Las singulares casetas de pesca de la playa de La Casería en San Fernando, ya son historia. La Demarcación de Costas en Andalucía Atlántico, obviando “todos los trámites pendientes”, procedía en la mañana del lunes día 14 a la demolición de estas instalaciones ilegales en zona de dominio público marítimo terrestre (DPMT). Este proceso abierto aproximadamente hace año y medio no afecta por el momento a los dos establecimientos de hostelería del entorno (El Bartolo y La Corchuela), al contar uno de ellos con título habilitante y el otro por encontrarse el procedimiento suspendido de forma cautelar por un auto judicial.
Entre el malestar, la nostalgia y la resignación, y presencia policial, las máquinas se han llevado por delante este rincón tan pintoresco y fotografiado. Pero claro, la ley es la ley. En los últimos días, el Ayuntamiento ha ido colocando en la zona (más alejada del mar, en suelo municipal) unas casetas provisionales (rescatando módulos de la playa de Camposoto) para que los pescadores que todavía daban usos a esas casetas irregulares puedan seguir su actividad artesanal.
Fue en octubre de 2020 cuando se conoció que la Demarcación de Costas, con el pretexto de afrontar un proyecto de regeneración de la playa (solicitado por diferentes gobiernos locales en el Ayuntamiento en mandatos anteriores), iniciaba un procedimiento administrativo de recuperación posesoria, que traducido significaba derribar todo lo ilegalmente levantado desde hace décadas en esta zona de DPMT.
Ante la reacción de los afectados y de parte de la población, que veía peligrar uno de los pocos recovecos emblemáticos de La Isla, el Ayuntamiento (el mismo que lleva años demandando a Costas la reordenación de la zona) iniciaba dos trámites para tratar de parar lo que ya se intuía irremediable: a finales de 2020 todos los partidos aprobaban en el pleno solicitar la Declaración de Interés Público del entorno, argumentado “razones de peso” con objeto de que se legalizaran los establecimientos e instalaciones irregulares ubicados en La Casería. Sin embargo, Costas dijo desde el principio que no contemplaría ese expediente.
Y ya el pasado noviembre, ante la delegación territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, se dijo que se había iniciado la solicitud de autorización de uso en zona de servidumbre para acondicionar el terreno y poder reubicar las casetas en una nueva ubicación, en el caso de que se confirmaran esas demoliciones. Aunque en los últimos días se ha conocido que no se había completado dicha tramitación, por lo que el Consistorio ha debido improvisar esa instalación de módulos playeros para acoger circunstancialmente a los pescadores.
A principios de febrero, ante el “sorpresivo” anuncio de inminente derribo de las casetas, la primera edil socialista, muy indignada por la “falta de diálogo” y las “imposiciones”, hacía público que había escrito una carta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (del que depende Costas) exigiendo que se paralizara este proceso “de forma inmediata”. Obviamente, su mismo partido le ha ignorado.
Entendía Patricia Cavada que antes había que dar respuesta “a todos los trámites pendientes” para evitar “ocasionar un daño que es totalmente innecesario e irreparable a este sector”. En esos momentos, incluso llegaba a decir que “esto ya parece algo personal del responsable de Costas en la provincia con La Casería”, en referencia a Patricio Poullet.
En todo este proceso, el Ayuntamiento (todo el Gobierno local como la oposición) ha defendido que estas instalaciones ilegales de La Casería que Costas ha echado abajo se tratan de un conjunto de peculiares cuartos de aperos destinados a la pesca artesanal y dos zonas de restauración, “de gran arraigo en la zona” y que “dotan a este municipio de un atractivo singular y carácter simbólico ante lo peculiar y pintoresco de su configuración” y que, “lejos de entorpecer el disfrute público de esta zona costera, le aportan una singularidad reconocida a nivel supramunicipal”.
“CAVADA NI SIQUIERA SE HA ACERCADO A DAR LA CARA ANTE LOS VECINOS”
Ejecutados ya los derribos, desde AxSí (socio del PSOE en el gobierno local durante el pasado mandato) se han lamentado las “pésimas formas” con las que la alcaldesa “ha afrontado en todo momento el proceso” que finalmente concluyó el lunes.
