Las secciones sindicales con representación en la Diputación de Cádiz han revelado que vienen reclamando a la presidenta, Irene García, el cese “inmediato” de “la forma de actuar” del diputado de Función Publica, Fran González. Desde el inicio del mandato, se asegura, “viene manejando a fuerza de decretos, decidiendo qué empleado asciende de categoría profesional o cuál es trasladado de centro”. Todo “al margen de la ley y fomentando el clientelismo político”.
Las secciones sindicales con representación en la Diputación de Cádiz, CCOO, UGT, CSIF y ASEPI han revelado que vienen reclamando a la presidenta de la institución provincial, Irene García, el cese “inmediato” de “la forma de actuar” del diputado responsable del área de Función Publica, Fran González, “sin que hasta la fecha haya hecho nada por evitarlo lo que entendemos que la hace cómplice”. Desde el inicio del mandato, hace un año, se asegura que quien es también portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital “viene manejando a fuerza de decretos, decidiendo qué empleado asciende de categoría profesional, con el dinero público, o cuál es trasladado de centro”.
“Todo al margen de la ley y fomentando un clientelismo político, una situación como esta nunca se había vivido en esta Diputación, en tiempo de democracia; en tan solo un año se han realizado en torno a 200 decretos entre ascensos y traslados de forma no ajustada a ley y a pesar de las advertencias que les venimos haciendo los sindicatos de su posible ilegalidad y que puede ser constitutivo de delito”, se señala en el comunicado recogido por DIARIO Bahía de Cádiz.
CCOO, UGT, CSIF y ASEPI apuntan que el pasado día 9 de junio solicitaron por escrito a la presidenta copia de todos los decretos que afectan a traslados y de ascenso a los empleados, que han efectuado de esta forma “y no se nos hace entrega”. Todas estas actuaciones “se están realizando en los tiempos actuales, en los que se nos exige a todos y a todas transparencias de actos, lo cual corroboramos. Esta administración con su equipo de Gobierno, presume de ello e incluso organiza cursos de formación al respecto”, se añade.
En esta denuncia se añade que el actual Ejecutivo de Irene García ha aprobado en el pleno ordinario de este mes de junio, en solitario PSOE y PA –con el rechazo de toda la oposición-, unas bases generales, para provisión de puestos y traslados, “sin estar consensuadas con los sindicatos como establece la ley, para que puedan consolidar todas las personas empleadas públicas, que previamente han sido agraciadas por el ‘dedo’ del diputado de turno, pues se pretende que con dichas bases se les valore el tiempo de permanencia que han estado por ese procedimiento, sin respetar los preceptos constitucionales de igualdad, capacidad, méritos”.
Estas secciones sindicales van a dar conocimiento a sus federaciones regionales, de estos hechos, “para que se pasen a las asesorías jurídicas correspondientes y tomen acciones legales” sin descartar ningunas, administrativas y/o penales.
El hecho de que se hayan dirigido directamente a Irene García es debido, se aclara, “a que la situación de los sindicatos con Función Pública, es insostenible, ya que se les viene coartando el derecho a la libertad sindical, negándosenos las solicitudes de reuniones, información y representación. Se niegan a recibirnos pese a haberlo solicitado, reiteradamente, de todas las formas posible, incluso mediante solicitudes escrita a través del Registro General y todo esto por no estar de acuerdo con las actuaciones prepotentes del diputado Fran González”. CCOO, UGT, CSIF y ASEPI sentencia que “todo esto, no está sucediendo en Venezuela, sino en la Diputación de Cádiz”.
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