Los votos en contra del PP, Endesa y Unicaja en el consejo de administración celebrado semanas atrás impidieron la reincorporación de una trabajadora de la empresa mixta Eléctrica de Cádiz cuyo despido se declaró improcedente por el Juzgado de lo Social -que obligaba a optar entre readmitirla o indemnizarla con 1.600 euros-, mientras los consejeros tanto el equipo de Gobierno como el PSOE votaron a favor.
Al respecto, los sindicatos SAT, CTA, Autonomía Obrera, Ustea y CGT han retomado las movilizaciones semanales para exigir la readmisión de Marisa. Este miércoles la protesta no ha sido ante la sede de Eléctrica de Cádiz, si no a las puertas de la sede del PP, en la calle Canovas del Castillo. En la misma, se ha exigido el cambio de voto de los representantes de la derecha y una nueva convocatoria del consejo de administración que suponga la readmisión inmediata de esta persona “y el principio del necesario proceso de normalización de todas las contrataciones irregulares que debe darse en Eléctrica de Cádiz y en otras empresas públicas”.
“No podemos tolerar que nuestras propias empresas ‘municipales’ continúen aplicando las medidas más abusivas de precariedad laboral y de represión contra sus propios trabajadores; y menos aún debemos consentir que sean los propios concejales (elegidos por la ciudadanía y miembros de los consejos de administración de esas empresas) los que voten a favor de dejar en la calle a una trabajadora después de que una sentencia determinara la existencia de cesión ilegal, fraude en la contratación y despido improcedente”, han plasmado los sindicatos en la octavilla repartida durante la concentración, trasladada a DIARIO Bahía de Cádiz.
“Las organizaciones sindicales y sociales que venimos apoyando a Marisa Iglesias -trabajadora precaria durante varios años y madre de dos hijos- desde el primer día exigimos que el consejo de Eléctrica revise con urgencia su errónea decisión y que todos los concejales presentes en ese órgano voten en bloque a favor de su inmediata readmisión; y hasta que eso no suceda mantendremos con firmeza las movilizaciones que desde hace ya un mes venimos realizando”, se apostilla.
APOYOS DESDE EL GOBIERNO LOCAL
El alcalde, José María González ‘Kichi’, anunciaba a mediados de julio que estaba tratando de mediar para la reincorporación de esta trabajadora. En este sentido, avanzó que se estudia una solución.
Una de estas alternativas que el gerente de Eléctrica de Cádiz se ha comprometido a estudiar a través de su servicio jurídico y que hasta ahora no había contemplado, es que “esta trabajadora sea contratada como personal indefinido no fijo hasta que su plaza se saque a concurso público por necesidades del servicio, una plaza a la que podrá optar cualquier ciudadano que se presente a dicho concurso”.
De este modo, se estudiaría también la situación de varios trabajadores de la compañía –en la que el Ayuntamiento tiene el 55% del accionariado- que pudieran encontrarse en la misma situación y se iniciaría “un proceso similar al que se hizo con los trabajadores del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF)”.
Igualmente, los dos concejales de Ganar Cádiz en Común –socios de gobierno de Por Cádiz sí se puede- se reunían recientemente con Marisa y un representante sindical para conocer todo el historial del caso, y ya han anunciado que pedirán una reunión con el gerente de la empresa mixta para solicitar toda la información al respecto.
“Desde Ganar Cádiz no aceptamos la decisión del consejo de administración y pelearemos por cambiarla, trabajaremos para que la votación se repita y se haga justicia, ya que no es lógico que una empresa que es mitad municipal contribuya al despido injusto de una trabajadora sino que debería acatar la sentencia en el sentido de su readmisión de inmediato”. Además, añadía la edil Eva Tubío –que además es la consejera de este partido en Eléctrica de Cádiz-, “no podemos entender que una de las causas a las que alude el informe para la indemnización de Marisa en lugar de su readmisión sea el tema económico, cuando es una empresa que tiene en torno a 10 millones de euros de beneficios al año”.
“EVIDENTE CASO DE PRESTAMISMO LABORAL”
La trabajadora afectada comenzó formalmente su relación laboral con la empresa en 2002, desarrollando desde entonces numerosos contratos temporales mediante diferentes empresas de trabajo temporal. Tras finalizar su último contrato con una ETT, Eléctrica de Cádiz contrató la actividad que prestaba la ahora despedida con una empresa externa, privatizando así el servicio.
Pero, en realidad, según explicaban días atrás desde Autonomía Obrera, la vinculación de la trabajadora con la mercantil “era de carácter exclusivamente nominal y salarial (la mantenía contratada de manera formal y le abonaba los salarios mensualmente), ya que toda la relación organizativa y funcional se ha desarrollado, en realidad, con Eléctrica de Cádiz, que es quien tomaba todas las decisiones acerca de sus funciones y objetivos, le encomendaba tareas, coordinaba su trabajo, y le facilitaba las oficinas y el material para trabajar, configurando un evidente caso de prestamismo laboral”.
La situación descrita fue denunciada por la trabajadora ante los Juzgados, que dictaron sentencia el pasado mes de abril estableciendo la existencia de cesión ilegal, contratación en fraude de ley y despido improcedente. Y obligando a la empresa a optar entre readmitir a la trabajadora o indemnizarla con 1.600 euros. Pero PP y los socios privados optaron por lo segundo.
“No es justo que el gerente de Eléctrica y todo el consejo se vayan de rositas pagando una indemnización que es migaja para ellos, mientras que la trabajadora, cuyos derechos se han pisoteado impunemente durante años, sea la que peor parada resulte, quedándose sin trabajo”, se quejaba días atrás Autonomía Obrera.
