Actualmente, el 50% de los trabajadores en las obras de rehabilitación del Ayuntamiento de San Fernando –alrededor de una quincena- están empadronados en la ciudad, lo que para el satisfecho concejal de Desarrollo Económico, “viene a demostrar que el proyecto más importante que se lleva a cabo en La Isla en estos años está generando empleo para los isleños”; a su vez entiende que estos números callan la boca al PP y sus “mensajes catastrofistas”.
Hoy día el 50% de los trabajadores en las obras de rehabilitación del Ayuntamiento de San Fernando están empadronados en la ciudad, lo que para el satisfecho concejal de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, “viene a demostrar que el proyecto más importante que se lleva a cabo en La Isla en estos años está generando empleo para los isleños”.
Actualmente Vías y Construcciones –adjudicataria de la obra- mantiene seis empresas subcontratadas para llevar a cabo los trabajos de reforma del edificio consistorial, y en ellas están ejerciendo su trabajo un total de 16 operarios de diferente nivel (técnicos, topógrafos, oficiales, operarios, etc.) que residen en San Fernando. Dado que la plantilla que se encuentra en activo en la obra está formada por entre 25 y 30 trabajadores en función de la planificación de cada jornada, Rodríguez calcula que el porcentaje de empleados isleños “se sitúa entre el 64% y el 53%”.
Estos números, a decir de este edil del PSOE en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, “desmontan la mentira que el PP lleva lanzando desde que este Gobierno puso en marcha las obras; ha venido utilizando un mensaje catastrofista y faltando a la verdad para engañar a la ciudadanía a cualquier precio. La rehabilitación del Ayuntamiento está generando empleo”. Aunque es verdad que la misma alcaldesa, Patricia Cavada, reconocía en la primera visita a los trabajos tres meses después de ponerse en marcha, en junio del pasado año, que de la veintena de trabajadores contratados de forma externa por Vías y Construcciones en ese momento, sólo dos eran naturales de San Fernando.
“Hay que recordarle al exalcalde, José Loaiza, que mientras estuvo gobernando fue incapaz de incluir las cláusulas sociales en el contrato de obras del Ayuntamiento como así le reclamamos con insistencia cuando sacó el pliego de condiciones. Por ello, no hemos podido disponer de los instrumentos legales para reclamar a la empresa que suscriba las contrataciones correspondientes y necesarias con isleños que se encontraran en desempleo, algo que este Gobierno sí está reflejando en las contrataciones firmadas desde el inicio del mandato”, insiste el también concejal de Presidencia.
A pesar de ello y en este sentido, el bipartito PSOE-PA asegura que mantiene una “insistente” labor en contacto permanente con la empresa adjudicataria “a la que le trasladamos la necesidad de que los contratos se formalicen en todo lo posible con desempleados de nuestra ciudad. No podemos mirar para otro lado cuando el principal problema es la necesidad de generar empleo, por lo que desde el equipo de Gobierno adoptamos todas las medidas necesarias para luchar por la creación de puestos de trabajo en San Fernando”, repite Conrado Rodríguez.
Asimismo aclara que los trabajos llevados a cabo hasta el momento en el interior del Consistorio “suponía sobre todo una labor de maquinaria más que de personal, con los derribos estipulados en el proyecto”. “Desde el inicio de las obras ya se nos indicó que, una vez comenzaba la fase de reconstrucción, sería necesario más personal, por lo que hemos estado pendientes de ello con el objetivo de no desaprovechar esta oportunidad. Seguiremos insistiendo para que, cada vez que sea necesario, se contraten a más personas de nuestra ciudad en la mayor obra que se está ejecutando y ello repercuta en la creación de empleo en La Isla”, subraya este socialista.
Mientras, los trabajos continúan: ya se sabe que tendrán sobrecoste y se prolongarán más de lo previsto inicialmente, al menos hasta junio de 2018. En principio, la obra se adjudicó 7,9 millones de euros y 20 meses de plazo, sin embargo las tareas de demolición descubrieron imprevistos estructurales “que son usuales en una obra de tal envergadura, máxime cuando el proyecto de rehabilitación data del año 2010”; y ello ha incrementado el coste en 500.000 euros, suponiendo igualmente que la ejecución se demore medio año.
El proyecto, que asumen las arcas municipales en solitario, pese a que la Junta de Andalucía prometió en su momento aportar el 50% del total, supone la rehabilitación integral del edificio, tanto interior como exterior, adecuándolo para un uso institucional, en el que se ubicarán la Alcaldía, el área de Presidencia, los grupos políticos municipales, el archivo histórico y la Biblioteca Lobo, el departamento de informática o prensa, entre otro.
Las intervenciones más significativas serán las del nuevo salón de plenos que se alojará en el denominado patio de la Alcaldía, un nuevo espacio de atención al público en el espacio del Patio de la Cárcel, la rehabilitación de la escalera monumental, la ubicación del archivo histórico en la planta baja, un nuevo semisótano para las nuevas instalaciones que precisa el edificio y zona de almacenamiento, así como la rehabilitación de las fachadas.
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