La “mala gestión” realizada por el Ayuntamiento de Rota en procesos de expropiación iniciados hace más de diez años, ha derivado en nuevas sentencias en firme que se han recibido del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y que obligan ahora a pagar a los dueños de dos fincas expropiadas en 2008 (una situada en la calle Veracruz, junto a la capilla, y otra en la avenida de la Diputación, donde se encontraba El Cortijo) las cantidades de 417.000 euros en el primer caso, y de cerca de 1,5 millones en el segundo.
Ante esta situación, el alcalde, Javier Ruiz Arana, su concejal de Hacienda, Daniel Manrique, la interventora y un técnico de la oficina presupuestaria, se trasladaron días atrás a Madrid para exponer al Ministerio de Hacienda la situación a la que las arcas municipales están llegando por tener que hacer frente a constantes deudas y pagos derivados, como en este caso, de “la nefasta gestión de anteriores gobiernos” (de PP y RRUU) en procesos de expropiación.
Los representantes municipales no solo pusieron sobre la mesa estas sentencias y requerimientos de pago, sino también la gestión que ha realizado durante el mandato precedente el Gobierno local de PSOE e IU, “reduciendo la deuda de 57 millones de euros que tenía el Ayuntamiento en 2015 en 25 millones”. Este “esfuerzo” en la disminución de la deuda “ha sido determinante” para que el Ministerio abriera al Consistorio roteño la puerta para solicitar un préstamo al llamado Fondo de Ordenación, que a su vez implica la revisión del plan de ajuste municipal, aprobada por la mayoría absoluta socialista en un reciente pleno urgente, y rechazada por toda la oposición.
La administración local, para acceder a estos préstamos, debe presentar a Hacienda el nuevo plan de ajuste para el periodo 2020-2030, en el que se recoge el cómo se piensa devolver el nuevo crédito y se remarca la “continuidad al esfuerzo económico para seguir reduciendo la deuda, afrontar los gastos corrientes y garantizar el funcionamiento del Ayuntamiento y los servicios que se presta a los ciudadanos”.
EL REVISADO PLAN DE AJUSTE
Según explicaba Manrique en una rueda de prensa previa al pleno, a la hora de elaborar el nuevo plan de ajuste “se han tenido en cuenta que no supusiera mayor presión fiscal a los ciudadanos en su conjunto, que permita seguir reduciendo la deuda, y garantizara los servicios públicos que se ofrece a la población”.
Para ello, según recoge DIARIO Bahía de Cádiz de fuentes municipales, plantea medidas de recaudación aumentando los ingresos, mejorando los mecanismos de recaudación y poniendo en marcha venta de patrimonio y concesiones administrativas; y otras medidas encaminadas a controlar el gasto.
Para aumentar ingresos se modificarán determinados tributos en las ordenanzas municipales. En estas modificaciones se incluye suprimir la bonificación en el impuesto de circulación para vehículos de más de 25 años, que no estaba en la línea de fomento de vehículos eléctricos o híbridos; incluir un recargo del 50% de IBI a las viviendas que estén desocupadas (excepto fincas de recreo, viviendas en rehabilitación o turística) penalizando así a quienes tengan propiedades que no estén en el mercado del alquiler; y suprimir la bonificación que hasta ahora se aplicaba a los 30 metros cuadrados de terraza para bares.
Para mejorar los mecanismos de recaudación, además de mantener el plan de pago personalizado, con una bonificación del 2%, a partir de 2020 se pondrá en funcionamiento una pasarela de pago por sede electrónica. A todo esto se suma la simplificación en el impuesto de plusvalía, que permitirá a los ciudadanos hacer una autoliquidación; y una mayor eficacia en la gestión de la tasa de basura, reforzando los mecanismos de inspección.
En cuanto a la venta de patrimonio, se tratará de una venta escalonada de propiedades municipales que se puedan vender y que permitan generar ingresos y dejar de suponer gastos. A esto se sumarán nuevas concesiones administrativas, que harán posible sacar a licitación locales que pasen a ser explotados generando ingresos.
Por otro lado, las medidas de control del gasto se centrarán en reducir un 5% el gasto en contratación temporal, que se traduce en un mayor gasto para el Ayuntamiento, y potenciar así la contratación estable; y disminuir el gasto corriente con contratos marco que suponen una herramienta eficaz de ahorro.