“Desde el principio su actitud ha sido decepcionante -considera el portavoz municipal andalucista, Fran Romero-. Hay que recordar que en noviembre de 2020, cuando se comunicó que los derribos saldrían adelante, Cavada celebró la noticia y que sólo reaccionó luego, cuando vio el descontento del pueblo isleño ante esta actuación. Desde entonces se intentó erigir en salvadora, sin éxito, y montó todo un circo de mentiras y de gestos de cara a la galería, entre los que destacan la petición de una declaración de interés público que jamás fue a ningún lado, que no hiciese su tarea entregando la documentación necesaria para la correcta reubicación de las casetas y que intentase lavar su imagen con una mentirosa puesta en escena ante la que sus propios compañeros socialistas del PSOE le pusieron la cara colorada”.
Romero añade en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que ya cuando se ha empezado a ejecutar el derribo “que es una realidad gracias al PSOE”, “ni siquiera se ha acercado a dar la cara. Ni siquiera ha visitado la barriada para consolar o empatizar con unos vecinos que han tenido que despedirse para siempre del aspecto tradicional de una de las zonas que definía la identidad de La Casería”.
“Nosotros entendemos que era necesaria una regeneración de la zona, pero mantenemos que esta podría haber tenido lugar respetando la identidad de La Casería”, sentencia los ex del extinto PA que ahora exigen al bipartito de PSOE y Cs que “ya que el daño está hecho por lo menos se articulen las herramientas necesarias para agilizar la ejecución de la actuación prevista para la zona, para que se respeten los derechos adquiridos de los hosteleros de ese entorno y para que los pescadores puedan ejercer su oficio en condiciones dignas”.
También opina el PP que “Cavada lo ha conseguido: se ha cargado La Casería”. Días atrás interpretaba el portavoz municipal popular, José Loaiza, que la alcaldesa “se propuso eliminar este rincón en vez de transformarlo, dotándolo de los servicios necesarios y mejorando su actual situación para que siguiera siendo un reclamo de San Fernando y un espacio para el ocio de la ciudadanía y el trabajo de los pescadores”. Esta derecha mantiene la idea de que la primera edil socialista insistió ante Costas “para que se ejecutara el derribo de las casetas con el objetivo de construir un tramo de paseo marítimo. Al comprobar el rechazo en la opinión pública, Cavada quiso cambiar de opinión, pero ya fue demasiado tarde”.
Por su lado, Podemos ha denunciado en estos días que la tónica general del equipo de Gobierno en esta cuestión ha sido la de los “incumplimientos y promesas que no llegan, pasándose la pelota” con el resto de administraciones competentes como Demarcación de Costas o la Junta de Andalucía. A Costas, la formación morada ha recriminado de nuevo su “dejadez de funciones” con la fiscalización del mantenimiento de las vueltas de fuera, demostrando además nula “sensibilidad” con la situación de La Casería y la falta de respuesta a la declaración de interés público que se aprobó en el pleno. Y en cuanto a la administración autonómica, le insta a que de manera “urgente” dé el permiso necesario para que el Ayuntamiento coloque por fin las casetas permanentes y acordadas con la asociación de pescadores en un lugar idóneo.
La portavoz municipal de Podemos, Ana Rojas, ha recordado que Unidas Podemos llevó al Congreso de los Diputados la situación de La Casería con una pregunta al Ministerio de Transición Ecológica en abril de 2021: “la respuesta confirmaba que el gobierno de Patricia Cavada impulsó el derribo de las casetas aunque luego reculó tras las protestas de pescadores y del barrio, una de las señales inequívocas de que ha estado improvisando durante más de un año”.
Y desde fuera del Ayuntamiento, la Plataforma 3R ha demandado a todos los grupos de la oposición que presenten una moción conjunta de reprobación de la alcaldesa “por el desenlace de La Casería, por el descredito institucional que ha sufrido la ciudad ante otras administraciones públicas y que han sido dos, tanto estatal como autonómica, y qué decir del coste ante la ciudadanía”.
