El Ayuntamiento de San Fernando ha vuelto a reiterar su ofrecimiento a la Junta de Andalucía de una parcela municipal para que levante un nuevo edificio para la comunidad educativa del obsoleto CEIP San Ignacio “que garantice que los niños crezcan y aprendan en aulas dignas y seguras”.
En paralelo, el procedimiento administrativo y legal que certifica la declaración de ruina del edificio de Primaria se ha culminado, trámite que a finales de la semana pasada se puso en conocimiento de todas las partes y con el que se abre una nueva fase en la que “seguir avanzando con el único objetivo de responder a las necesidades y demandas de la comunidad educativa”, ha incidido la concejala de Educación, Pepa Pacheco.
Desde el pasado verano se conoce el dictamen técnico que confirmaba que la rehabilitación del edificio que alberga las aulas de Primaria no es posible. Este determina como causa principal de su estado actual la mala calidad de los materiales empleados en su construcción, que se remonta a los años 70 del siglo pasado, y señala sobre todo a la porosidad excesiva del hormigón y, por lo tanto, la irreversible situación estructural del centro educativo.
El dictamen corroboraba el informe sobre la patología de la construcción emitido en su momento por la propia Agencia Pública de Andalucía de Educación (APAE) de la Junta de Andalucía.
“UN CONVENIO IMPLICA UN COMPROMISO DE DOS PARTES”
“Desde el Ayuntamiento siempre hemos querido avanzar en la búsqueda de soluciones conjuntas entre ambas administraciones, dentro del marco de competencias legales de cada una y de la mano de la comunidad educativa”, ha reiterado Pacheco, sobre una cuestión en la que la desde hace años la Junta ha ido emplazando al Consistorio a hacerse cargo del problema ya que entendía que entra dentro de sus cometidos (el mantenimiento rutinario de los colegios públicos), mientras la administración local ha insistido en que el edificio sufre daños estructurales, y por lo tanto es la consejería de Educación la que debe ejecutar las obras.
“En la reunión mantenida con las familias en octubre se nos trasladó la necesidad de que el San Ignacio siga existiendo y ya entonces le presentamos un borrador de convenio urbanístico a la delegación territorial de Desarrollo Educativo, que volveremos a enviar, ya que no ha habido ninguna respuesta al respecto”, se ha quejado la concejala. Este documento contempla la ampliación de las instalaciones educativas con la incorporación de una parcela colindante.
El Ayuntamiento, en dicho borrador, se compromete a realizar los trámites administrativos necesarios para “incluso costear la demolición del edificio” declarado en ruinas. “Estamos abiertos a esta o a cualquier otra alternativa, pero un convenio implica un compromiso de dos partes y los trámites, que en el caso de la Junta serían la redacción del proyecto y la movilización en los sus presupuestos de una partida específica, deben ir en paralelo”, ha alertado Pacheco, quien ha lamentado que la delegación territorial no tenga “la misma voluntad expresa que este Ayuntamiento en la búsqueda de soluciones conjuntas” a corto, medio y largo plazo.
En definitiva, el Gobierno local del PSOE liderado por Patricia Cavada pide que se inicien los trámites para licitar el proyecto de obra por parte de la Junta, con gobierno de derechas.
“Haremos todo lo que esté en nuestra mano, y así estamos dispuestos a firmarlo, si la Junta a su vez se compromete a destinar financiación a este proyecto”, ha manifestado la concejala isleña, quien ha puntualizado que a corto plazo “es urgente que la delegación territorial cumpla” con lo convenido con las familias y la dirección del centro.
Al respecto, Pacheco ha aseverado que “desde el 31 de agosto, y para empezar el comienzo del curso a punto, iniciamos una serie de actuaciones que iban más allá de nuestras competencias como la mudanza del edificio de Primaria al de Infantil, la habilitación de la señalética o la instalación de nuevos estores y paneles de metacrilato, mientras seguimos a la espera de que la Junta asuma la instalación de los módulos prefabricados necesarios para albergar la cocina que da servicio al comedor escolar, aseos y distintas dependencias administrativas”. “Si no hay servicio de comedor en el centro educativo es exclusivamente por dejadez de la administración competente, que es la Junta de Andalucía”, ha aclarado.
SE INSISTE EN SOLICITAR LA MEDIACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
Por otro lado, desde el Ayuntamiento se recuerda la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz había citado a todas las partes a una reunión el 23 de enero, que finalmente no se celebró “tras una desafortunada conversación entre la Junta y personal técnico de la institución”. En esa conversación, la administración andaluza trasladó que tanto las relaciones como el problema estaban encauzados y por buen camino, “cuando la realidad es que la Junta está alargando comprometer la construcción definitiva del nuevo centro, que es la única solución posible”.
Así, desde el Consistorio isleño se ha vuelto a solicitar que se desarrolle esa reunión: “este encuentro nos parece oportuno y urgente, ya que creemos que la mediación nos puede permitir desbloquear la situación”.
“Tenemos la sensación de que aquí no se está diciendo toda la verdad a las familias. La Junta trasladó que para poder asumir el compromiso de construcción de un nuevo centro se necesitaba un expediente de ruina. Curiosamente, cuando se le trasladó ese expediente, lo ha recurrido, y ahora está poniendo excusas para no asumir la construcción del nuevo centro”, ha apuntado Pepa Pacheco.
En resumen, para la edil de Educación “hay que avanzar a corto, medio y largo plazo y hay que hacerlo ya. A corto plazo hay que darle de comer a los niños, que ahora mismo está siendo atendidos con un catering de línea fría, y a medio plazo hay que cerrar y firmar un convenio para la construcción de un nuevo centro”.
“Vamos a seguir trabajando para que el San Ignacio sea un colegio de primera y no le falte ningún tipo de servicio, velando en todo momento por la seguridad de los niños y las niñas” y por la prestación de una educación de calidad y en igualdad de oportunidades”, ha sentenciado Pacheco.
