El pasado pleno del Ayuntamiento de Puerto Real aprobó varios asuntos económicos. El punto más relevante fue la adhesión al nuevo Fondo de Ordenación del Ministerio de Hacienda que permite tres años más de carencia para la devolución de diferentes préstamos ICO solicitados en los últimos años, lo que “supone un balón de oxígeno”. Pero aún más destacado, por el debate, fue el visto bueno al aumento de sueldo para cuatro ediles del bipartito. Pese a ello, Sí se puede Puerto Real insiste en que el actual Ejecutivo “es el que menos cobra de la historia”.
El pasado pleno del Ayuntamiento de Puerto Real aprobó varios asuntos económicos. El punto más relevante fue la adhesión al nuevo Fondo de Ordenación del Ministerio de Hacienda que permite tres años más de carencia para la devolución de diferentes préstamos ICO solicitados en los últimos años. Pero aún más destacado, por el debate que generó, fue el visto bueno al régimen de retribuciones de la Corporación.
En esta ocasión, gracias al apoyo o abstención del PSOE, se aumenta el sueldo a cuatro concejales del equipo de Gobierno: Mayte Sánchez, Encarna Marín, Tomás Sánchez y Antonio Villalpando, al pasar a dedicación exclusiva.
Pese a ello, según los cálculos de Sí se puede Puerto Real, el actual Gobierno local es el que tiene salarios “más bajos en la historia de la democracia” del Ayuntamiento. “Nosotros estamos aquí para trabajar por la ciudadanía, en ningún caso para enriquecernos, de ahí que nuestras nóminas sean muy inferiores a las que soportaban las arcas municipales en otras legislaturas u otras instituciones en la actualidad”, se sostiene.
“En muchos casos”, estos concejales han recibido menos de lo que percibían en sus anteriores trabajos. Un factor que “no ha influido a la hora de dedicarse exclusivamente a la localidad y sus ciudadanas”. Cantidades mermadas hasta en 800 euros en el caso del alcalde, Antonio Romero, o Mayte Sánchez, que ha recibido durante dos años 900 euros, la mitad de su salario como profesora, se defiende en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
En cualquier caso, y tal como adquirió como compromiso la agrupación de electores promovida por Podemos en campaña electoral, ningún miembro percibe más de lo que establece su código ético, que recoge tres salarios mínimos interprofesionales, es decir, 2.123 euros. De hecho, se añade, en casos como Fátima Pontones, Mayte Sánchez, Encarnación Marín y Juan Antonio Pontones “ni se aproximan a esa cantidad”.
Unas cifras “muy alejadas” de las que cobran otros miembros de la Corporación actual, se compara; aunque el dinero de ellos no sale de las arcas locales, si no de la Diputación. Así, la portavoz municipal del PSOE, Elena Amaya, alcanza los 45.698 euros anuales como diputada provincial (14 pagas de 3.264 euros) por un 75% de la jornada. Mientras que Maribel Peinado, la portavoz del extinto PA, el partido más crítico con esta subida de salarios de cuatro ediles del bipartito, llega a percibir casi 65.000 euros anuales (14 pagas de 4.640 euros), como vicepresidenta de la Diputación, donde sostiene la mayoría absoluta del Gobierno socialista.
“Son cifras muy alejadas de las que ingresan los ciudadanos de Puerto Real”, insisten desde Sí se puede Puerto Real, que teme que esos ingreses alejen “a los políticos de la realidad”. Y recuerda que los sueldos de la administración provincial salen también de “los bolsillos de las ciudadanas y ciudadanos”.
“BALÓN DE OXÍGENO” PARA LAS ARCAS MUNICIPALES
Por otro lado, esta sesión plenaria aprobó la adhesión del Consistorio al nuevo Fondo de Ordenación del Ministerio de Hacienda, que “supone un balón de oxígeno” para el Ayuntamiento. PA e IU votaron en contra.
Al respecto, desde Sí se Puede Puerto Real se subraya lo “curioso” de que “los partidos culpables de la mala situación económica del Consistorio, voten en contra de la ratificación de este fondo”. “No sólo dejaron las arcas tiritando, sino que ahora, además, en un ejercicio de completa irresponsabilidad, mantienen su postura y votan en contra de este Fondo de Ordenación”, se apostilla.
Del mismo modo, se “alaba” el “ejercicio de responsabilidad” del PSOE, que votó a favor de la medida –a la que se han sumado otros ayuntamientos vecinos como los de Cádiz, Jerez o Chiclana-.
En los prolegómenos de este pleno, la concejala de Hacienda, Fátima Pontones, y el mismo alcalde, incidían en la importancia de que saliera adelante este punto, ya que “podríamos salir de este riesgo económico en el que nos encontramos continuamente”, y reclamaban a la oposición no ya apoyo, pero al menos que no boicotearan “esta estrategia de supervivencia”.
“No se trata de ninguna medida extraordinaria, sino una ratificación de la adhesión del pasado año, para poder sobrevivir, manteniendo las nóminas y el pago a la pequeña y mediana empresa proveedora”, aclaraba Pontones. Concretamente entran en esta medida –que supone una carencia de tres años en la devolución de diferentes créditos solicitados en los últimos años- los préstamos ICO, un préstamo de prudencia financiera con La Caixa y el abono de PIE negativas de ejercicios anteriores, por más de 5,8 millones de euros.
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