Un nuevo llamamiento a la unidad “para salvaguardar y proteger” la playa de La Casería “frente a la sinrazón de la Demarcación de Costas”, ha lanzado la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, tras una reunión ordinaria de la Junta de Portavoces en la que se ha abordado la situación.
Un encuentro entre Gobierno y oposición que se celebra unos días después de que PP, AxSí, Podemos y Vox se retrataran juntos registrando una moción conjunta solicitando al bipartito de PSOE y Cs la convocatoria urgente de esta Junta de Portavoces para conocer los trámites realizados para la declaración de interés público de La Casería –solicitada el pasado diciembre-, que trataría de salvar los establecimientos e instalaciones ilegales ubicadas en la playa, amenazados por el derribo.
De este modo, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, se ha dado cuenta a los portavoces de los partidos de la oposición de en qué situación se encuentra este expediente, al tiempo que se ha recordado que fue en el mes de diciembre de 2020 cuando se comunicó oficialmente a Costas y la Junta de Andalucía para solicitar los informes pertinentes.
En este punto, Cavada ha puesto de relieve que “la semana pasada Costas insistía en que es la Junta la administración competente para tramitar los informes, por tener transferidas las competencias en materia de otorgamiento de títulos de ocupación en Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)”, y ha repetido que “este proceso es el que nos puede llevar a conservar la singularidad, el patrimonio y la historia de la playa”.
En esta tesitura, la primera edil socialista ha vuelto a trasladar al Gobierno andaluz de derechas el mensaje de que “nos ayude a parar esta sinrazón”, y en esa misma línea ha mostrado su satisfacción por el hecho de que el delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta, Daniel Sánchez (político del PP, que este mismo lunes se ha hecho la foto en La Casería, en una visita partidista, no institucional), “nos haya dado la razón y también se sume ahora a la petición de paralización de los derribos para dar tiempo a que se pueda tramitar la declaración de interés público”.
“No es de recibo que Costas quiera seguir adelante con este proceso de demolición, que es irreversible, cuando seguimos a la espera de los informes que pueden salvar la playa de La Casería y dar tranquilidad a los pescadores y a los establecimientos hosteleros”, reitera Cavada. “Lo primero –evidencia- es hacer lo que corresponde: resolver la declaración de interés público”. “Siempre he dejado clara la necesidad de buscar el acuerdo entre las administraciones en este asunto”, ha subrayado.
Por todo ello, la alcaldesa isleña ha insistido en que “la unidad de todos en San Fernando, de Gobierno local, oposición, y afectados (pescadores, vecinos, así como establecimientos hosteleros) es la única que puede hacer que defendamos con contundencia el interés de la ciudad”.
El controvertido proceso administrativo iniciado en el último trimestre de 2020 parece imparable, culminando el pretendido desalojo y demolición de las instalaciones en zona de DPMT, ante un futuro desarrollo del proyecto de recuperación y regeneración del entorno que lleva años en un cajón; eso sí, reclamado a la Demarcación de Costas por los sucesivos gobiernos locales (de PP, PA –hoy AxSí- y PSOE). Parece que es irremediable la desaparición de las pintorescas casetas y otras ocupaciones de este singular rincón de La Isla. Sólo quedaría en pie El Bartolo, señero establecimiento hostelero que ha podido demostrar que cuenta con una concesión de Medio Ambiente.
EL PP LAMENTA QUE “TRASLADAN AHORA LA PELOTA A LA JUNTA”
Daniel Sánchez, delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta, se ha dejado ver este lunes por La Casería pero en su papel de político del PP (con el cargo de vicesecretario de Medio Ambiente del partido a nivel provincial), junto a los concejales populares José Loaiza y María José de Alba, y se ha reunido con representantes de los afectados.
“No vamos (la Junta) a tener ningún inconveniente en iniciar el expediente para la declaración de interés público de la playa, cuando nos llegue el escrito de Costas”, ha confirmado. Para ello, la delegación territorial de Desarrollo Sostenible pedirá el visto bueno de los servicios jurídicos para poder iniciar de oficio y con garantías el citado expediente.
En este punto, Sánchez ha resaltado la “deslealtad” tanto de Costas como del propio Consistorio isleño “porque traslada ahora la pelota a la delegación provincial cuando nosotros lo único que hemos hecho es tramitar la prórroga de la concesión, hasta 2024, a uno de los dos establecimientos de hostelería afectados”. A cambio, añade, la Junta ha recibido un recurso contencioso de Costas al entender que se debería haber revocado la concesión a El Bartolo, y de esta forma unificar la demolición de toda la zona.
“Pido lealtad a la Demarcación de Costas y al Ayuntamiento, porque la situación que sufren estas personas se debe a la puesta en marcha de un procedimiento acordado entre ambos. Aquí la única administración que ha hecho bien su trabajo ha sido la Junta de Andalucía”, presume.
Finalmente, este político de derechas ha pedido a Costas “que paralice cautelarmente el derribo de las casetas hasta que esté resuelto el expediente de declaración de interés público de La Casería”.
IU CUESTIONA LA “PROPAGANDA POPULISTA”
Y desde fuera del Ayuntamiento, Izquierda Unida considera que Costas “actúa tarde”, pero insiste en que la administración local “ha hecho la vista gorda desde siempre con la situación de los caseteros y negocios de aquella zona de La Casería”. Así, recuerda que se trata de un expediente que “tiene más de 20 años” y que retrata a políticos que ahora buscan “quedar bien a través de un populismo difícil de justificar”: concretamente apunta al andalucista Fran Romero y al popular José Loaiza.
“Más de 20 años han tenido para trabajar en una solución seria, más allá del populismo barato y una foto que no pretende más que sacudirse las responsabilidades. Buen dineral se gasta este Ayuntamiento en asesores y asignaciones a los grupos municipales como para que la única solución sea una moción conjunta y una foto de familia impulsada por quienes tuvieron la responsabilidad de haber dado soluciones cuando gobernaban”, denuncia el coordinador local de IU, Gonzalo Alías.
De este modo, Alías exige a Gobierno y oposición que “den a conocer cómo piensan abordar de una vez por todas este problema de manera concreta”, en base a las distintas leyes estatales, autonómicas, y municipales, así como con el actual Plan Rector de Uso y Gestión y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Bahía de Cádiz; “que expliquen sus propuestas, en definitiva. Y que sean factibles. Esa información es más útil a la ciudadanía que una foto de familia y una moción que se despacha en unos minutos de pleno”.
Y parece que con reproche a Podemos indirecto, IU subraya que “no se va a hacer fotos con los culpables de esta situación, mucho menos con la ultraderecha”, al tiempo que pide “que se abandone el infantilismo, que se tenga altura política y se expliquen de forma pública las distintas soluciones que aportan cada grupo municipal”.
El coordinador local de IU, al respecto, plantea su solución: “no debería ser necesario un proyecto de paseos y playas para que se cumpla la legalidad. El tratamiento debería ser paisajístico, con el mínimo de cemento y abundante vegetación, coordinado con la recuperación de todo el frente de los Polvorines, otra actuación que se debería impulsar, sin esperar a que alguien quiera levantar allí más de 1.600 viviendas. E integrando también, por el otro lado, el Cementerio de los Ingleses y el Puente de Ureña y los espacios libres previstos en el borde de la antigua Fábrica San Carlos”.
