“No es de recibo que se den pasos irreversibles respecto a la situación de La Casería antes de que se culmine la tramitación o se tengan noticias de si prosperan o no los recursos presentados por los afectados por la decisión de Costas de derribar las edificaciones existentes en la zona”. Así lo entiende la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, a raíz de noticias que hablan de que ya estaría en marcha tramitación de la contratación de los trabajos de demolición.
Así, el controvertido proceso administrativo iniciado en el último trimestre de 2020 está ya en su recta final, culminando el pretendido desalojo y demolición de las instalaciones en zona de dominio público marítimo terrestre (DPMT), ante un futuro desarrollo del proyecto de recuperación y regeneración del entorno que lleva años en un cajón; eso sí, reclamado a la Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico por los sucesivos gobiernos locales (cuyos partidos Ecologistas en Acción tacha de “populistas e incoherentes”). Parece que es irremediable la desaparición de las pintorescas casetas y otras ocupaciones de este singular rincón de La Isla. Sólo quedaría en pie El Bartolo, señero establecimiento hostelero que ha podido demostrar que cuenta con una concesión de Medio Ambiente.
Frente a ello, hay convocada una manifestación (con todas las medidas de seguridad anti-Covid) para este miércoles 17 a partir de las 11.30 horas, desde la misma playa de La Casería hasta el reabierto Ayuntamiento de San Fernando, en la plaza del Rey, donde se leerá un manifiesto.
Los convocantes, arropados por la organización juvenil La Levantera, animan a los isleños a sumarse a la protesta ante la destrucción de “un enclave único y singular, que hace a la ciudad y al barrio de La Casería en particular un espacio diferenciador, atractivo, tanto para los vecinos, como para los turistas y visitantes que encuentran en ese sitio una singular belleza, una playa diferente de cualquier otra del litoral marítimo nacional, solo equiparable a las exóticas playas del Caribe”. Además, se lamenta que este proceso de desalojo y recuperación de suelo de DPMT “no viene acompañado de un proyecto de viabilidad y mejora del entorno, sino que el expediente se limita a ordenar el derribo de las distintas construcciones que allí se encuentran sin ofrecer a cambio ningún tipo de alternativa”.
Al respecto, La Levantera lanzaba meses atrás la campaña ‘#LaCaseríaNoSeToca’, haciendo un llamamiento a la población en general y a la juventud en particular “para que unan a lucha por la defensa de nuestra ciudad”. “Los cañaíllas tenemos la responsabilidad de parar este proceso que ataca directamente al patrimonio de todos. Como en 1810, tenemos que unirnos para luchar contra el futuro de precariedad o emigración que nos quieren imponer. Por la anteposición del negocio del turismo de masas a nuestra forma de entender La Isla. La Casería no son sólo unas casetas, representa mucho más”, argumentaba la iniciativa (AQUÍ).
“QUE NO SE DEN PASOS IRREVERSIBLES”
Por su lado, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, el Ayuntamiento asegura que aún no ha recibido respuesta al inicio por parte municipal de la tramitación para dar curso el expediente por el que solicita la legalización de los establecimientos e instalaciones ubicadas en este entorno, amenazados por el derribo, mediante la declaración de interés público.
La primera edil socialista ha enfatizado que el pasado mes de diciembre se inició el procedimiento y se envió tanto a la Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico como al servicio de Medio Ambiente de la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía la comunicación con la que formaliza la solicitud de los preceptivos informes favorables de estas administraciones para avanzar en la tramitación, al tiempo que les ha hizo llegar una primera memoria justificativa que “demuestra las razones de la singularidad de este espacio y que sustentan la petición de la declaración de interés público tal como establece la normativa”.
En esta tesitura, Cavada reitera que “no es de recibo que se den pasos irreversibles respecto a la situación de La Casería antes de que se culmine esa tramitación”. “No se pueden seguir dando pasos –hacía el derribo- sin que se resuelvan los trámites iniciados por parte de este Ayuntamiento para la declaración de interés público o las que han puesto en marcha los propios afectados por los expedientes de Costas”.
Por ese motivo, confía en que estas informaciones se refieran sólo a que se están tramitando procedimientos, pero no a que se van a ejecutar acciones sin que se hayan resuelto los recursos presentados o se haya determinado cómo avanza la declaración propuesta por el Consistorio.
A este respecto, la regidora ha recordado que el pasado pleno de noviembre aprobó de forma unánime poner en marcha este procedimiento para la protección pública de este entorno y el mantenimiento de las instalaciones que dotan a este espacio de una especial singularidad, “por lo que la representación unánime de la ciudadanía isleña respaldó estas gestiones que ya en el mes de diciembre comunicamos de forma oficial a las administraciones implicadas, y de las que aún seguimos esperando una respuesta”.
“ES POSIBLE CONJUGAR LA RECUPERACIÓN DEL ENTORNO CON LA CONSERVACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES”
“Desde el Ayuntamiento tenemos claro que existen posibles salidas jurídico-administrativas para esta situación”. Así, ha reiterado su convicción de la necesidad de que permanezcan en La Casería las instalaciones existentes, sobre todo porque aún no se ha aprobado ninguna actuación a realizar en la zona que requiera de un inmediato desalojo -hay que volver a redactar un proyecto de regeneración de la playa y paseo marítimo al quedar en desuso el redactado en su día-, “y lo que procede es buscar todas las alternativas posibles para hacer compatible la inversión y la recuperación natural de este espacio natural con el mantenimiento de los legítimos intereses de los ahora ocupantes y de espacio tan especial y singular”.
Patricia Cavada ha vuelto a ahondar en el hecho de que es posible “conjugar” esa integración paisajística y la recuperación de este espacio con la conservación de estos elementos que “le aportan valor y lo hacen tan peculiar y atractivo”. No en vano, en la zona se levantan antiguas construcciones que “tienen un indescriptible arraigo local”, y que son muy anteriores a la entrada en vigor de la propia Ley de Costas, ya que se constata su existencia desde el Vuelo General de España (el llamado ‘vuelo americano’) de los años 1956/1957.
Además defiende que este asentamiento “tradicional” –pero sin ningún tipo de papel o permiso- “no ha supuesto una grave regresión en la zona, sino que por contra se trata de un enclave histórico que ha logrado sobrevivir a las mastodónticas transformaciones de la costa española”. Además, esa cuestionada demolición de las instalaciones “no tendrá un beneficio significativo al propio uso del dominio público, ya que se trata de un pequeño tramo dentro de todo el frente litoral de La Casería, que se encuentra en su práctica totalidad expedito y con zonas de playa transitables, sin que estas instalaciones impidan el paso por la propia playa, al tiempo que queda libre de toda ocupación la zona de servidumbre de tránsito”.
Desde el Ayuntamiento de San Fernando se es consciente de que una regeneración de la zona de la costa en este tramo “es importante”, pero “también lo es hacerlo conservando la estampa y atractivo indudable del espacio” cuyo interés público viene avalado por tratarse de un conjunto de peculiares cuartos de aperos destinados a la pesca artesanal y dos zonas de restauración, “de gran arraigo en la zona y que dotan a este municipio de un atractivo singular y carácter simbólico ante lo peculiar y pintoresco de su configuración y que, lejos de entorpecer el disfrute público de esta zona costera, le aportan una singularidad reconocida a todos los niveles, y recogida en numerosos reportajes fotográficos, películas y documentales”; como refleja la memoria entregada para iniciar la declaración de interés público.
