La consejería de Justicia de la Junta, como lleva anunciando meses, va a sacar por segunda vez a licitación el procedimiento de contratación para el arrendamiento de una nueva sede para los juzgados de San Fernando que mejore sustancialmente lo que ofrecen hoy día las precarias instalaciones de la plaza San José, según ha informado en el Parlamento andaluz el consejero responsable. Prácticamente se dobla la cuantía del contrato ofrecido. El PP lamenta que no se den fechas concretas y ha acusado a la Junta de “retrasar intencionadamente” esta reubicación “por posibles intereses ocultos”.
La consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, como lleva anunciando meses, va a sacar por segunda vez a licitación el procedimiento de contratación para el arrendamiento de una nueva sede para los juzgados de San Fernando que mejore sustancialmente lo que ofrece hoy día las precarias instalaciones de la plaza San José, según ha informado en el Parlamento regional el consejero, Emilio de Llera. En un primer intento de buscar un nuevo local, el concurso quedó desierto en verano.
Este nuevo procedimiento, que se ha abierto con una cuantía mayor que en la primera ocasión, contempla el arrendamiento durante un periodo de cuatro años de un inmueble con una superficie de 1.745 metros cuadrados construidos y un coste de 154.956 euros anuales, ha precisado el consejero. O sea, unos 620.000 euros en total. Mientras, el presupuesto base de licitación del anterior concurso rondaba en total los 331.000 euros, más IVA. Hay una notable diferencia.
No obstante, De Llera ha asegurado que no renuncia a la construcción de una nueva y definitiva sede judicial –el Ayuntamiento hace años que tiene reservada una parcela en la avenida Constitución, que está a disposición desde 2008- que “sigue siendo una prioridad para su departamento”, proyecto que se encuentra a la espera del crédito presupuestario necesario para llevarlo a cabo. Con todo, ha llegado a afirmar que este proyecto ha sufrido “numerosas dificultades” para la obtención del suelo donde se construirá el edificio que albergará definitivamente los juzgados isleños. Al respecto, ha recordado que el Ayuntamiento cedió una parcela y que se ha redactado el proyecto de ejecución, que se encuentra ya finalizado y supervisado.
EL PP VE “INTERESES OCULTOS” EN ESTE RETRASO EN LA REUBICACIÓN DE LOS JUZGADOS
Por su lado, el presidente del PP de Cádiz y portavoz adjunto del PP-A en el Parlamento andaluz, Antonio Sanz, ha acusado al Gobierno regional de “retrasar intencionadamente” esta reubicación de los Juzgados de San Fernando “por posibles intereses ocultos” y ha mostrado su decepción porque el consejero “no ofrezca una solución con fechas y compromisos concretos”.
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Durante su intervención en una pregunta oral en la Comisión de Justicia e Interior del Parlamento andaluz, el dirigente popular ha lamentado la “falta de solución y la nula agilidad” por parte de De Llera, a la “deficiente situación” de los juzgados isleños, recordando que “las dependencias judiciales están repletas de montones de casos y la documentación se apilada en los cuartos de baño dentro de cajas de tortas de Inés Rosales”.
Sanz ha cuestionado si “ese es el respeto que merece para ustedes la Justicia y los trabajadores públicos”, denunciando el “colapso judicial” de este Juzgado que “aumenta a un ritmo de un 6% según los datos del Consejo General del Poder Judicial”.
Para el político jerezano, la Junta “tiene la solución en su mano, la tiene desde que en el año 2008, hace ya seis años, firmaron con el Ayuntamiento la cesión de la parcela para la construcción del Palacio de Justicia”, recordando los numerosos anuncios, licitaciones y vaivenes de fechas. Ha incidido en que la licitación no se produjo hasta dos años después, en 2010, para posteriormente paralizarla con la escusa de la falta de disponibilidad presupuestaria.
Asimismo, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, ha reprochado al consejero que “sabían que el actual contrato de alquiler expiraba en noviembre y, no fue hasta el pasado en verano, cuando sacaron a concurso el traslado de los juzgados”, incidiendo en que dicho concurso tiene “unas condiciones de alquiler que a nadie iban a interesar”.
Y ha repetido el argumentario de la derecha en este caso: le ha recordado que la Junta paga 7,84 euros el metro cuadrado por el alquiler de los juzgados de La Línea, comparándolo con el presupuesto de licitación de alquiler que plantearon para San Fernando que ascendía a un máximo de 3,92 euros por metro cuadrado.
El también parlamentario andaluz ha acusado al Gobierno andaluz de “empeñarse permanentemente en impedir más que en facilitar o es que ¿sólo se facilitan las cosas a sí mismos o a sus amigos?”. En este sentido, ha cuestionado las “vinculaciones políticas” del propietario del local alquilado actualmente por la Junta como archivo y se pregunta si se da la misma circunstancia en el cambio de emplazamiento para el traslado.
“No es admisible –ha terminado argumentando- que los niños del colegio San José tengan que entran por la puerta trasera a sus clases para evitar ver todas las mañanas un furgón policial del que entran y salen personas esposadas”.
