El llamado Observatorio del Taxi ha celebrado en San Fernando su primera reunión de trabajo. En este primer encuentro han estado presentes representantes de asociaciones de taxistas de la ciudad y además, de El Puerto y Jerez, excusando su presencia pero ratificando su adhesión los profesionales de este gremio de Cádiz y Chiclana. El principal tema abordado ha sido el intrusismo de los transportes ilegales.
El llamado Observatorio del Taxi ha celebrado este miércoles día 14 en San Fernando su primera reunión de trabajo. En este primer encuentro han estado presentes los representantes de asociaciones de taxistas de la ciudad y además, de El Puerto y Jerez, excusando su presencia pero ratificando su adhesión los profesionales de este gremio de Cádiz y Chiclana, además de la Unión de Consumidores de Cádiz, a través de su presidente Miguel Ángel Ruiz, y el propio Consistorio isleño con el concejal de Presidencia Daniel Nieto y el intendente de la Policía Local, José Suraña.
Según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, en esta primera reunión se ha puesto sobre la mesa un primer de tema “de plena actualidad”: el intrusismo de los transportes ilegales y el perjuicio que ello causa a los profesionales que realizan su labor conforme a ley además del menoscabo que ello supone para la imagen de una provincia como la gaditana, donde el sector turístico tiene tanta importancia y lo que contar con un transporte público de calidad supone.
Nieto espera que esta iniciativa comience a tener efectos positivos, “que sirva para trasladar la información correcta al usuario y se logre la erradicación de la práctica ilegal”. Este concejal del PP asegura que el Ayuntamiento de San Fernando lleva ejerciendo el control pertinente sobre el taxi ilegal, un servicio donde desaparecen los derechos del consumidor –no cuentan con un coste de tarifa reglada y revisada, por ejemplo-, “se pone en peligro incluso su vida al carecer estos taxis ilegales de los seguros de responsabilidad civil y cuya contratación puede acarrear sanción”. De hecho, la nueva normativa trae como consecuencia la inmovilización del vehículo que presta el servicio ilegal hasta el pago de una cuantiosa multa.
