El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes un decreto ley de carácter extraordinario que incluye, entre otras medidas, la puesta en marcha de lo que se ha llamado la Iniciativa para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo (AIRE), un actuación “destinada a reactivar el empleo y a beneficiar a la población desempleada con el objetivo de paliar los efectos ocasionados por la crisis sanitaria”. Y que en esencia es una reedición de los denominados planes de empleo que se vienen convocando desde hace ya unos años (cuando todavía gobernaba el PSOE) que permiten a los ayuntamientos contratar temporalmente a parados, pero asociándolos ahora de alguna manera al coronavirus.
La Junta ahora de derechas vende AIRE como una iniciativa que tiene por objeto “promover la creación de empleo, fomentando la inserción laboral por parte de los ayuntamientos a través de proyectos que permitan mejorar su empleabilidad con la adquisición de experiencia laboral vinculada a una ocupación”. Así, los proyectos que desarrollen las administraciones locales tendrán una duración máxima de doce meses “y estarán dirigidos a paliar los efectos de la crisis del coronavirus en su municipio, facilitando el proceso de desescalada gradual de las medidas restrictivas de la movilidad y de la actividad económica”.
La medida, que implica una inversión de 165 millones de euros a nivel andaluz (34,2 millones se reservan para su distribución en Cádiz), se nutre de fondos europeos (cuenta con financiación de Fondo Social Europeo y del Programa Operativo de Empleo Joven). Permitirá la contratación en estos proyectos municipales de alrededor de 19.000 parados, durante un período mínimo de seis meses y máximo de ocho, a jornada completa.
Además, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, los ayuntamientos recibirán la subvención desde la Junta en un pago único anticipado del 100% de la cuantía aprobada y se les exceptúa del requisito de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social y del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, “de cara a garantizar la participación de todos los ayuntamientos y beneficiar al mayor número de personas desempleadas posibles”.
SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
La selección de los beneficiarios de los contratos que oferte cada consistorio se realizará mediante oferta en el SAE, organismo que proporcionará a los ayuntamientos dos personas candidatas por cada puesto de acuerdo a unos criterios de prelación.
En primer lugar, tendrán prioridad los desempleados residentes en el municipio que estén especialmente afectadas por la crisis sanitaria. Para determinar en el decreto esta preferencia, se ha establecido que se dé prioridad a aquellos desocupados que, sin haber sido contratados desde el 1 de marzo, sí tuvieron un contrato con carácter temporal en el periodo establecido desde el 1 de marzo al 30 de junio de 2018, o desde el 1 de marzo al 30 de junio de 2019, en las actividades de servicios de alojamiento (CNAE 55); servicios de comidas y bebidas (CNAE 56); actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (CNAE 79); y actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (CNAE 93).
También se han establecido como prioritarias aquellas contrataciones de personas que no sean beneficiarias de ninguna prestación ni subsidio, seguida de beneficiarios del ingreso por Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, perceptores de subsidios por desempleo, Renta Activa de Inserción, de Renta Agraria y, finalmente, personas beneficiarias de prestación contributiva por desempleo. A continuación, desempleados residentes en el municipio de referencia, aplicando los mismos criterios de prelación anteriores.
Serán destinatarios de los contratos por parte de los ayuntamientos las personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas que reúnan alguno de los siguientes requisitos: tener una edad comprendida entre los 18 y 29 años, ambos inclusive, y estar inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil; tener entre 30 y 44 años, ambos inclusive; o tener 45 o más años y ser desempleadas de larga duración.
La partida global prevista en la provincia de Cádiz para la puesta en marcha de estas actuaciones se reparte de la siguiente manera: 8,5 millones de euros para la contratación de parados jóvenes; 20,8 millones para contratos a personas de 30 y 44 años; y 4,8 millones para mayores y parados de larga duración.
Las personas contratadas, se afirma, recibirán la tutorización de las entidades beneficiarias y contarán con acciones de orientación a través del asesoramiento especializado por parte de profesionales del Servicio Andaluz de Empleo.
