximo curso. “Mucho nos tenemos que el edificio de la Institución se convierta en un nuevo Valcárcel abandonado”, sospechan desde CGT.
A colación, este sindicato ha visto oportuno ofrecer una “breve crónica” del papel de la Diputación de Cádiz y del PSOE en “la privatización de la educación” en la capital.
De este modo, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, CGT no duda de que dicha institución “gobernada por el PSOE”, es “la principal responsable de este cierre de la Institución, puesto que el colegio es de titularidad provincial y esa responsabilidad no disminuye, ni un ápice, porque haya otros actores también implicados en el mismo”. “En efecto –se añade-, la complicidad de la delegación territorial/consejería de Educación de la Junta (de PP-Cs y el apoyo de Vox) se da por descontada, puesto que su política defiende abiertamente a la enseñanza privada-concertada frente a la escuela pública”.
Y “tampoco extraña” que la Fundación Aramburu (del Obispado de Cádiz), propietaria de los terrenos en que se encuentra el colegio, “esté interesada en el cierre del mismo y haya ‘colaborado’ voluntariosamente en ello. Al fin y al cabo este colegio público hace competencia a los colegios privados concertados de alrededor, casi en su totalidad religiosos, y el propio obispo Zornoza, muy amigo de ‘optimizar recursos inmobiliarios’ aunque tenga que despedir a trabajadores de toda la vida del Obispado, ha traído a Cádiz, desde Madrid, el modelo de hacer negocio con la educación a la vez que se difunde la ideología más reaccionaria a través de la Fundación Educatio Servanda, a la que ha cedido los colegios La Palma y San Martín (además de otros en Puerto Real y La Línea)”.
“EL PSOE NO HA VELADO POR LA CONTINUIDAD DEL COLEGIO”
Sin embargo, CGT repite que la “máxima responsabilidad” en este caso recae paradójicamente en una institución gobernada por un partido “que dice defender la escuela pública”. Y ello porque es su competencia “ya que la Institución es de titularidad provincial y es, por tanto, quien debe velar por su continuidad, cosa que, se ha demostrado, no ha hecho”.
No lo ha hecho en la actualidad “ante las maniobras de la Fundación Aramburu”: su comunicación de no renovar el acuerdo de cesión del terreno que ha ocultado y ha usado como excusa para justificar su cierre. En este punto, este sindicato se pregunta: “¿por qué ha ocultado a la comunidad educativa la pretensión de la fundación de rescindir el acuerdo? ¿Por qué ha esperado la Diputación al proceso de escolarización y en plena pandemia para hacerlo público? ¿Por qué no ha intentado negociar con la fundación la renovación del acuerdo? ¿Por qué no ha buscado otra posible ubicación para el colegio si esto no era posible?”.
Y se afirma que “no lo ha hecho tampoco en el pasado, puesto que la dejadez, abandono y falta de inversiones por parte de la Diputación en el colegio viene de muchos años atrás, con gobiernos provinciales tanto del PSOE como del PP. Lo que parece una decisión de cerrar el centro planificada”. Es más, se subraya: “¿por qué no se ha transferido la titularidad del centro a la consejería de Educación antes si es que existen esos problemas de competencias educativas que ahora argumenta la Diputación para dejarlo morir?”.
DE VALCÁRCEL A LA INSTITUCIÓN
“Irene García, presidenta de la Diputación de Cádiz por el PSOE, va a pasar a la historia como la responsable del cierre de otro centro público emblemático de la ciudad. De la misma manera que Rafael Román pasará a la historia como el responsable del cierre del Valcárcel”, se lamenta.
Para CGT, el hecho “más grave” que ha sucedido a la escuela pública de la capital gaditana ha sido precisamente el cierre del Valcárcel, también por la Diputación. Centro emblemático dentro de la larga lista de públicos cerrados en la ciudad: CEIP Bartolomé Esteban Murillo (Capuchinos), CEIP José León de Carranza (Puntales), CEIP Eduardo Benot (la Paz) CEIP Jaime Balmes (Arbolí), CEIP Carmen Jiménez (san Severiano), CEIP Manuel de Falla (La Laguna), IES la Paz o el IES Rosario.
El histórico edificio Valcárcel frente a La Caleta, se subraya, “era un verdadero baluarte de la escuela pública de la ciudad, desde que fuera asumido por la Diputación”. Primero como centro de acogida para niños, se convierte en centro educativo para niños huérfanos o pobres de la provincia que se alojaban en los pisos superiores y posteriormente se incorpora alumnado externo y donde se imparte EGB, Bachillerato y Formación Profesional. Aunque de propiedad provincial va a pasar a estar gestionado por la consejería de Educación, momento en que se elimina su función de albergue y el alumnado interno es enviado a pisos de acogida y se convierte en un enorme centro educativo que va a albergar incluso a todo el IES Rosario que se traslada allí al completo.
Durante un periodo conviven dos centros educativos en el edificio, con dos equipos directivos diferentes: el IES Rosario (con Secundaria y Bachillerato) y el Valcárcel (con Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP). Finalmente acaban uniéndose, perdiendo el nombre Valcárcel y pasando a llamarse Fernando Quiñones. Tras lo cual comienza la eliminación del alumnado de Infantil y Primaria “que tuvo fuertes movilizaciones en su contra de profesorado y familias”.
“Inexplicablemente este enorme y emblemático centro, que reunía la propia historia del Valcárcel y la del IES Rosario, uno de los institutos históricos, y que era, sin duda, el edificio educativo público más grande y con mejores espacios de la ciudad, lo que es especialmente importante en intramuros donde los espacios públicos son muy reducidos, se cierra y desmantela a principios de la década de 2000 para convertirse en un hotel de cinco estrellas”, se recalca. Un proyecto vendido por el entonces presidente de la Diputación, Rafael Román, cuando además pretendía disputarle la Alcaldía a la popular Teófila Martínez. No obstante, “el fiasco político y urbanístico posterior es de todos conocido: veinticinco años de teofilato y el enorme edificio cerrado y abandonado”.
El actual proyecto de la UCA que pretende trasladar aquí la Facultad de Ciencias de la Educación, “si no acaba en un nuevo fiasco, podría recuperar para la ciudad el edificio y llenarlo de nuevo de vida pero no podrá compensar el daño que la decisión de cerrar este centro ha hecho a la escuela pública gaditana”, sentencian desde CGT, que repite que “mucho nos tenemos que el edificio de la Institución se convierta en un nuevo Valcárcel abandonado”.
