El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible acaba de dar luz verde, de forma provisional, al documento técnico y el estudio de impacto ambiental del proyecto del tercer carril en más de treinta kilómetros de la autopista AP-4 que une las provincias de Sevilla y Cádiz, pero sólo en suelo sevillano, entre Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan (con una inversión estimada de 246,8 millones de euros). El objetivo es incrementar en su día la capacidad de esta vía, que ha experimentado un incremento del tráfico desde la ansiada liberalización del peaje en 2020.
Pero lejos de mostrar satisfacción por este paso, la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) ha salido a la palestra exigiendo que esta ampliación con “plazos desmesurados” no se detenga en la provincia vecina, “sino que se extienda de forma urgente, con proyectos, presupuestos y fechas irrefutables, hasta Jerez y el resto de la provincia”.
Además, ese documento ahora aprobado deberá someterse aún a las largas fases de información pública, aprobación definitiva, licitación, adjudicación y ejecución. “Debemos llamar a las cosas por su nombre. No estamos ante el inicio inmediato de las obras y, sobre todo, seguimos sin disponer de una programación equivalente para el tramo que afecta directamente a Cádiz”, evidencian desde la CEC.
Así, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el presidente de la patronal gaditana, José Andrés Santos, tacha de “indignante” la “exasperante burocracia” que rodea a esta actuación: “es inaceptable la lentitud del ministerio con la AP-4. La aprobación del tramo sevillano es solo un primer trámite administrativo que sigue dejando a Cádiz en el olvido y sin programación”.
En este sentido, recalca que las retenciones registradas en esta autopista durante los últimos fines de semana, y en especial la “situación límite” vivida el pasado domingo, vuelven a demostrar “de manera palmaria” que la principal conexión viaria entre Cádiz y Sevilla “se encuentra al límite de su capacidad”. La Dirección General de Tráfico llegó a informar el 19 de julio de hasta 26 kilómetros de retenciones, entre los puntos kilométricos 30 y 56, en dirección a Sevilla.
“No estamos ante una incidencia excepcional vinculada a una determinada operación de tráfico o evento concreto, sino ante la manifestación más visible de un gravísimo problema estructural crónico que castiga a los ciudadanos durante los fines de semana, los periodos vacacionales y cada vez que se produce un accidente, una avería, un incendio o cualquier otra alteración de la circulación”, repiten desde la CEC.
“ES UNA TRAMPA QUE ASFIXIA NUESTRA ECONOMÍA”
Santos considera que la provincia de Cádiz “no puede asumir como normal que regresar de sus zonas turísticas, desplazarse por motivos laborales o transportar mercancías pueda convertirse en una espera de varias horas dentro de una carretera completamente saturada. Cada fin de semana, esta carretera colapsada es una trampa que asfixia nuestra economía”. A lo que se añade que una vez que se accede a determinados tramos de la AP-4, “las posibilidades de abandonar la vía o utilizar alternativas eficaces son muy limitadas”.
Esa saturación, insiste este representante de las empresas gaditanas, “supone un lastre injustificable para la actividad económica de la provincia”. “Somos una provincia eminentemente logística con el mayor puerto de España y otro puerto más, ambos que se supone son de interés nacional para el Estado. También estamos entre los líderes nacionales en turismo, siendo la segunda en pernoctaciones de Andalucía”, expone.
Es más, el presidente de la patronal afirma que las empresas “estamos demostrando cómo, a pesar de todas las barreras, la provincia empieza a salir de unas tasas de paro endémicas; pero ¿qué ayuda nos ofrece el Estado? Más bien parece todo lo contrario, se nos ponen piedras en el camino, frenando nuestra competitividad y poniendo en riesgo la seguridad civil de miles de conductores”.
“Cada hora que una empresa pierde en una retención genera costes laborales, consumo de combustible, retrasos en entregas, incumplimientos de horarios y pérdida de productividad”, se queja José Andrés Santos, que también se acuerda del aumento de las emisiones contaminantes provocado por miles de vehículos detenidos o circulando de manera intermitente.
SE RECLAMA UN PLAN DE CHOQUE URGENTE
El Gobierno de España presentó en 2023 un programa de actuaciones en el que se comprometía a ampliar progresivamente el tercer carril hasta Cádiz, priorizando su llegada a Jerez. Aquella planificación contemplaba una primera intervención entre Sevilla y Las Cabezas y una fase posterior ya en la provincia gaditana. Tres años después, la CEC denuncia la falta de avances reales y considera imprescindible conocer de una vez el calendario y la financiación.
“No tendría ningún sentido que una autopista denominada Sevilla-Cádiz fuera ampliada únicamente dentro de la provincia de Sevilla. La infraestructura debe concebirse de principio a fin, porque los desplazamientos no terminan en Las Cabezas, sino que continúan hacia Jerez, la Bahía de Cádiz, la Costa Noroeste y el Campo de Gibraltar”, apostilla Santos.
Pero la reivindicación de los empresarios no se limita al tercer carril de la AP-4: exigen que se retome y complete de una vez el desdoblamiento de los aproximadamente sesenta kilómetros de la N-IV que permanecen con una sola calzada entre Los Palacios y el aeropuerto de Jerez.
Asimismo, se reclama al Ministerio de Transportes y a la DGT que implemente urgentemente un plan específico para los periodos de colapso de la autopista, contemplando entre otras medidas: la apertura rápida de pasos de mediana, disponibilidad inmediata de grúas y equipos de intervención; la utilización de arcenes dinámicos o carriles adicionales en aquellos tramos donde resulte técnicamente; la revisión de la gestión del tráfico pesado en determinadas franjas horarias; y el establecimiento de protocolos efectivos de desvío antes de las retenciones.
“NO ES UN CONFLICTO ENTRE CÁDIZ Y SEVILLA”
Finalmente, el presidente de la CEC ha realizado un “enérgico llamamiento a la unidad” de la provincia para situar, “con la máxima firmeza”, esta carretera entre las prioridades de la agenda pública.
Al respecto, insta a sumar en esta reivindicación a los ayuntamientos, la Diputación, la Junta de Andalucía, las Cámaras de Comercio, las organizaciones empresariales y sindicales, y los representantes de Cádiz en el Congreso y el Senado. Y defiende mantener la coordinación con organizaciones empresariales sevillanas “para que no se deje incomunicados los extremos del corredor”.
Sentencia José Andrés Santos que “no es un conflicto entre Cádiz y Sevilla. Es una reivindicación compartida por dos provincias que forman uno de los principales ejes económicos de Andalucía. Sevilla necesita una conexión fluida con Cádiz y Cádiz necesita una salida segura y competitiva hacia Sevilla y el resto de España”.
“Pido al Gobierno de España un compromiso verificable, con proyectos, presupuesto y fechas”, urge este representante de la patronal, advirtiendo que la provincia gaditana “no puede seguir acumulando años de anuncios. El tiempo de los diagnósticos ha terminado”.
